En América Latina las clases sociales existen no como consecuencia sino como prueba y demostración del proceso histórico. Es el proceso histórico de una clase que manda y otra que obedece desde la colonia.

Ese fenómeno y la misma conquista de España y Portugal, establecieron esas categorías, ese modo de ver a unos ricos y a otros pobres, la diferencia entre industriales y obreros, que hace hablar a algunos de cambio de estructuras que no significa nada, sino se repite una fórmula para anunciar la revolución contra los nobles y monarcas. En América no ha habido descendientes, salvo Cuba, de esa clase, somos negros, mulatos y mestizos.

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En Francia antes de Marx le cortaron la cabeza al monarca Luis XVI y después en Rusia a Nicolás II. En eso consiste un cambio de estructuras, lo que acontece en nuestro continente es que quienes viven cómodamente y toman vino extranjero se creen aristócratas.

Y, quienes protesten y pertenezcan a la clase obrera quedan bajo sospecha de ser delincuentes comunistas, término fascista que ya pertenece a una matriz de retórica global, utilizando el abuso y la arbitrariedad, porque el conquistador dejó esa costumbre de obedecer al amo, de ahí, la presión que ejercen los dueños del capital a través de sus medios de comunicación a su servicio. 

La historia política de América Latina ha transcurrido entre las aspiraciones de libertad de sus pueblos, las desigualdades sociales y las disputas por el poder. Desde los inicios de la independencia, nuestras naciones han buscado afirmar su soberanía frente a las influencias extranjeras y construir instituciones capaces de garantizar la convivencia democrática. Sin embargo, dos siglos de vida republicana no han sido suficientes para superar las contradicciones que todavía condicionan su destino.

La reciente victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil introduce un nuevo elemento en el escenario político continental. Su reelección para un cuarto mandato presidencial, después de una segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro, interrumpe una sucesión de triunfos de la extrema derecha y el fascismo en distintos países latinoamericanos y equilibra las fuerzas políticas de la región.

No se trata simplemente del triunfo de un partido sobre otro. La importancia del acontecimiento reside en que Brasil, por su extensión territorial, población, recursos naturales y capacidad económica, y líder de los Brics, constituye uno de los principales centros de gravitación política de América Latina. Sus decisiones trascienden las fronteras nacionales e influyen en las relaciones diplomáticas, comerciales y estratégicas del continente.

Para comprender el significado de esta elección conviene recordar uno de los períodos más sombríos de nuestra historia contemporánea. Durante la década de 1970, buena parte de América Latina quedó sometida a dictaduras militares fascistas que interrumpieron el orden constitucional, disolvieron los congresos, persiguieron a sus opositores y cometieron graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos.

Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, entre otros países, conocieron gobiernos autoritarios que, bajo el pretexto de preservar el orden y combatir el comunismo que se había extinguido, restringieron las libertades públicas y convirtieron la represión en instrumento de gobierno. Miles de ciudadanos fueron encarcelados, torturados, asesinados o desaparecidos, mientras el miedo y la censura se extendían sobre sociedades privadas de sus garantías fundamentales.

Solo a partir de finales de los años setenta y durante la década de 1980 comenzó a consolidarse el retorno gradual de los gobiernos democráticos. Argentina recuperó su institucionalidad en 1983, Uruguay y Brasil en 1985, mientras Chile culminó su transición presidencial en 1990. Aquella recuperación no fue una concesión espontánea de los dictadores, sino el resultado de prolongadas luchas civiles, movilizaciones populares y esfuerzos políticos por restablecer el imperio de la Constitución.

La experiencia dejó una enseñanza que América Latina no debería olvidar: ninguna ideología, cualquiera que sea su denominación, puede justificar la supresión de las libertades, la persecución de los adversarios ni la concentración ilimitada del poder.

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Lula representa una trayectoria singular dentro de esa historia. Nacido en la pobreza del nordeste brasileño, conoció desde su infancia las privaciones de los sectores populares. Fue obrero metalúrgico, dirigente sindical y fundador del Partido de los Trabajadores. Desde aquellas luchas sociales llegó a la Presidencia de la República y se convirtió en una figura de reconocida influencia internacional.

Durante sus primeros gobiernos impulsó programas sociales que contribuyeron a disminuir la pobreza, combatir el hambre y ampliar las oportunidades de millones de brasileños, en medio de una coyuntura internacional favorable para la economía del país. Su trayectoria política ha estado marcada por derrotas, controversias judiciales de la oposición y retornos al poder que explican la dimensión histórica de su nueva elección.

