Por: Martha Alfonso Jurado
Representante a la Cámara

Las obras de infraestructura educativa en Ibagué se han convertido en un tema que navega entre la esperanza y la incertidumbre. Con la firma del Convenio Interadministrativo 1291 de 2016, entre el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Ibagué, se dio inicio a una ambiciosa apuesta institucional que priorizó 26 proyectos que prometían ampliar y mejorar la infraestructura, la oferta y la calidad en modalidad de jornada única en varias instituciones educativas intervenidas.

Completamos siete años recibiendo informes de entidades como la Procuraduría General de la Nación en los que se revelan demoras en la entrega de obras, incumplimientos de contratistas y deficiencias en el acceso a servicios públicos.

Incluso, algunas investigaciones fiscales pusilánimes de la Contraloría General de la Nación y procesos penales que la Fiscalía tiene en absoluta impunidad sin resultado alguno en ninguna de las entidades del Ministerio Público.

El cumplimiento en la entrega de los proyectos es una responsabilidad compartida entre la Secretaría de Educación de Ibagué y el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa – FFIE. Cuando empezamos a hacer control político de este problema, todas las responsabilidades de los atrasos se le atribuían al FFIE que tuvo problemas de ejecución desde el nivel nacional no solo en Ibagué, sino en otras ciudades de Colombia.

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Sin embargo, a través de derechos de petición, mesas técnicas de trabajo y reuniones periódicas de seguimiento, empezamos a identificar que había un plan de mejoras en la ejecución por parte del FFIE y que en cambio, la administración del exalcalde Hurtado poco avanzaba en la conexión de servicios públicos y la priorización de las obras complementarias fundamentales como cerramientos, vías internas, entre otras necesarias para garantizar la apertura de las IE entregadas por el FFIE.

A 2022 el FFIE solo había entregado 7 colegios de los 26 comprometidos. Desde entonces, nos propusimos una estrategia de seguimiento activa que ha permitido la entrega de 7 colegios más a la Alcaldía Municipal a 2023, pero 4 de estos siguen sin conexión a servicios públicos u obras complementarias que bien pudieron realizarse a la par de la ejecución FFIE pero no se hicieron (San José, Normal Superior, Santa Teresa, La Sagrada Familia).  También se requieren recursos para financiar la realización de obras complementarias fundamentales, no fundamentales y conexión a servicios públicos de proyectos en ejecución, así como los costos de indexación de las instituciones que aún no inician obra (José Joaquín Flórez - Sede Principal, San Simón, Mariano Melendro e INEM Manuel Murillo Toro).

La desidia administrativa, los sobrecostos, la falta de planeación y la incompetencia de algunos contratistas y funcionarios públicos han convertido este proyecto en un viacrucis para la comunidad educativa y se requieren más de 25.000 millones aún para terminar las obras faltantes.

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Sin embargo, en 2023 logramos que el Ministerio de Educación destinara 18.000 millones de pesos para iniciar la construcción de la IE José Antonio Ricaurte, uno de los colegios más siniestrados en este proceso. Dicha obra ha sido contratada con FINDETER y no por el FFIE quien sí reanudó obras en Jorge Eliecer Gaitán, José Joaquín Flórez Hernández (Sede Arboleda Campestre), Alberto Santofimio Caicedo, Antonio Reyes Umaña y Joaquín Paris.

Esperamos que la administración de la alcaldesa Johanna Aranda se ponga pilas con obras complementarias y servicios públicos desde ya, para no repetir la historia y avanzar en el derecho a la educación en Ibagué.