Por: Edgardo Ramírez Polanía

Las expectativas generadas con el triunfo del presidente Gustavo Petro, desbordaron el sentimiento de un cambio social,  debido a los ofrecimientos del candidato en buscar fórmulas que aclimataran viejos problemas sociales como  la desigualdad, desempleo, hambre, corrupción, narcotráfico y violencia que han azotado a varios sectores de la población colombiana que venían larvados desde décadas, sin soluciones de fondo para preservar el desarrollo, la convivencia  y la paz.
Más de 22 millones de colombianos salieron a votar en la pasada elección presidencial, lo que correspondió a una participación del 58%.

El presidente Gustavo  Petro del Pacto Histórico, obtuvo 11.280.200 votos 50,4% y Rodolfo Hernández Liga de Gobernantes Anticorrupción 10.579, 106 votos 47,3%.

Debido al estrecho margen de victoria, el gobierno debió acercarse a los demás partidos para buscar aprobación de sus proyectos de reforma a la justicia, paz total, justicia social, preservación del ambiente, energías limpias, igualdad para las mujeres, salud, educación, tributación para la atención de los sectores deprimidos y la atención del campo para la producción entre otros propósitos.

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El primer proyecto presentado de alta importancia lo constituye la reforma tributaria, que ha generado discordia entre la ciudadanía y los partidos políticos que se unieron al gobierno para acordar los cambios que sirvan  de alivio a las penurias de los menos favorecidos de la fortuna y a los proyectos de desarrollo social. El gobierno actual encontró un gran desequilibrio fiscal y déficit de tesorería para los proyectos de envergadura del gobierno que pone en dificultad la realización pronta de las exigencias sociales. Debido a las divergencias por el contenido  de la citada reforma, que afecta  a sectores más débiles como el tema que consagra el gravamen de las pensiones de jubilación por doble tributación a partir de $ 10 millones de pesos, debido a que es una violación de la Constitución y la ley, que al aprobarse llevaría a demandas de pérdida de investidura de los congresistas y abriría un antecedente ilegal hacia el futuro para ese derecho inalienable y de protección constitucional, la unión de los partidos de gobierno se venido resquebrajado, con serios perjuicios a los proyectos que cursan en el Congreso.

El remedio a esta difícil situación está en dar un viraje pronto y radical a las políticas de exenciones y privilegios. Los grandes capitales y las multinacionales en la reforma tributaria, han quedado intocables lo que ha generado protestas como aconteció en el anterior gobierno. La ciudadanía considera que se debe racionalizar el IVA y aumentar las tasas sobre los rendimientos de capital, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capitales y bienes empresariales y rurales y luchar contra la evasión, el lavado de activos la elusión fiscal, dineros y bienes en el exterior que están indemnes, así como conglomerados de la producción, la tenencia de la tierra y su explotación que han pasado de agache y beneficiados con jugosas exenciones tributarias con el consabido ardid que tales empresas gozan de ese privilegio porque producen puestos de trabajo.

No obstante esa falacia, el país ha tenido cierto reconocimiento de gestión macroeconómica y fiscal equilibrada, pero actualmente debido a supuestos cambios de la producción y el gravamen fiscal ha permitido una inflación y subida del dólar a 4.850 pesos que no permite prever una flexibilidad objetiva, debido también a los efectos del COVID y las causas regresivas de la política monetaria mundial.

La depreciación del peso colombiano, la falta de exportaciones diferente a los hidrocarburos, la falta de control a los altos ingresos de los sectores arroceros dueños de vastas extensiones de valiosos terrenos que pagan exiguas sumas a los municipios, ganaderos con grandes hatos que no tienen control alguno del valor predial y de la alta explotación económica, del sector energético y financiero que tienen billonarias utilidades anuales, multinacionales y evasores que pagan sumas subvaloradas de impuestos de tierra y de producción sin regulación, han permitido bajos ingresos estatales, que aunado a las presiones de los precios internacionales han hecho crecer la inflación hacia 10 dígitos y la pobreza extrema en 2.5 millones de colombianos sin contar la migración venezolana que puede llegar una suma similar acrecentando la pobreza, que ronda un 40%, para Colombia, convirtiéndola en uno de los países más desiguales del mundo.

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El motivo del crecimiento de la deuda externa consiste en que el país carece de recursos por exportaciones o impuestos de quienes deben pagar y se les exonera, debiendo el gobierno que acudir a los créditos externos.

Para lograr superar la crisis, el gobierno debería solicitar al Banco Mundial apoyo para sus ingresos, aplazamiento de pagos de intereses de la deuda externa destinados al suministro de alimentos para los más vulnerables, empleo para los hogares más pobres, ayuda a las empresas informales y las microempresas, restricciones de las nóminas paralelas, y los gastos del Estado.

Con combatir la corrupción, el narcotráfico y lograr la paz total, sería suficiente para este gobierno. De esta manera, queda más fácil atender las inmensas necesidades de las negritudes, los cinturones de miseria de las ciudades y sus servicios básicos. Sin recursos y posibilidades hacia una vida mejor, es un imposible hacer un cambio a fondo de las políticas trazadas por el actual gobierno. Deben tributar los grandes capitales de una manera racional y para ese cometido no se requiere ser profesor de ninguna universidad norteamericana sino decisión política.

Los dirigentes políticos y empresariales con suficiente autoridad y representación, deben reunirse a un gran acuerdo nacional, para sacar el país de la crisis en que se encuentra antes que suenen las voces agresivas de la emergencia económica o de la protesta.

Con plantones, marchas y protestas no se consiguen las pretensiones prometidas a ese conglomerado social que se toma las calles por la insatisfacción. Se requiere que el gobierno recapacite sobre los artículos que violan la Constitución y no permiten que avance la reforma tributaria.

Se requiere sensatez y que se depongan los odios, como una necesidad inaplazable. Colombia votó por un cambio ante la inmensa desigualdad social, pero ese cambio debe ser con todos no con unos pocos y menos con quienes tienen únicamente su subsistencia para ser objeto de cargas impositivas. Así será posible iniciar la paz total que todos anhelamos y que el gobierno pueda cumplir las promesas de campaña para el bienestar general de todos los colombianos.