Por: José Darío Prieto Sierra
Ingeniero Ambiental

Una vez conocido el texto final de la Ley 2294 de 2023 que oficializa el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y haber tenido la oportunidad de asistir presencialmente a dos congresos académicos (ACODAL y ANDESCO) donde se actualizan anualmente los datos del sector y se debate la evolución de los servicios públicos en Colombia, nos permite evidenciar la pertinencia de implementación de acciones, planes y proyectos que cierren las brechas para atender adecuadamente a la población y mejorar los parámetros de cobertura y calidad de servicios básicos tales como, agua, alcantarillado, aseo, energía, gas e internet.

Una de las conclusiones de tales encuentros empresariales y de usuarios, fue el reconocer que a expensa del actual esquema económico de “libre competencia”, ha permitido avanzar en el mejoramiento del sector a pesar de las dificultades socio-políticas que ha sufrido la Nación en los últimos 20 años (conflicto armado, violencia, procesos de paz, pandemia, inundaciones, sequias entre otros).

Los registros de Fedesarrollo por ejemplo, destaca entre otros datos que el servicio de energía eléctrica presenta en la actualidad mayor cobertura, mientras que el uso de internet y gas combustible por redes tienen la menor cobertura, pues a 2022 la interconexión eléctrica se reportó una cobertura nacional de 97.1%, quedando por emprender grandes retos en interconectar áreas rurales y de difícil acceso en la Orinoquia y Amazonía, por ejemplo.

En agua potable el país registraba a 2021 una cobertura de 90.3 %, en saneamiento básico 88.6%; alcantarillado 88.2% e internet un 73.0%. En gas combustible desde su implementación en 2008 a la actualidad, presenta una cobertura de 82.5%. Cabe resaltar que en un servicio tan importante como es el de agua “mejorada” a 2019, Colombia presentaba un 73.9% que según el World Economic Fórum 2019 y Banco Mundial tiene un rango por debajo de países como Chile, Argentina, Méjico y Brasil.   

• Puede leer: Primero Ibagué

Los indicadores-meta que recomienda la OCDE en saneamiento y calidad de agua para países de América Latina, es de 84.3 puntos y Colombia registra un puntaje de 55.8, lo que demuestra que los retos en estos dos servicios se deben focalizar a adelantar acciones claves, en especial en saneamiento básico en grandes ciudades con sus problemas de conurbación y los asentamientos denominados “barrios informales” o centros poblados de difícil acceso.  Todo lo anterior, en el contexto que el sector de los servicios públicos aporta a la economía-PIB un 6.2% de la producción nacional.

De esta manera, el desafío del Gobierno Nacional representado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT, en conjunto con las demás entidades encargadas de ubicar los recursos financieros y la planeación territorial es monumental, y que por lineamientos del Plan de Desarrollo, tal como lo enuncia la ministra Catalina Velasco que dicho sea de paso, resaltar que es una de las  ministras del “Gobierno del Cambio”, más seria, práctica, eficiente y conocedora del sector que no se debe desaprovechar para impulsar la prioridad estatal para cerrar las brechas sociales que se acendran en los territorios de la “otra Colombia”.

Las prioridades reflejadas en la Ley PND que se publicó en el diario oficial el 4 de mayo, establece una serie de metas que, en caso de cumplirse, serian la respuesta a necesidades que los territorios, alcaldes y líderes comunitarios han reclamado históricamente. Sólo para enunciar algunas metas difundidas por la jefe de cartera precitada en acceso a agua potable, se planea fortalecer 1.491 organizaciones comunitarias que gestionan para sus usuarios el agua. Aunado a lo anterior, se proyecta lograr que más de 4 millones 14 mil pobladores cuenten por primera vez con el preciado líquido.

• Lea también: Periodistas y su papel trascendental en la sociedad

Pero lo que más se destaca, siendo coherentes con la propuesta del “Gobierno del Cambio”, es la iniciativa de impulsar la gestión comunitaria del agua (Art 274), a través de un gran programa de caracterización y diagnóstico de acueductos comunitarios y veredales a fin de conocer en forma real el estado de la prestación del servicio a cargo de estos esfuerzos ciudadanos; pues se pretende en primeras de cambio, desarrollar una serie módulos de formación para quienes dirigen y lideran los sistemas de captación, conducción, distribución y administración del agua con el objetivo de fortalecer las capacidades administrativas y operativas de dichos sistemas. Una vez se identifiquen, se implementará un apoyo transitorio a través de un subsidio financiero comunitario para consolidar y ampliar la cobertura de sus sistemas de acueducto, además de tener la posibilidad de establecer “Alianzas Público-Populares” con el mismo Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Gobernaciones y Alcaldías según se reglamente.    

En saneamiento y tratamiento de aguas residuales se pretende que 3 millones, 520 mil personas cuenten con acceso a soluciones para el manejo de aguas residuales e incrementar en un 60% el adecuado manejo de aguas residuales tratadas que provienen de áreas urbanas.

Como se observa, el desafío institucional ubica en primera plana el liderazgo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y sus entidades vinculadas para que puedan coordinar las actividades de planeación, reglamentación, contratación y ejecución de los recursos que “bien utilizados” pueden materializar el cambio que todos esperamos.