Gobernar una nación no consiste en ponerse un uniforme, portar un arma, recorrer las calles rodeado de cámaras y convertir cada operación de la Fuerza Pública en una escena cinematográfica. El Presidente de la República no fue elegido para sustituir al policía, al soldado, al fiscal ni al juez. Fue elegido para algo bastante más difícil, que es conducir el Estado, señalar un rumbo, administrar sus recursos, reconstruir lo destruido y ofrecerles a los ciudadanos una esperanza que no dependa del espectáculo.

• Puede leer: De la Espriella anuncia defensa a exmilitares implicados en magnicidio del presidente de Haití

Ese parece ser uno de los equívocos iniciales del gobierno de Abelardo De La Espriella. La experiencia profesional de un abogado litigante, por exitosa que haya podido ser, no equivale a la experiencia de administrar una nación. El Estado es una arquitectura inmensa y delicada donde convergen la economía, la educación, la justicia, las relaciones internacionales, la infraestructura, la política social y la seguridad.

Gobernar exige comprender que la autoridad no aumenta porque quien la ejerce aparezca con chaleco antibalas y pistola al cinto. Hace pocas semanas vimos al Presidente patrullando Santa Marta armado, en medio de una puesta en escena difundida con música y recursos audiovisuales propios de una campaña publicitaria donde los criminales deben reírse.

La delincuencia, desde luego, debe ser perseguida sin contemplaciones, pero para eso existe una Fuerza Pública profesional. La función presidencial comienza precisamente donde termina el patrullaje, en construir las condiciones económicas, sociales e institucionales para que la violencia no vuelva a reproducirse.

El país acaba de soportar una tragedia de dimensiones enormes. Los datos oficiales registraron centenares de miles de personas afectadas, centenares de muertos y miles de heridos por el terremoto de agosto. Miles de viviendas, escuelas, centros de salud, carreteras, puentes y acueductos quedaron destruidos o averiados.

Ante semejante realidad, la pregunta nacional no puede reducirse a cuántos delincuentes aparecen esposados ante una cámara. Hay que preguntarse cómo se reconstruirá la economía de las regiones, de dónde saldrán los recursos, qué ocurrirá con la educación, cómo se recuperará el empleo y cuál será el verdadero programa de desarrollo económico y social de un país golpeado simultáneamente por la corrupción, la violencia y la tragedia. 

• Les también: ¿Quién decide sobre el billón del Fondo Milagro?

Pero ahora surge un episodio todavía más desconcertante. El presidente De La Espriella ordenó a sus ministros de Defensa y de Justicia brindar asistencia jurídica a 17 exmilitares colombianos procesados en Estados Unidos por su participación en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado en su residencia el 7 de julio de 2021. También anunció apoyo económico para sus familias y utilizó para referirse a ellos una palabra jurídicamente imprudente y políticamente gravísima: “héroes”, cuando en realidad y utilizando un lenguaje sin eufemismos, son unos mercenarios que se venden al mejor postor.

Hay que hacer aquí una distinción elemental. Colombia tiene el deber de proteger consularmente a sus nacionales en el exterior, procurar que reciban un trato humano y exigir que se respeten sus garantías procesales. Si estos ciudadanos fueron torturados o sometidos durante años a condiciones indignas en las cárceles haitianas, esos hechos deben investigarse y denunciarse. La dignidad humana no desaparece porque una persona esté acusada de un crimen. Pero una cosa es garantizar el derecho de defensa y otra muy diferente absolver desde la Casa de Nariño a una personas con graves antecedentes.

El Presidente dijo que “no pueden pagar justos por pecadores”. Precisamente por eso existen los tribunales. No corresponde al jefe del Ejecutivo colombiano decidir quién es justo y quién pecador, porque esas categorías pertenecen a la moral o a la religión y no al lenguaje de la justicia penal. Ante un tribunal existen acusados, pruebas, fiscales, defensores, jueces y sentencias. Si todavía no conocemos la responsabilidad individual de los procesados, mucho menos puede otorgárseles anticipadamente el título de “héroes”. ¿Esa es la “Patria Milagro”?

Las autoridades estadounidenses han señalado que varias personas fueron trasladadas desde Haití a Miami para responder por distintos papeles dentro de la conspiración que terminó con la vida de Moïse. El proceso continúa y ya existen otros involucrados condenados o declarados culpables. Será la justicia, y no una proclama presidencial colombiana, la que establezca la responsabilidad de cada acusado.

El asunto adquiere además una dimensión internacional que Colombia no debería tratar con ligereza. Haití ocupa un lugar honorable en nuestra propia historia. Aquella pequeña nación antillana, nacida de una extraordinaria rebelión contra la esclavitud, prestó apoyo decisivo a Bolívar cuando la independencia suramericana todavía era una esperanza incierta. Esa memoria histórica debería bastar para tratar con especial prudencia un magnicidio que destrozó aún más la frágil institucionalidad haitiana.

Hay además un precedente inquietante en nuestra región. En agosto de 2023, el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros al salir de un acto político. Seis colombianos aparecieron vinculados a la investigación. El episodio volvió a colocar a Colombia en una realidad vergonzosa la utilización de colombianos por redes transnacionales del crimen organizado. Esa es precisamente la imagen que Colombia debería combatir ante el mundo y no envolver prematuramente en la bandera del heroísmo.

Existe entonces una contradicción difícil de explicar. Mientras el Presidente aparece armado y patrullando las calles para demostrar que perseguirá sin descanso a la delincuencia, utiliza después la majestad de su cargo para otorgar un respaldo político extraordinario a hombres acusados ante una corte extranjera de participar en uno de los crímenes políticos más graves del continente. La presunción de inocencia debe respetarse, pero también la independencia de los jueces. El Presidente puede y debe defender el debido proceso, pero no debería anticipar el veredicto.

• Además: “Este Gobierno no se deja amenazar ni presionar de nadie”: De la Espriella al CRIC

Colombia no necesita un mandatario que represente permanentemente el papel de policía, fiscal, comandante o juez. Necesita un estadista capaz de abandonar definitivamente la campaña electoral y comprender que después de conquistar el poder comienza la tarea mucho más silenciosa, compleja y trascendente de gobernar. Una nación no se reconstruye con música épica ni con videos cuidadosamente editados. Se reconstruye con escuelas, hospitales, carreteras, empleo, crédito, inversión, seguridad jurídica, política exterior seria y recursos correctamente administrados. Se reconstruye combatiendo la corrupción y devolviendo a los ciudadanos la confianza en sus instituciones.

La llamada “Patria Milagro” no puede consistir en la multiplicación de imágenes del Presidente ni en la representación cotidiana del poder. El verdadero milagro sería que el espectáculo cediera finalmente su lugar al Estado, porque el poder puede impresionar cuando se exhibe, pero solamente merece respeto cuando sabe gobernar.