Lo sucedido en Ataco y Planadas de nuestro Tolima, donde la violencia ha cobrado víctimas inocentes hasta de niños que no alcanzaron a pronunciar su nombre, es para reflexionar sobre la mano dura del gobierno que debe ir acompañada de servicios y no de amenazas. 

La violencia en Colombia y particularmente en el Tolima, no ha sido simplemente una confrontación entre hombres armados ni una sucesión de acontecimientos que puedan explicarse por la existencia de organizaciones armadas desde la época de la persecución del liberalismo por parte de Laureano Gómez y Ospina Pérez.

Sus causas se encuentran profundamente vinculadas con la historia política del país, las desigualdades sociales, la concentración de la propiedad agraria y el abandono de extensas regiones donde la autoridad del Estado ha sido sustituida, durante décadas, por la imposición de la fuerza. Sin embargo, el Tolima constituye uno de los ejemplos más dramáticos de esa realidad.

Aquí, la violencia que se intensificó desde 1946 tuvo entre sus principales causas la persecución conservadora contra las poblaciones liberales de Planadas, Chaparral, Villarrica, Líbano, Rovira, Armero y Honda, particularmente durante la época de la violencia por la policía Chulavita y los atroces Pájaros.

La utilización partidista de organismos estatales y la actuación de grupos armados llevaron a numerosos campesinos a abandonar sus tierras y refugiarse en las montañas para defender sus vidas y de allí se formaron los grupos de resistencia que llevaron a tres décadas de muertos de los bandos liberales y conservadores.

Aquella resistencia no nació inicialmente de una concepción revolucionaria del Estado. Surgió, en buena medida, de la necesidad de sobrevivir. Los campesinos que cultivaban sus parcelas y levantaban sus familias fueron obligados por las circunstancias a organizarse militarmente frente a una persecución que desconocía sus derechos más elementales.

El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla consiguió, entre 1953 y 1954, apaciguar parcialmente aquella confrontación mediante amnistías y procesos de desmovilización que fueron difíciles como en Villarrica donde 5 batallones y bombarderos no pudieron en su totalidad contra 3.000 campesinos armados. Pero la pacificación no resolvió las causas que habían provocado la guerra. Las rivalidades políticas, los conflictos por la tierra y las venganzas familiares continuaron alimentando nuevas expresiones de violencia.

En el sur del Tolima aparecieron entonces los llamados 'limpios' y 'comunes'. Los primeros, identificados con el liberalismo, y los segundos, vinculados con las ideas comunistas, habían compartido inicialmente la necesidad de defenderse de la persecución conservadora. Posteriormente, las diferencias ideológicas y las nuevas alianzas políticas terminaron convirtiéndolos en adversarios irreconciliables.

De aquellas confrontaciones surgieron organizaciones que marcaron el destino de la región. Los comunes participaron en el proceso histórico que dio origen a las FARC, mientras sectores de los antiguos limpios se vincularon posteriormente con estructuras de autodefensa y contrainsurgencia. En municipios como Rioblanco, Planadas, Ataco y Chaparral, la violencia adquirió dimensiones que trascendieron las disputas partidistas y comprometieron la existencia de generaciones enteras.

La prolongación de aquella tragedia estuvo relacionada también con las condiciones geográficas y humanas del territorio. Las cordilleras, los cañones profundos, las laderas escarpadas y los caminos de difícil acceso ofrecieron refugio a los perseguidos y facilitaron posteriormente la permanencia de organizaciones armadas.

El campesino tolimense, acostumbrado a vencer las dificultades de la montaña, desarrolló un espíritu de extraordinaria resistencia. Conocedor de sus tierras y profundamente vinculado con el patrimonio construido mediante su trabajo, no era hombre que se resignara fácilmente al despojo. En circunstancias extremas, llegaba a enfrentar a numerosos agresores con un machete, una carabina o un garrote de guayacán para defender su finca, su familia y sus cultivos.
Ese arrojo, admirable como expresión de dignidad y supervivencia, terminó muchas veces incorporado a una guerra que se prolongó durante décadas. 

En aquellas montañas aparecieron también algunos de los más temidos protagonistas de la violencia colombiana, hombres que transformaron antiguas rivalidades en organizaciones armadas y que los sucesivos gobiernos no consiguieron derrotar definitivamente.
Pero sería equivocado atribuir la persistencia de la violencia únicamente a la geografía o al temperamento de sus habitantes.

La causa más profunda fue la incapacidad histórica del Estado para establecer una autoridad legítima, acompañada de justicia social y oportunidades de progreso.

Durante demasiado tiempo, los gobiernos colombianos han pretendido resolver mediante operaciones militares problemas que tienen profundas raíces económicas, políticas y sociales. Cada administración anuncia nuevas ofensivas, endurece su lenguaje contra los grupos armados y promete recuperar territorios que, en realidad, nunca han contado con una presencia suficiente de las instituciones civiles.

