Por Carlos Alberto Estefan Upegui

*Exgobernador del Tolima

«Los fondos privados de pensiones no pueden estar por encima de la ley» expresó con toda razón el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, al referirse a la reciente decisión del Consejo de Estado, de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026 que ordena el traslado inmediato de más de 20 billones de pesos correspondientes a los ahorros de personas que se pasaron del régimen privado de pensiones al público.

 Lo anterior, tras una demanda de Asofondos, con el argumento de que “el decreto del Gobierno viola la Ley 2381 de 2024”.

Son años de ahorro que ante este hecho, podrían quedar amarrados en estos fondos, sin retirar hasta que se consolide el derecho a la pensión. 

Faltaría ver qué dice la letra menuda. Esa que se utiliza ventajosamente tanto en algunas pólizas de seguro y tal vez en estos casos también.

• Puede leer: Denigrar del otro como estrategia

Lo cierto es que esa determinación del Consejo de Estado, ha dejado perplejos a los ciudadanos de bien, que aún 

confiamos en la justicia de este país.

Sin embargo, no hay que tragar entero.

 El Gobierno ya interpuso los recursos contra esa suspensión, ante lo cual el máximo organismo de justicia deberá decidir si levanta la medida provisional o si anula el decreto 415 de forma definitiva.

Y también, definir si la Ley 2381 obliga al traslado inmediato o si permite retenerlos hasta la pensión efectiva.

Se espera que la situación se resuelva favorablemente para el gobierno.

Entre tanto, los Fondos al parecer se resisten a devolver esos dineros sencillamente porque si los invirtieron en negocios en el exterior cuando el dólar estaba más caro; por ejemplo a 4.300 pesos, como sucedió en el anterior gobierno y ahora está a 3.500 pesos, tendrían que reponer la diferencia, puesto que el riesgo cambiario sobre la decisión de invertir o no, es del Fondo no del ahorrador; por lo cual es posible interpretar como una actitud abusiva negarse a devolverlos.

 Siendo precisamente el papel del Consejo de Estado, actuar como garante de la seguridad jurídica protegiendo a los ciudadanos frente a posibles actuaciones arbitrarias. Mucho más cuando estos Fondos Privados supuestamente pretenden también eludir el compromiso frente a otros 25.000 trabajadores que ya gozan de pensión y que se les está pagando con recursos de Colpensiones, es decir, con dinero público.