Por: Luis Orlando Ávila Hernández (Ingeniero agrónomo)

Antes que nada, quien esto escribe ha sido votante y a su vez crítico en columnas de opinión del señor Jaramillo Martínez y sus diletantes actos de gobierno, entre estos su desafortunada Agrópolis.

Dicho esto, oportuno es debatir sobre una planeada estrategia de la derecha y la ultraderecha al mando en la Gobernación del Tolima y en la dirección empresarial de uno de los negocios más rentables en la ciudad de Ibagué: los radionoticieros y programas mañaneros de algunas emisoras propiedad de los conglomerados corporativos RCN y, a su sombra, la antaño comunitaria, respetada y veterana Ondas de Ibagué.

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Sin lo anterior, no fuese posible la incitación a un burdo amago de desobediencia civil contra el municipio de Ibagué que no contra el señor Jaramillo Martínez, organizada para esta semana, por tres empresarios que fungen como periodistas y un poderoso y millonario abogado cuya fortuna la ha acaudalado – como muchos de sus pares – en honorarios justamente ganados tras demandas en la defensa de clientes suyos contra el Estado, que dicho sea de paso, todos terminamos pagando, pues el Estado en su presupuesto, somos todos los que pagamos impuestos, es decir todos terminamos enriqueciendo a quienes el Estado no ha podido derrotar jurídicamente. 

El argumento de la calculada asonada mediática y jurídica de los tres empresarios y del poderoso abogado: una exagerada tasación del impuesto predial del municipio de Ibagué basado en la información de actualización catastral del IGAC.

Bien. Como lo puede saber cualquier estudiante de secundaria, la responsabilidad de la información catastral (registro histórico de área, geolocalización, construcción sobre esta y tradición de la propiedad, entre otros) es única y exclusiva responsabilidad del IGAC, institución del estado la cual hasta 2002 fue una entidad regida por la experticia y la técnica, pero a partir de ese año y por disposición del gobierno nacional de entonces, el del señor Uribe Vélez, fue cooptada y arropada desde entonces por el manzanillismo de poderosos terratenientes quienes trataron como éste que la entidad, sus regionales y sus funcionarios obedecieran o dependieran del albedrio y la férula de los jefes políticos de cada departamento, embrujados por el autoritarismo que iba a reinarnos por ocho años.

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Producto de esta cooptación, muchos legales e ilegales terratenientes y usurpadores de tierras escondieron la dimensión de sus inusitadas propiedades, es decir escondieron la información catastral, sobre todo en lo rural, para evitar pagar impuestos a su municipio, es decir al Estado, es decir a todos.

Por una situación algo parecida (que deberá investigar la Fiscalía General de la Nación), bajo los tres alcaldes de la derecha que antecedieron al señor Jaramillo Martínez, la regional del IGAC como presunto convidado de piedra, no ha logrado en estas dos décadas, con sus varios convenios administrativos y miles de contratistas, darle a la ciudad de Ibagué un real catastro urbano y rural, porque los herederos regionales del manzanillismo uribista que acabó con el carácter técnico de la respetada institución, no lo han permitido.

Al punto que en las históricas y tradicionales zonas suburbanas o semirurales del municipio (Totumo, Picaleña, Aparco, Buenos Aires, Santa Teresa, Cay, Villa Restrepo, Ancón Tesorito o Martinica, por decir algo) existen desde las épocas del expresidente Uribe Velez que acabó con el Goodwill técnico del IGAC, decenas de áreas privadas con construcciones residenciales o industriales que superan el millón de dólares y que el municipio, no el señor Jaramillo Martínez, no puede cobrar justamente para repartir el dinero entre todos los ciudadanos de Ibagué, incluidos los tres empresarios, el poderoso abogado y sus respetables familias.

Incluso, en los barrios tradicionalmente más empobrecidos (los cuales nunca han contado con la denodada gesta de los tres empresarios ni del millonario abogado) se pueden encontrar áreas con construcciones que pueden superar con creces el valor de la sumatoria de decenas de las de sus vecinos más miserables.

De allí nace la verdadera discusión: los impuestos (sean estos cobro a las áreas y sus construcciones o sean estos cargos fijos de servicios públicos), no deben partir de las amañadas y excluyentes estratificaciones, sino del ejercicio de la focalización de la riqueza o por lo menos de quien más tiene y ostenta sin importar el lugar de residencia ni menos el ilegal POT, sea que se viva en el Vergel, Las Victorias, la vereda Cay, el Matallana o el Jardín Santander.

Obviamente a esto no se le miden muchos y muchas de quienes viven de la política (sea la de los empresarios incitadores o la del el alcalde diletante), puesto que tocaría las fibras intimas del cartel de líderes comunales, que a su vez sostiene al manzanillismo terrateniente que no quiere compartir algo de su fortuna con los más pobres de sus conciudadanos.

Los impuestos prediales (urbanos y rurales) y su catastro que los dicta, en una sociedad informada, justa y equitativa, deberían ser un permanente punto común de concertación y conciliación entre políticos, propietarios, empresarios y ciudadanos de a pie, puesto que su cabal cumplimiento tiene que ver con eso que los creyentes en Dios llaman la misericordia y la vida proba: la causa de los pobres, causa de Dios (Evangelii gaudium, 2013, Francisco I).

Y causa de los pobres, no fue precisamente haber guardado el bucólico ímpetu revolucionario de hoy, cuando se robaban y destruían los campos deportivos y las piscinas del Estado de Ibagué, o sea de todos, donde iban a jugar y entrenar las decenas de miles de ibaguereños que no pueden educar a un hijo como empresario radial o no pueden contratar a un abogado incitador, para sus injusticias diarias.

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