Abelardo de la Espriella debería comprender, como cualquier gobernante que aspire a conducir los destinos de Colombia, que la violencia no se termina con amenazas, discursos de fuerza ni con el despliegue de viejos aviones Kfir sobre las montañas. El poder militar puede ser necesario para proteger a la población y enfrentar a las organizaciones criminales, pero resulta insuficiente para transformar las condiciones que permiten su existencia.

La autoridad del Estado no puede reducirse a la presencia de soldados ni a la capacidad de sus aeronaves de combate. Una nación demuestra su verdadera fortaleza cuando consigue que sus habitantes encuentren en las instituciones razones para confiar en el derecho y no en las armas.

La violencia no desaparecerá mientras existan regiones donde un campesino deba recorrer largas distancias para recibir atención médica, donde los niños carezcan de escuelas dignas y los jóvenes encuentren mayores posibilidades de vincularse a una organización armada que de continuar sus estudios o desarrollar una actividad productiva.
Tampoco podrá superarse mientras la propiedad de la tierra permanezca sometida a profundas desigualdades, la informalidad impida el acceso al crédito y los pequeños productores carezcan de vías, asistencia técnica y mercados para comercializar sus cosechas.

Colombia necesita una reforma agraria seria, democrática y jurídicamente segura, que facilite el acceso a la propiedad, formalice los títulos, respete los derechos legítimamente adquiridos y permita que la tierra cumpla su función social. No se trata de enfrentar a propietarios y campesinos, sino de construir las condiciones para que la producción rural se convierta en una fuente de prosperidad compartida.

La verdadera reforma agraria no consiste solamente en distribuir hectáreas. Exige garantizar que quien recibe o posee una parcela pueda cultivarla, financiar su producción, transportar sus cosechas y vivir dignamente de su trabajo. De lo contrario, la tierra continuará siendo una promesa incumplida y el abandono rural seguirá reproduciendo las condiciones que favorecieron la violencia. La salud y la educación deben constituir los fundamentos de esa transformación y no los milagros.

Un puesto de salud debidamente equipado, una escuela con maestros permanentes, una carretera que comunique las veredas y una política de crédito rural pueden contribuir más a la estabilidad de una región que innumerables declaraciones de guerra con el lema de Cristo Rey.

No significa desconocer el deber constitucional del Estado de combatir a quienes asesinan, secuestran, extorsionan o someten a las comunidades. La fuerza pública debe garantizar la seguridad y recuperar el monopolio legítimo de las armas. Pero esa responsabilidad pierde eficacia cuando, después de una operación militar, las instituciones civiles no llegan para consolidar la presencia estatal.

La experiencia del Tolima demuestra que las organizaciones armadas pueden cambiar de nombre, ideología y dirigentes sin que desaparezcan las condiciones que favorecen su reproducción. Las antiguas guerrillas liberales dieron paso a nuevas confrontaciones; las autodefensas campesinas se transformaron en organizaciones de distinta naturaleza y la insurgencia adquirió dimensiones nacionales. Mientras tanto, la población rural continuó soportando las consecuencias de una guerra que no había escogido.

Por eso, el problema de Colombia no puede resolverse mediante la simple sustitución de una estrategia militar por otra. Se necesita una concepción del Estado que comprenda que la seguridad y la justicia social no son propósitos contradictorios, sino responsabilidades complementarias.

Los gobiernos que confunden la autoridad con la intimidación terminan desconociendo una de las grandes enseñanzas de nuestra historia.

Los pueblos pueden ser sometidos temporalmente por la fuerza, pero solamente encuentran razones duraderas para vivir en paz cuando sus derechos son respetados y sus necesidades fundamentales atendidas.

El campesino colombiano no necesita que le enseñen a trabajar ni que le expliquen el valor de la tierra. Ha demostrado durante generaciones una extraordinaria capacidad para sobrevivir a las adversidades, producir alimentos y sostener la economía rural aun en medio de la persecución y el abandono.
Lo que necesita es que el Estado le devuelva la confianza en su porvenir, que sus hijos puedan educarse sin abandonar sus regiones, que la enfermedad no signifique una condena por falta de atención y que el fruto de sus cosechas le permita construir una existencia digna.

La paz no puede continuar siendo una promesa electoral ni la seguridad un espectáculo de poder. Ambas deben convertirse en expresiones concretas de un orden político que garantice los derechos de los ciudadanos y haga posible la convivencia.

La historia del Tolima, escrita durante décadas con el sacrificio de sus campesinos, debería servir de advertencia a quienes creen que los conflictos sociales se resuelven exclusivamente mediante la superioridad de las armas.
Porque la violencia podrá ser contenida por la fuerza, pero sus causas solamente desaparecerán cuando la justicia, la educación, la salud y una auténtica reforma agraria le devuelvan al campesino el sentido de vivir, trabajar y permanecer en paz sobre su propia tierra.