Por Ricardo Oviedo Arévalo
*Sociólogo, investigador, docente

La expedición de la Ley 2494 de 2025 —más conocida como Ley mordaza— de julio del año pasado, en vez de aclarar el tema de la medición de opinión la oscureció aún más; al modificar los requisitos y la ficha técnica, encareció sus costos convirtiéndolas en un artículo de lujo que solo las grandes empresas y poderosos grupos podían contratar.

Algunas de estas empresas terminaron siendo una prolongación de partidos y directorios políticos, perdiendo toda la confiabilidad e influyendo negativamente sobre los electores.

Otro de los factores que influyeron en el actual proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral, un verdadero esperpento: sus magistrados son nombrados por los mismos partidos, la calidad jurídica y técnica de sus miembros es de dudosa calidad y sus actos administrativos mantienen un tufillo de un doble rasero para juzgar los casos que llegan a su despacho.

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El caso más sonado fue el de impedir al candidato Iván Cepeda participar en la consulta interpartidista. Sin presencia en los territorios, su arquitectura institucional está hecha para funcionar desde Bogotá; sirios y troyanos piden su reforma e incluso su desaparición, propuesta que le toca al próximo Congreso llevar a cabo.

Tenemos que los medios de comunicación jugaron un papel protagónico en este debate presidencial. Presentan un alto grado de concentración en poderosos grupos económicos: el 57 % del mercado mediático (prensa, televisión y radio) está en manos del hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien domina influyentes medios como El Tiempo, ADN y Citytv, generando, en no pocas ocasiones, potenciales conflictos de interés.

Actualmente su confianza de veracidad cayó del 40 % en 2021 al 35 % en 2023, produciendo una grave crisis financiera, lo que los ha obligado a recomponerse administrativamente. En el caso de la Revista Semana, abiertamente se convirtió en un medio de la extrema derecha, agenciado por el grupo Gilinski. Esta crisis obligó a que sus lectores se dirigieran a internet, dándole protagonismo a un nuevo género de periodismo: los llamados opinadores y youtubers, los cuales, en muchas ocasiones, abusan de la falta de una legislación sobre el manejo electrónico del periodismo. Por otro lado, un análisis del Ceper (Uniandes) reveló que el 40 % de los sitios web de medios tienen riesgo medio, principalmente por falta de transparencia en políticas editoriales y fuentes de financiación.

Según el portal universitario de CEIPA, los medios «en lugar de promover debates plurales, muchas veces los medios refuerzan estereotipos y marcos narrativos que alimentan la confrontación. Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señala que los medios, al privilegiar la inmediatez sobre la profundidad, terminan amplificando mensajes polarizantes, lo que reduce los matices y complejiza el diálogo democrático», convirtiéndose en un espacio viral para fake news, hostigamiento personal y de odio.

Todo lo anterior hace que el evento democrático en Colombia sea un juego de dados marcados, donde las zonas opacas y grises de la legislación electoral se convierten en un factor decisivo para la formación política de los electores, como hemos visto en este proceso electoral, donde los programas de gobierno fueron reemplazados por «matrices de odio» —muy de moda en el marketing político—, creando campañas de desinformación sistemáticas y organizadas, diseñadas para manipular la opinión pública, polarizar el debate y fomentar el rechazo hacia una persona, grupo o ideas programáticas.

Estas matrices se generan para producir miedo, ansiedad e inseguridad, como es el caso del Plan Júpiter, dirigido a los trabajadores de las grandes empresas y que apunta a desacreditar a los candidatos de izquierda, ocultando las verdaderas propuestas anti reforma de los sectores de derecha: el recorte laboral del aparato estatal, la reducción de impuestos a los sectores más pudientes de la sociedad, el congelamiento de salarios, el desconocimiento de las minorías étnicas y, en general, ante la tozudez de los grupos irregulares en entrar al diálogo para su pacificación, se convierte en una disculpa de primer orden para militarizar la sociedad colombiana, modelo que ya fracasó en la «seguridad democrática» de los ex presidentes Uribe y Duque.

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Ya vimos sus nefastos efectos en la primera vuelta presidencial, donde el candidato Iván Cepeda fue presentado por los canales mediáticos como parte de una conspiración comunista internacional al lado de los fallecidos Fidel Castro y Hugo Chávez, y del presidiario Nicolás Maduro, cuando la realidad era otra: el avance de la reforma agraria, la implementación del salario mínimo vital, la gratuidad en la educación a todo nivel, el alza salarial de las Fuerzas Armadas, la activación de las vías férreas y la baja tasa de desempleo e inflación fueron los verdaderos motivos del odio de su antítesis política, una derecha que nos quiere impedir ingresar al siglo XXI con la frente en alto, aplicando sus matrices de odio y exclusión.

ZONA DE DISTENSIÓN:

Del desconocido, incapaz e indelicado Iván Duque al oscuro abogado Abelardo de la Espriella hay mucha distancia. Este último ha hecho dinero en medio de las zonas grises y opacas de las leyes colombianas, ya que para muchos colombianos la viveza de todo tipo suplanta el trabajo honrado de los buenos ciudadanos.