Por William Andrés Cortés Correa

Ingeniero Ambiental – Bosquenible S.A.S. BIC

En Ataco, una retroexcavadora dentro de un río no es una imagen cualquiera. Tampoco lo es una máquina buscando oro. Es una intervención directa sobre un sistema que depende netamente del equilibrio entre el agua, los sedimentos, la vegetación de sus orillas y las especies que viven allí.

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A mi juicio, en Ataco ya no estamos frente a un problema exclusivamente minero. Estamos frente a un problema de territorio.

El 1 de marzo de 2026, Cortolima hizo público un estudio técnico que estimó en 232 hectáreas la cobertura vegetal removida por extracción ilícita de oro en sectores asociados a los ríos Saldaña y Ata, y a la quebrada Pole. Son 232 hectáreas en un solo municipio. No es un dato menor ni una cifra para pasar rápidamente dentro de un boletín institucional.

Durante mucho tiempo hemos hablado del oro por lo que vale. Pero no hablamos lo que cuesta sacarlo.

Una hectárea intervenida no significa solamente menos árboles. En las márgenes de los ríos, la vegetación ayuda a contener procesos erosivos, retiene sedimentos, protege el suelo y sostiene hábitats. Si además entra maquinaria pesada al cauce, el problema cambia de escala: se remueve el lecho, se altera la forma del río, aumenta la turbidez y se modifican zonas de alimentación, reproducción y refugio de organismos acuáticos. Y esto no es una consideración abstracta.

Cortolima ha reportado cerca de 60 especies de peces, 112 de macroinvertebrados y 58 de perifiton en estos sistemas hídricos. Al menos 12 de las especies de peces identificadas son endémicas. Cuando una excavadora remueve grava, arena y material del fondo, no está moviendo únicamente “tierra”. Está interviniendo un hábitat.

Como ingeniero ambiental y tolimense, me preocupa que terminemos acostumbrándonos a estas imágenes. Una máquina amarilla trabajando dentro de un río no debería convertirse en parte del paisaje de este Municipio.

También hay que ser precisos. La discusión sobre minería ilegal suele llevar de inmediato al mercurio. En este caso, los análisis realizados en 2026 en los principales sistemas de abastecimiento del municipio no evidenciaron presencia significativa de este metal en el agua destinada al consumo humano. En los puntos verificados también se reportaron métodos físicos de clasificación y lavado, sin procesos de amalgamación.

Decirlo no le resta gravedad a lo que está ocurriendo.

No necesitamos exagerar el daño de la minería ilegal para demostrar que existe. Los datos son suficientemente incómodos por sí solos.

La pérdida de cobertura vegetal, la modificación de cauces, la remoción del lecho, el aumento de sedimentos y el riesgo asociado al manejo de combustibles, aceites y lubricantes ya justifican una respuesta seria.

Pero la dimensión ambiental es apenas una parte de la historia.

El 21 de abril, la Gobernación del Tolima informó que seis unidades de producción intervenidas en Ataco tenían una capacidad estimada de extracción de 24.000 gramos de oro al mes. El valor potencial de esa producción dentro del mercado ilegal fue calculado en aproximadamente 10.080 millones de pesos mensuales. Con semejantes cifras, cuesta hablar de improvisación.

Para mover excavadoras, motores, combustible y semejante volumen potencial de oro se necesita dinero, logística y compradores. Por eso creo que la discusión no puede terminar en la persona que opera una máquina dentro del río.

Hay preguntas más incómodas.

¿Quién financia esa maquinaria? ¿Quién suministra el combustible? ¿Quién compra el oro? ¿Cómo se transporta? ¿En qué punto termina mezclándose con cadenas comerciales en las que después resulta difícil establecer su verdadero origen?

Ahí también está el problema.

Y sería un error meter a todo el sector minero en el mismo saco. Minería ilegal no es sinónimo de minero. Ataco tiene una tradición minera y existen familias que han encontrado durante años su sustento en esta actividad. El Estado debe saber distinguir entre minería de subsistencia, procesos que puedan avanzar hacia la formalización y estructuras que intervienen los cauces con maquinaria pesada al margen de cualquier control.

Los operativos son necesarios. Destruir o inmovilizar maquinaria detiene un daño que está ocurriendo en ese momento y afecta económicamente a quienes sostienen estas explotaciones.

Lo que no comparto es que nos conformemos con eso.

¿De qué sirve sacar una excavadora del río si meses después otra puede ocupar exactamente el mismo lugar? ¿Quién responde por el tramo que ya fue removido? ¿Cuántas de esas 232 hectáreas van a recuperarse y en cuánto tiempo?

Las cifras más recientes aumentan la preocupación. El 27 de julio, Cortolima informó que al ampliar el monitoreo a otras zonas del sur del Tolima encontró 259 hectáreas adicionales afectadas, llevando el balance regional a 491 hectáreas. La autoridad ambiental también reportó 88 procesos sancionatorios en el sur y suroriente del departamento, de los cuales 39 están concentrados en Ataco.

Esto dejó de ser una sucesión de casos aislados.

Ataco necesita control territorial permanente, seguimiento a la cadena de comercialización del oro y formalización donde sea técnica y jurídicamente viable. Pero también necesita algo de lo que hablamos mucho menos: restauración y recuperación ambiental. Detener una explotación no restaura automáticamente un río.

Hay que recuperar rondas hídricas, restaurar y revegetar áreas degradadas, estabilizar sectores intervenidos y hacer seguimiento a la calidad del agua y a la respuesta de estos ecosistemas. En algunos lugares la regeneración natural podrá hacer parte del trabajo; en otros será necesaria una intervención activa durante muchos años.

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Desde mi profesión me cuesta aceptar que sigamos contando máquinas destruidas con más facilidad que hectáreas recuperadas. Ese debería ser también un indicador de éxito.

Porque el oro puede salir del municipio de Ataco en cuestión de días, pero la recuperación de un cauce, de un suelo degradado o de un bosque no sigue ese mismo calendario. El oro se mueve. El territorio se queda con la cuenta.