Por: Humberto Leyton

El reciente artículo escrito por el exgobernador Fernando Osorio Cuenca y publicado en este portal, donde revela aspectos desconocidos, hasta el momento, del proceso que se sigue contra él y el gobernador Óscar Barreto en la Corte Suprema de Justicia, por la presunta contratación indebida en el convenio Andrés Bello, deja algunas dudas e interrogantes que solo el desenlace final de este caso nos aclarará.

En efecto, dos hechos que nos llamaron la atención en la lectura desprevenida de este documento es que según Osorio, en primer lugar, en dos días la Fiscalía Delegada obtuvo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la orden de citación a audiencia de imputación y medida de aseguramiento; y el segundo, es la búsqueda de antecedentes y militancia política del exgobernador en la izquierda: "Una solicitud del Fiscal Delegado para que se investigue posibles vínculos míos con las Farc. Aclaro que tal investigación fue suspendida luego de iniciada a solicitud del propio Fiscal que la había pedido.
Otro documento, el de arraigo, manifiesta que soy de izquierda, de formación marxista más no comunista". Estos puntos nos dejan un sinsabor de la forma y métodos empleados por el ente investigador para buscar pruebas y vincular al proceso al exmandatario seccional del Tolima.

La rapidez para convocar la celebración de la audiencia de imputación de cargos y los aspectos ideológicos de militancia o pensamiento político del procesado que se plasman en el proceso, son pocos convincentes. La forma de cómo piense Osorio no tiene nada que ver ni relevancia con lo que se investiga. (Puede leer: Mi visión y mi versión)

De otra parte, en la nota titulada,  el exgobernador Osorio, siguiere que el gobernador Barreto, fue vinculado al proceso porque la Fiscalía necesitaban arrimar un proceso que estaba muerto hacía cuatro años. ¿Con qué fin? Tenemos nuestros propios criterios. ¿No se entiende por qué se llama a responder en este proceso al mandatario seccional cuando en la Fiscalía reposan procesos engavetados más delicados y con pruebas más contundentes contra Barreto? Caso de los cupos fantasmas, banco de los Tolimenses, la falsa pavimentación de la vía Líbano-Villahermosa, entre otros.

Sospechamos que se trata de una presión del ente investigador para buscar réditos políticos como efectivamente los logró. No olvidemos que en esa época ya el Fiscal General era Néstor Humberto Martínez, militante activo de Cambio Radical y sindicado por diversos sectores políticos de haber convertido ese ente en un aparato de presión para fortalecer la candidatura de su jefe político Germán Vargas Lleras.

Luego de sucedido estos hechos, se presentó el 'sorpresivo' ingreso de Cambio Radical al gobierno Barreto o a la inversa la llegada del gobernador a la candidatura de Vargas Lleras, temas sobre los cuales en notas anteriores hemos referido como un canje de votos por sumarios penales. (Puede leer: El ingreso de Cambio Radical a la administración Barreto)   

Esta suma de coincidencias y de hechos, nos hacen pensar que efectivamente, este proceso aparentemente jurídico, contra Osorio y Barreto, puede estar contaminado por la política donde una candidatura presidencial sería la beneficiada, mientras un exgobernador permanece con detención domiciliaria a la espera de una resolución judicial definitiva. Esta sutil presión de la Fiscalía, deja otro favorecido hasta el momento: Óscar Barreto que goza de libertad y convertido jefe de campaña a la sombra de la candidatura del candidato a la presidencia  de Cambio Radical y en la  de su primo Miguel Barreto al senado. (Puede leer: Firmas para Vargas Lleras, contratos para Miguel Barreto).

Pero la gran pregunta y reflexión que nos dejan las confesiones del exgobernador Osorio en su nota, y creemos no equivocarnos, es la utilización de la justicia como instrumento político y de presión para ablandar a unos y utilizar a otros con propósitos inminentemente electorales, al tiempo que se juega y se pone en duda el prestigio y la honra de las personas, y lo más infame aún, su libertad.