Por Ricardo Oviedo Arévalo

Sociólogo, historiador y docente

"El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos."

— A. Gramsci.

En Colombia se hizo popular la afirmación de que el partido mayoritario es el Estado. Si a esto sumamos el asfixiante presidencialismo "monárquico" que el jurista tolimense Alfonso Gómez Méndez define acertadamente en sus columnas, es fácil entender por qué Darío Echandía decía que la democracia nacional es un "orangután con sacoleva".

Es un tumor cancerígeno que ha hecho metástasis en su sistema político, donde las señales de supervivencia de su democracia están contaminadas por un mundo paralelo de violencia, narcotráfico y despotismo. En este contexto, se extinguió a la Unión Patriótica y algunos de sus partidos políticos se confunden con poderosos clanes regionales que se reparten los recursos y la contratación estatal. Casos como el reciente escándalo de la parapolítica, el lavado de activos, el tráfico de armas, los asesinatos y las desapariciones extrajudiciales llevaron a más de treinta de sus congresistas a la cárcel; algunos de ellos aún siguen enredados en los juzgados del país.

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De esta manera, nos acostumbramos a ir cotidianamente a las urnas y a los cementerios, como un verdadero ritual "democrático". Sin embargo, la victoria de la izquierda en las elecciones de 2022 demostró que ese discurso esquizoide —donde sus dirigentes de día eran prominentes empresarios, políticos o doctores y por la noche terroríficos asesinos— estaba llegando a su fin. Tardíamente, la nación sentía cómo dos grandes y añejas corrientes de opinión, derecha e izquierda, alineaban a sus ciudadanos o, hablando en el lenguaje woke, tan de moda, se formaban dos bloques: uno pro derechos y el otro, anti derechos, en un país que ocupa el tercer lugar en el mundo por sus niveles de desigualdad social.

Pero el accionar cada vez más eficiente de la justicia internacional, de las ONG y de la sociedad civil nacional e internacional hizo que la lucha por el poder se redirigiera de las armas al espacio de lo simbólico, de lo jurídico, al mundo etéreo de las leyes y los tribunales. Así, apareció el lawfare (guerra jurídica) como la nueva arma para destituir "legalmente" a presidentes incómodos, como fueron, entre otros, Lula Da Silva en Brasil, Pedro Castillo en Perú y Cristina de Kirchner en Argentina, además de los intentos fallidos para defenestrar al presidente Petro.

No obstante, a veces esta guerra jurídica se revierte como un poderoso bumerán contra sus mentores, como es el caso del expresidente Uribe, que de víctima pasó a victimario. En 2014, después de un acalorado debate en el Senado de la República citado por su contradictor histórico, el senador Iván Cepeda —cuyo tema central eran los vínculos del expresidente con bandas de narcotraficantes y grupos paramilitares de ultraderecha—, Uribe abandonó furioso el recinto del Congreso y se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para entablar una demanda contra el senador del Polo Democrático por supuesta manipulación de testigos. Pero el 8 de octubre de 2019, la Corte absolvió al senador Cepeda y sindicó de estos delitos (soborno y fraude procesal) al expresidente Uribe, veredicto que termina en primera instancia este lunes 28 de julio.

Durante este juicio, como un fotograma en technicolor de película barata, hemos visto por televisión declarar como testigos, entre otros, a especuladores, secuestradores, delincuentes de poca monta, políticos mediocres, amigos, compañeros de universidad y paramilitares; es decir, a los actores que "opacos" dominan el bajo mundo desde sus alcantarillas. Por lo tanto, durante largas semanas vimos en directo los vasos comunicantes entre los sumideros fétidos de la democracia y el mundo "decente" del poder y la política. Todo ello, gracias a la acertada dirección de la jueza tolimense Sandra Liliana Heredia, que ha demostrado probidad, imparcialidad y capacidad jurídica.

Por lo tanto, este lunes 28 de julio no se juzga a un expresidente, sino a un exsenador que ha cometido supuestos delitos graves en el ejercicio de su cargo. Esto nos recuerda que este juicio es muy parecido al caso del famoso mafioso norteamericano Al Capone, que fue juzgado y detenido por evasión de impuestos y no por sus acciones criminales ocurridas en su imperio mafioso de Chicago.

Así, este 28 de julio, sea cual sea la decisión de la señora Jueza, se produce un punto de inflexión en la vida política, jurídica e institucional del país, empezándose a romper ese perverso mantra histórico de que en Colombia la justicia es solo para los de ruana.