Las amenazas y los montajes vedados contra medios que, con valor, y en cumplimiento de su misión, denuncian la corrupción gubernamental como en el caso de la administración municipal de Ibagué, constituyen un atentado contra la libertad de prensa y de expresión consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Unión de Naciones Unidas (ONU) de 1948.

También la Constitución Nacional de Colombia en su artículo 20 contempla este sagrado derecho, desarrollado en varias leyes y sentencias de la Corte Constitucional, que defienden el principio que los ciudadanos tienen de informarse  veraz y oportunamente sobre todos los acontecimientos de interés social o particular, según el caso, como una garantía por la que han luchado a través de la historia los diversos pueblos y países del mundo, lo que implica el rechazo a todo tipo de interferencias del Estado a la labor que cumplen los periodistas y medios de comunicación en su trabajo normal y rutinario.

Es por lo tanto, que la labor de los medios de comunicación goza de protección especial por parte de los gobiernos democráticos, y su misión no debe ser obstaculizada por ningún funcionario o ente gubernamental, como sucede con las graves denuncias que hace el director del portal El Olfato, Luis Eduardo González, que rayan con el código penal, porque no solo atentan contra la libertad de prensa y expresión sino también contra la vida de los periodistas que investigan los hechos presuntamente delictuosos cometidos en la Alcaldía de Ibagué, en cabeza de Johana Aranda y de su esposo Juan Arturo Gutiérrez; ambos destacados alumnos de su promotor y tutor, el nefasto exalcalde Andrés Fabián Hurtado.

Este grotesco episodio que denuncia el director de El Olfato, debe ser investigado con todo el rigor por las autoridades competentes, especialmente por la Fiscalía, para que se establezcan responsabilidades penales en este hecho, que nunca antes se había registrado en la historia del periodismo ibaguereño. Lo que de paso, pone en alto riego la libertad de prensa en la ciudad.

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El acoso, los montajes y el chantaje a la prensa libre e independiente, no solo está en el vulgar espionaje y ofrecimientos halagadores a los periodistas que trabajan con González, por parte de la principal autoridad administrativa del municipio, para que cuenten y revelen la forma como trabaja el medio, con el fin posterior de tenderles celadas, sino a través de la pauta publicitaria.

En el caso de este portal, El Cronista.co, en la administración de Hurtado, fuimos contactados en tres o cuatro ocasiones por emisarios que enviaba el exfuncionario, para ofrecernos pauta publicitaria a cambio de nuestro silencio, pero en todas esas ocasiones les hicimos saber que estamos dispuestos a recibir la pauta, pero nunca a modificar nuestra línea editorial en la que nos hemos mantenido desde nuestra fundación.

No estamos dispuestos arrodillarnos o inclinarnos ante ningún gobierno o persona natural o jurídica, que quiera pisotear nuestros principios de prensa libre, independiente, responsable y veraz.

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Para infortunio de quienes profesamos unos principios profesionales y éticos indeclinables en el periodismo, el costo a pagar es sobrevivir con la pauta que nos brinden quienes no nos ponen condiciones, así seamos víctimas del otro chantaje, el publicitario. Con este proceder también se condiciona la existencia de los medios independientes. 

Entretanto, existen otros medios y portales, de poco o nulo calado en la opinión y ciudadanía, que registran sumas millonarias en contratos publicitarios tanto en la administración de Hurtado y en el de la señora Aranda a cambio del silencio y la complicidad de los actos sospechosos y corruptos que nunca denuncian.

Utilizan la publicidad no con la norma del costo beneficio, sino para pagar medios y periodistas soplapitos y alzafuelles, cómplices, y tan delincuentes, como los mismos que les compran el silencio.

Nuestra solidaridad y respaldo con Luis Eduardo González y su medio, independientemente de discrepancias o celos de competencias. En este caso se está atentando contra la libre expresión y la libertad de prensa, además de comprometer la vida de quienes investigan presumibles actos de corrupción.