Por. Edgardo Ramírez Polanía

Una de las características esenciales de la convivencia de las sociedades ha sido el diálogo como instrumento para tratar las diferencias y conflictos y como contrapartida, la imposición del control del gobierno para reducir la tendencia equívoca de los individuos.

El gobierno del presidente Gustavo Petro, fue recibido injustamente con una matanza de policías en el corregimiento de San Luis departamento del Huila,  al parecer por un grupo de disidentes de las Farc, que se deslindaron del proceso de paz que se firmó en La Habana.

En Colombia el alzamiento en armas ha tenido muchas consecuencias y han sido muchas las páginas que los autores han escrito sobre la violencia armada. Hoy, esa violencia tiene un alto componente del narcotráfico que sostiene  a los cultivadores de coca en zonas donde es difícil el acceso y no existen los medios de subsistencia de esas comunidades.

Se ha considerado que aquellos que han estado vinculados a grupos subversivos que han vivido de la violencia y no tienen otro medio de vida que el delito, sea el narcotráfico, el secuestro el asesinato, requieren de medidas drásticas de control como el castigo. Sin embargo, éste produce formas aversivas y predisposiciones a las represalias y a la continuación del conflicto y no cumple la función que se le atribuye.

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El presidente Gustavo Petro dijo: “Mientras más se hable de paz, hay que elevar la guardia”. Por tal razón, la defensa de la comunidad y la búsqueda de la paz deben ir acompañada de programas sustitutivos que le den al campesino alternativas para vivir distintas a las que genera el delito.

El gobierno del Presidente Gustavo Petro, en su campaña presidencial propuso una paz total, que involucre a todos los sectores armados y personas que han incidido en el desequilibrio de social. El intento no es fácil ni rápido, porque conlleva varios análisis no sólo de las desigualdades sino el narcotráfico, que han permitido  la aparición de los grupos armados y las respuestas o reacciones de los organismos de seguridad del Estado a través de varios procesos de enfrentamientos, reuniones fracasadas e incumplimiento tanto de los autores del conflicto como de los gobiernos que han creído que la solución de los problemas o discordias se solucionan a la fuerza e incumpliendo los acuerdos o gastando el dinero de la paz en aplicación diferente para los fines al cual estaban destinados.

Sean cual fueren las razones que generaron los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el ELN,  Paramilitares, FARC y otros grupos que han surgido por el control de las rutas del narcotráfico, la nación debe buscar fórmulas de convivencia y paz mediante el resultado de  resolver ese problema, que consiste en  la aparición de una solución en forma de respuesta.  De lo contrario, continuará, sumergido en la violencia y el atraso.

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El país votó por ese fundamental propósito, que debe llevar al país por camino de la paz total. De manera acertada el Presidente Petro designó al reconocido ex Ministro y abogado, hoy Ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, quien lleva 24 años de asesor de procesos de paz  varios gobiernos y fue persona fundamental en los Acuerdos de la Habana para llevarlos a feliz término. 

Esa paz con las Farc fue posible a través del diálogo, se firmó y hoy hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad y fue garantizado con la intervención de varios países europeos y Naciones Unidas. Fue un trabajo dispendioso, jurídico y político, donde se integraron diferentes acciones y propósitos que terminaron felizmente con la firma del Acuerdo de paz, que nos salvó de millares de muertos desde que entró en funcionamiento y nos hubiesen salvado de las tragedias que vemos hoy si esos dineros de la paz estuvieran invertidos en vías de territorios olvidados, cultivos sustitutivos de la coca, vivienda y escuelas para los campesinos y personas afiliadas a grupos al margen de la Ley.
 
Los diálogos con los insurgentes actuales llevan a establecer las condiciones esenciales que saldrían de una Comisión de Paz integrada por el actual gobierno para tratar los temas de desmovilización, los cultivos de coca, la ruptura de oleoductos de las petroleras, el secuestro y dejación de la armas y a cambio de una justicia de reparación y no repetición con una justicia  integral no de venganza, sino de diálogo y penas restaurativas en que no haya ni vencedores ni vencidos para quienes han estado integrados en la subversión y que han fomentado la violencia y que involucre a aquellos grupos civiles vinculados al conflicto armado, que han hecho perjuicios económicos y alteración del bienestar ciudadano, mediante reparación de las víctimas y al Estado.
 
El país reclama con urgencia un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, que lleva de la mano la disminución a buena escala de los cultivos de coca, y el regreso del campesinado al campo bajo una política de paz y convivencia, que estaría en consonancia con el proyecto de reforma agraria  que beneficiaría a grandes sectores desprotegidos, debido a la dedicación equivocada de las grandes zonas de cultivo dedicadas a valorización o ganadería mínima y el cultivo de palma africana.

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Para esas finalidades es necesario el diálogo con los comandantes del ELN y las disidencias de la FARC, las autodefensas gaitanistas, y bandas criminales, así como los grupos paramilitares y particulares que contribuyeron a esa guerra fratricida que debe acabarse. 
La invitación que hizo el Presidente Petro fue: “ He autorizado (…) suspender ordenes de extradición (…) para que comience un diálogo con el ejército de Liberación Nacional”.

Por esa razón, el Presidente Gustavo Petro le propuso al Gobierno de Estados Unidos, cambiar la política de extradición de narcotraficantes, abriendo una puerta a las negociaciones de esos delitos con el Estado en Colombia, y beneficios jurídicos para quienes no reincidan. Para quienes no se acojan a este plan o negocien, pero reincidan, la extradición sería inminente y sin privilegios jurídicos.

Para lo cual manifestó:“Narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida, se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Y narcotraficante que negocie con el Estado colombiano (tendrá) beneficios jurídicos, y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita”.
Falta por ver las negociaciones del Gobierno colombiano y las que sean aceptadas por Estados Unidos, respecto a los delitos de narcotráfico que ha estado ligado a los miembros de organizaciones alzadas en armas y si éstas van a continuar delinquiendo y matando policías, para continuar con precisas condiciones el necesario acercamiento en búsqueda de la paz total, como una necesidad imperiosa de nuestra sociedad.