Por Carlos F. Forero Hernández

La corrupción (pública y privada) trae consigo graves consecuencias para el desarrollo de un Estado social de derecho, dado que se traduce generalmente en la malversación y pérdida de los recursos públicos, impidiendo así, entre otros propósitos, la ejecución de planes de inversión social. Esto equivale igualmente a una situación de violación a los derechos humanos.

En Colombia, corrupción y violación a derechos humanos se han constituido en dos de los principales estigmas que signan la historia de la humanidad y respecto de los cuales ha venido prestando especial atención la comunidad internacional, la institucionalidad y la sociedad civil para entender y enfrentar, al mismo tiempo, su compleja dinámica.

La violación a derechos humanos, y de diferentes formas, es ahora evidente y creciente. Ha aumentado de manera exponencial. De hecho, la tarea de velar por los derechos humanos se ve gravemente obstaculizada principalmente por el fenómeno de la corrupción, fuertemente enraizado en nuestro sistema político. Así que el Estado social de derecho debe trabajar arduamente por la lucha contra la corrupción y así lograr respetar los derechos humanos.

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Un Estado social y democrático debe ser capaz de garantizar a sus asociados el respeto por sus derechos.  La responsabilidad del Estado de generar las políticas públicas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, así como aquellas que prevengan, enfrenten y persigan la corrupción, se constituye en un reto para que su aplicación, desarrollo y seguimiento, genere condiciones apropiadas para una vida digna, fortaleciendo el respeto de la dignidad humana.

Desde luego, hemos insistido en que es crucial fortalecer el aparato judicial para la lucha contra la corrupción de tal forma que se ofrezcan rápidos y contundentes resultados a las investigaciones por casos de corrupción y violación a los derechos humanos: endurecer las sanciones a los corruptos, por ejemplo, o aumentar el control político a través de una delineada cooperación interinstitucional y trabajar al mismo tiempo, por supuesto, por la construcción de la verdadera ética institucional.

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Debemos continuar empeñados en la construcción de una ética de lo público, en una administración pública transparente y al servicio de los asociados, una administración de justicia eficiente y eficaz, un sistema político fortalecido con una sociedad participativa y vigilante para que la búsqueda de alternativas de garantía de una mejor calidad de vida apunte no sólo en poner en práctica las políticas en materia del respeto de los derechos humanos sino a generar las condiciones propicias para que estas se cumplan a cabalidad y en este punto, como es apenas obvio, la lucha contra la corrupción es trascendental.