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Opinión

La fiesta en el estadio: el juicio que también alcanza a los segundos al mando

La fiesta en el estadio: el juicio que también alcanza a los segundos al mando

Por José Baruth Tafur G.
*Abogado. Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña


Toda la atención política está puesta sobre Andrés Hurtado. Es apenas natural. Fue el alcalde, el jefe de la administración y el rostro de un gobierno que durante cuatro años concentró el poder y las decisiones. Pero en medio de ese debate hay un nombre que no debería pasar inadvertido: Alejandro Ortiz.

Porque los gobiernos no se administran solos. El próximo 27 de julio y si no postergan la audiencia por obra y gracia del espíritu santo a solicitud de la parte activa, el Juzgado Octavo Penal del Circuito dará a conocer el sentido del fallo dentro del proceso por el presunto delito de peculado por uso, en el que no solo está vinculado el exalcalde Andrés Hurtado, sino también quien fuera declarado por el mismo, como “hurtadista pura sangre” gerente del IMDRI, Alejandro Ortiz.

La Fiscalía fue contundente durante los alegatos de conclusión: solicitó condena para ambos al considerar que concertaron la utilización del estadio Manuel Murillo Toro para una celebración privada.

Según el ente acusador, el escenario deportivo fue acondicionado con un partido de fútbol, árbitros, narración deportiva, decoración, alimentos, bebidas y apoyo logístico de funcionarios públicos para celebrar el cumpleaños del hijo del entonces alcalde. Para la Fiscalía, los dos procesados conocían que un bien público no podía destinarse a fines particulares y, aun así, autorizaron su utilización.

Es así como durante mucho tiempo en Colombia se ha querido instalar la idea de que los gerentes de institutos descentralizados son simples ejecutores de órdenes. Como si administrar una entidad pública consistiera únicamente en firmar documentos y obedecer instrucciones provenientes del despacho del alcalde.

Nada más equivocado y alejado de la realidad; ser gerente del IMDRI no era un cargo protocolario. Significaba administrar escenarios deportivos, proteger bienes públicos y garantizar que estos fueran utilizados exclusivamente para cumplir la finalidad para la cual fueron construidos.

Precisamente por eso, este proceso también interpela el papel de Alejandro Ortiz, quien como gerente y administrador de los escenarios deportivos incluido el estadio, estaría en cabeza de él, porque los cargos públicos no otorgan únicamente poder, también imponen responsabilidades.

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