En América Latina, la alternancia entre gobiernos de izquierda y derecha constituye una expresión legítima de la democracia, pero con Lula ha ocurrido un fenómeno particular que interpreta el sentimiento de las masas y ellas se identifican con su manera de gobernar. Desde luego que ninguno de los partidos políticos posee el monopolio de la verdad política ni puede atribuirse la representación exclusiva de los intereses nacionales. La calidad de un gobierno no depende solamente de su orientación ideológica, sino de su respeto por la Constitución, la independencia de los poderes públicos, la transparencia administrativa y Lula lo ha entendido para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados.

El problema comienza cuando las diferencias políticas se convierten en antagonismos irreconciliables y los gobernantes pretenden dividir a la sociedad entre ciudadanos legítimos y adversarios desprovistos de toda razón. Esta concepción del poder debilita las instituciones, empobrece el debate público y sustituye la deliberación democrática por la exaltación de las pasiones.

En los últimos años han surgido en el continente movimientos políticos que cuestionan los modelos neoliberales de gobierno, prometen soluciones inmediatas a problemas estructurales y encuentran respaldo en amplios sectores inconformes con la corrupción, la inseguridad y las desigualdades económicas.

Resulta igualmente preocupante la tendencia de ciertos dirigentes a revestir sus ambiciones políticas de una supuesta misión religiosa. Invocan el nombre de Cristo como si la legitimidad del poder procediera de una investidura divina y no de la voluntad popular expresada mediante el sufragio.

La fe religiosa pertenece al ámbito respetable de la conciencia de las personas, pero no puede sustituir las obligaciones constitucionales de quienes gobiernan. Cristo no es un programa de gobierno, ni las invocaciones religiosas reemplazan la justicia, la educación, la seguridad, la salud pública o la responsabilidad administrativa.

En una república democrática, de Constitución laica la solución de los problemas colectivos corresponde a las instituciones del Estado, sometidas al derecho y al control ciudadano. Confundir la autoridad política con una misión providencial constituye una peligrosa regresión hacia el poder que las sociedades modernas han procurado superar.

Lula ha insistido en la defensa de la soberanía nacional y en la necesidad de preservar márgenes de autonomía del Estado y las creencias religiosas de un país profundamente católico. Su gobierno puede representar un contrapeso frente a las imposiciones comerciales, las presiones diplomáticas y las pretensiones de subordinación política que comprometan la independencia de los países latinoamericanos.

Las relaciones con Estados Unidos deben mantenerse sobre fundamentos de cooperación y respeto recíproco. La importancia de sus vínculos económicos y comerciales es indiscutible, pero ninguna potencia puede pretender que su capacidad económica le confiera autoridad para determinar las decisiones soberanas de otras naciones.

América Latina necesita comerciar con el mundo, atraer inversiones, ampliar sus mercados y participar en los avances científicos y tecnológicos. Pero esa integración no debe significar la renuncia a sus intereses nacionales ni la aceptación incondicional de políticas comerciales impuestas desde el exterior.

En este sentido, Brasil puede desempeñar una función importante en la recuperación de la integración latinoamericana, debilitada durante décadas por las diferencias ideológicas, las rivalidades políticas y la ausencia de proyectos comunes de desarrollo.

La nueva etapa de Lula estará sometida a dificultades considerables. Las exigencias fiscales, las demandas sociales, la necesidad de estimular la inversión y la composición política del Congreso le impondrán negociaciones y acuerdos que pondrán a prueba su experiencia de gobernante.

América Latina necesita superar la antigua costumbre de convertir cada elección presidencial en una confrontación entre proyectos que se presentan como salvadores de la patria. Sus verdaderos desafíos continúan siendo la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, la debilidad de las instituciones y la insuficiente integración económica y cultural de sus pueblos.

La elección brasileña demuestra, además, que las tendencias políticas continentales no son irreversibles. Los ciudadanos conservan la facultad de modificar el rumbo de sus gobiernos mediante el ejercicio del sufragio, y ninguna corriente ideológica puede considerar asegurada indefinidamente su permanencia en el poder.

Por eso, más allá de las simpatías o discrepancias que suscite Lula, su nueva elección invita a reflexionar sobre el porvenir político de América Latina. La verdadera grandeza de un gobernante no consiste en derrotar a sus adversarios, sino en comprender que la nación pertenece también a quienes no votaron por él. Los pueblos no necesitan gobernantes que se proclamen enviados de la Providencia, sino instituciones que garanticen sus derechos, administraciones que cumplan sus deberes y una democracia en la cual ningún poder pueda situarse por encima de la Constitución y de la dignidad humana.

De todas maneras y bajo cualquier circunstancia, la elección de Lula, representa un grito de libertad y un freno a la ultraderecha fascista de América Latina.