Por: Juan Sebastián Amézquita

Se cumple una semana de haberse desarrollado la primera jornada de movilización social en el país en este 2024, convocada por el sindicato de maestros FECODE, la central de trabajadores CUT y con un claro y público respaldo del presidente Gustavo Petro y las organizaciones que le han brindado su respaldo. Su convocatoria, se dio en un contexto aún inconcluso donde para la fecha, no se ha surtido la elección de la fiscal general de la nación, a pesar de que las ternadas cuentan con la trayectoria y los requisitos establecidos por la ley para ostentar uno de los cargos mas poderosos de la rama judicial, entre otro conjunto de hechos tanto relacionados, como aislados, que han generado la idea al interior de diversos sectores políticos y sociales; especialmente los cercanos al gobierno, de que estamos atravesando en Colombia por una temporada de ruptura institucional, o que inclusive se está fraguando lo que la fallecida senadora Piedad Cordoba denominó como un golpe blando para que el presidente Petro no logre terminar su periodo constitucional de 4 años.

Sobre este complejo contexto, hay cabida para que se signifiquen varias lecturas. En primer lugar, sobre el golpe blando o la ruptura institucional, es importante señalar la postura que le dejó hace algunos días al diario “EL PAIS” el abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny, cuando en términos generales planteo que la situación actual no podría interpretarse desde el punto de vista legal como una ruptura institucional, teniendo en cuenta de que todavía no se ha presentado un hecho contundente que genere: “un quiebre radical en el funcionamiento de las reglas que haría imposible la continuidad del régimen constitucional como está establecido”. Sin embargo, también reconoció que existen tensiones institucionales importantes entre el presidente y el entonces fiscal Barbosa, así como también se evidencian tensiones entre el presidente y la procuradora Margarita Cabello. Desde la perspectiva del análisis del poder, podríamos establecer que las diferencias entre las ramas del poder público son apenas normales tanto en Colombia como en otros países del mundo, sin embargo, cuando se llega al punto de que los representantes de estas ramas a través de sus pronunciamientos que sin lugar a dudas gozan de un peso importante ante la opinión pública, pretenden incidir en las competencias de los otros, esto puede generar un desequilibrio en el funcionamiento general del estado, lo cual genera repercusiones de tipo político y social. Para este caso debemos reconocer, que tanto el presidente, como la procuradora y el ex fiscal, con justificación o sin ella, con provocación o sin ella, quisieron indicarle al otro, como hacer su trabajo.

• Puede leer: Infraestructura educativa en Ibagué: entre avances y retrasos

En segundo lugar, y a propósito del 8 de febrero, Petro se jugó su conocida pero muy importante carta de mostrar autoridad política a sus detractores por medio del respaldo popular. A pesar de los mitos que hubo en torno a la movilización, estas transcurrieron de manera pacifica en todas las ciudades del país y no existieron relevantes alteraciones al orden publico que pudiesen manchar el propósito general de la manifestación, que más allá de exigir la elección de una fiscal, o de rechazar pronunciamientos como el que la senadora María Fernanda Cabal hizo en la ciudad de Medellín, cuando dijo: “No hay que dejar que Petro se quede 4 años”, o cuestionar que la misma Procuraduría que no adelantó ninguna acción disciplinaria contra de la Ex ministra Abudinen por la desaparición del los 70.000 millones de pesos de centros poblados, haya suspendido al Canciller Alvaro Leyva por hechos significativamente inferiores, entre otras cosas, tenía como objetivo mostrarle al país que diferencia de lo que han querido hacer ver algunos medios de comunicación, que por cierto han tenido una descarada prelación con los sectores de oposición, el Presidente Petro aun cuenta con un importante porcentaje de su electorado que apoya las reformas y el programa de gobierno por el cual fue elegido para gobernar Colombia del 2022 al 2026. 

En tercer lugar y desde la autocrítica, este respaldo popular nos está demostrando que teníamos los elementos necesarios para que las pasadas elecciones regionales de 2023 hubiesen sido mas exitosas para los sectores alternativos, pero que sin lugar a dudas se evidenció una falta de articulación y la ausencia de una estrategia comunicativa que hubiese permitido conectar los alcances y los logros de lo nacional con los procesos locales y regionales. Sin desconocer que existen varios temas por analizar, no se puede ocultar que el primer gobierno popular en la historia de esta república ha logrado niveles de desocupación incluso por debajo de los que teníamos antes de pandemia, llegando según cifras del DANE a una tasa de desempleo que pasó del 13,7% al 9.3%, también ha conseguido una de las re evaluaciones del peso con respecto al dólar más importantes de las últimas décadas, ha reducido proporcionalmente la inflación, ha aumentado un 29,3% el turismo, se ha conseguido un récord en incautación de droga un 16% más, en relación al último año del gobierno anterior; se han entregado mas de 100.000 hectareas de tierra a campesinos de todo el país, entre muchos otros hechos que están demostrando a las colombianas y a los colombianos que se les están cumpliendo las promesas de campaña. 

Además de esto, tenemos una figura presidencial que está siendo continuamente reconocida y respaldada por la comunidad internacional, especialmente en sus posturas sobre el cambio climático, la guerra contra las drogas y la paz mundial, al punto de que Colombia tiene la posibilidad de conseguir su tercer Nobel debido a la reciente nominación por parte de la academia sueca a Gustavo Petro al Nobel de la paz.  

Por último y no menos importante, porque no podríamos dejar de lado nuestra amada ciudad musical, la movilización del pasado 8 de febrero que salió del parque Galarza y terminó sobre el medio día con un confortable aguacero a las afueras del palacio de justicia, nos demostró que en una Ibagué donde ahora la prensa solo habla de la enorme consolidación política de un poderoso Oscar Barreto, de la valiente “hazaña” de un “rebelde” Andrés Hurtado que puso alcaldesa, y de la disputa sin tregua que ahora existe entre estos dos actores, pero que ocultan que estos logros no hubiesen sido posibles sin las grotescas sumas de dinero que estos dos dirigentes les inyectaron a cada una de sus apuestas para salir victoriosos el 29 de octubre de 2023; en esa misma Ibagué los sectores alternativos están más vivos que nunca, conservan la fuerza, la coherencia ideológica y la capacidad de trabajo, y es deber político y moral de los dirigentes de los sectores progresistas, conformar un dream team, que logre dar una sorpresa en Ibagué y el Tolima en las siguientes legislativas del 2026, la concertación, la unidad y la articulación son el único camino para hacer frente a la hegemonía del poder que hoy administra el futuro de nuestra incomprensible pero muy querida tierra.