Por: Fernando Osorio Cuenca (Exgobernador del Tolima)

Con frecuencia algunos periodistas especulan sobre la acusación de la Fiscalía ante la Corte. Algunos ciudadanos me tildan de corrupto. Lo cierto del tema es que luego de que la Corte le solicitó a la Fiscalía hacerme entrega de la documentación y testimonios pude entender los intríngulis de un proceso abierto hace 8 años por haber celebrado un convenio con la Secab (Convenio Andrés Bello), organismo internacional de cooperación que opera en Colombia y del cual Colombia es miembro conforme a la ley que autorizó su vigencia en el pais. 
El gobierno del Tolima en noviembre de 2005 firmó el Convenio marco de cooperación entre la Secab y el departamento del Tolima para asistencia técnica en asuntos de educación, cultura y tecnología. Dicho convenio acordó metodología de trabajo para la elaboración y trámite de los proyectos que se cumplieran en desarrollo del Convenio Marco e hicieran parte del Plan de Desarrollo.

El propio gobierno anterior al del Tolima Solidario desarrolló con la Secab un primer proyecto para dotación de bandas marciales a 46 instituciones educativas, una por cada municipio certificado. Contrato que tuve que ejecutar pues me fue entregado debidamente formalizado.
Esa práctica de cooperación la utilizaban entonces con arreglo a la ley 80 que permitía tales convenios tanto el gobierno central como los gobernadores, alcaldes, Sena, Ica, Colciencias, universidades públicas etc.
De la misma forma como el gobierno departamental anterior celebró el convenio con la Secab mi gobierno hizo lo propio para desarrollar el proyecto que conjuntamente se preparó con la Secab en los términos de la cooperación acordada . Así nació el convenio 336 de junio de 2007 para la adquisición de equipos de informática, algunos con destino a la dotación de las salas de audiencia de la fiscalía en Ibagué y las Comisarías de familia de Ibagué. Igualmente la dotación de pupitres para las instituciones educativas.
En 2008 la Contraloría General encontró e informó como hallazgo el Convenio 336 y su adicional dándole alcance penal por el presunto delito de Contratación sin requisitos en su firma encontrando que éste se hallaba aún pendiente de ser liquidado por el gobierno que me sucedió.
La Contraloría tanto general como departamental en razón al hallazgo abrieron la investigación de su competencia no encontrando detrimento patrimonial ni responsabilidad fiscal fallando a favor de mi gobierno en cuanto a celebración y ejecución.
La noticia criminal como la llaman en materia penal había sido reportada por la contraloría general como posible delito de Contratación sin requisitos contra el Director General de la Secab y el gobernador Fernando Osorio. La Fiscalía 34 de Ibagué fue la encargada de iniciar la investigación que se adelantó debidamente y que luego de concluida se firmo el acta e informe dando cuenta de que no se encontró delito alguno. Solo se me investigó y se dejó por fuera al Director de la Secab. Nunca fui requerido en esa fase.
Por ser aforado el expediente fue remitido a la Fiscalía delegada ante la Corte para su conocimiento y determinación. Este organismo especializado optó por iniciar su investigación en 2010 y envió notificación a la gobernación a mi nombre cuando yo ya no era el gobernador, notificación que no conocí.
La Fiscalía allega nuevamente documentación, escucha versiones y testimonios de personas que tuvieron que ver con el proceso, nunca se me informa y mucho menos se me requiere. Nuevamente proceden a hacer lo mismo en 2013 siempre investigando el posible delito de celebración indebida. Hasta febrero 14 de 2017 nada se decía de conducta penal alguna del actual gobernador Oscar Barreto. No había sido vinculado. Del 9 al 14 de febrero nuevamente la fiscalía delegada adelanta diligencias para allegar documentos y testimonios. Ni el gobernador Barreto ni el suscrito es requerido en manera alguna para ser escuchados al menos en versión libre. Al gobernador Barreto se le notifica de su vinculación al proceso y a los dos días, 16 de febrero en mensaje de voz se me informa desde la Sala Penal del Tribunal que se me citaba a audiencia de imputación de cargos por contrato sin el lleno de requisitos y peculado por apropiación en beneficio de terceros. Igual proceden con el gobernador Barreto adicionándole a él el delito de prevaricato.
Dictada la medida de aseguramiento con detención domiciliaria en mi contra y libertad para el gobernador Barreto nuevamente se adelantan diligencias en esta ocasión con la presencia del propio fiscal delegado ante la corte tendientes a verificar la liquidación del convenio y la ejecución del convenio adicional con el cual se contrató la capacitación y los simulacros de las pruebas Saber.
Recibida todos los soportes que obran en la fiscalía y luego de la audiencia de acusación pude entender varias cosas que pueden ya ser públicas:
1. La Fiscalía procedió de oficio como era su deber luego de recibir noticia de la Contraloría.
2. La Contraloría cerró investigación a mi favor y de los secretarios vinculados por ella.
3. La Fiscalía 34 no encontró delito alguno.
4. Entre 2010 y febrero de 2017 la investigación y las diligencias de la Fiscalía se enfocaban contra Fernando Osorio por el posible delito de Celebración de contrato sin requisitos.
5. Al gobernador Barreto se lo vincula y se le notifica el 14 de febrero de 2017.
6. En dos días la Fiscalía Delegada ante la Corte solicita y obtiene de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá nos citen a audiencia de imputación y medida de aseguramiento.
Con el tiempo que me permite la detención y luego de que la fiscalía me entregó todo su material en que basa la acusación pude ojear más de 5000 hojas de documentos repetidos en su mayoría y escuchar cerca de 80 gigas de audiovideos me encontré documentos que no sé si tienen relación alguna con la acusación. Una solicitud del Fiscal Delegado para que se investigue posibles vínculos míos con las Farc. Aclaro que tal investigación fue suspendida luego de iniciada a solicitud del propio Fiscal que la había pedido.
Otro documento, el de arraigo, manifiesta que soy de izquierda, de formación marxista más no comunista.
De Echandía aprendí que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Una cosa es cierta. El respeto a la justicia y la esperanza de que ésta sea realmente justa y en derecho.
Con mi acostumbrada franqueza y decisión he asumido la situación adversa soportado en que nunca existió ánimo doloso de mi parte y que el objeto contractual se cumplió íntegra y correctamente. Sigo pensando en la dignidad de los magistrados de la Corte y solo aspiro con mis abogados poder demostrar la inocencia confiado en la majestad de la justicia colombiana.