Por. Edgardo Ramírez Polanía

Una de las características esenciales de la convivencia de las sociedades ha sido el diálogo como instrumento para tratar las diferencias y conflictos y como contrapartida, la imposición del control que es el castigo para reducir la tendencia de los individuos.

El gobierno del Presidente Gustavo Petro, en su campaña presidencial propuso una paz total, que involucre a todos los sectores armados y personas que han incidido en el desequilibrio social.

El intento no es fácil ni rápido, porque conlleva varios análisis de las consecuencias por las que surgieron los grupos armados y las respuestas o reacciones de los organismos de seguridad del Estado a través de varios procesos de enfrentamientos, reuniones fracasadas e incumplimiento tanto de los autores del conflicto como de los gobiernos que han creído que la solución de los problemas o discordias se solucionan a la fuerza.

 Sea cual fueren las razones que generaron los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el ELN, Paramilitares, FARC y otros grupos que han surgido por el control de las rutas del narcotráfico, la nación debe buscar fórmulas de convivencia y paz mediante el resultado de resolver ese problema, que consiste en la aparición de una solución en forma de respuesta.  De lo contrario, continuará sumergido en la violencia y el atraso.

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 El país votó por ese fundamental propósito, que debe llevar al país por camino de la paz total. De manera acertada el Presidente Petro designó al reconocido ex Ministro y abogado, hoy Ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, quien lleva 24 años de asesor de procesos de paz de varios gobiernos y fue persona fundamental en los Acuerdos de la Habana para llevarlos a feliz término.

 Esa paz con las Farc fue posible a través del diálogo y se firmó la paz que hoy hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, con la intervención de varios países europeos y Naciones Unidas. Fue un trabajo dispendioso, jurídico y político, donde se debieron integrar  diferentes acciones y propósitos que terminaron felizmente con la firma del Acuerdo de paz, que nos salvó de millares de muertos desde que entró en funcionamiento.

Los diálogos con los insurgentes actuales llevan a establecer las condiciones esenciales que saldrían de una Comisión de Paz integrada por el actual gobierno para tratar los temas de desmovilización, los cultivos de coca,  la ruptura de oleoductos de las petroleras, el secuestro y dejación de la armas y a cambio de una justicia de reparación y no repetición con una justicia  integral no de venganza, sino de diálogo y penas restaurativas en que no haya ni vencedores ni vencidos para  quienes han estado integrados en la subversión y que han fomentado la violencia, que involucra a aquellos grupos civiles al margen de la ley vinculados al conflicto armado, que han hecho perjuicios económicos y alteración del bienestar ciudadano con reparación de las víctimas y al Estado.

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 El país reclama con urgencia un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, que lleve de la mano la disminución a buena escala de los cultivos de coca, y el regreso del campesinado al campo bajo una política de paz y convivencia, que estaría en consonancia con el proyecto de reforma agraria  que beneficiaría a grandes sectores desprotegidos, debido a la dedicación equivocada de las grandes zonas de cultivo a la ganadería y el cultivo de palma africana.

Para esas finalidades es necesario el diálogo con los comandantes del ELN y las disidencias de la FARC, las autodefensas gaitanistas, y bandas criminales, así como los grupos paramilitares y particulares que contribuyeron a esa guerra fratricida que debe acabarse.

La invitación que hizo el Presidente Petro fue: “He autorizado (…) suspender órdenes de extradición (…) para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional”.

El  Presidente Gustavo Petro le propuso al Gobierno de Estados Unidos cambiar la política de extradición de narcotraficantes, abriendo una puerta a las negociaciones con el Estado en Colombia, y beneficios jurídicos para quienes no reincidan. Para quienes no se acojan a este plan o negocien, pero reincidan, la extradición sería inminente y sin privilegios jurídicos.

"Narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida, se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Y narcotraficante que negocie con el Estado colombiano (tendrá) beneficios jurídicos, y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita”.

Falta por ver las negociaciones del gobierno colombiano y las que sean aceptadas por Estados Unidos, respecto a los delitos de narcotráfico que ha estado ligado a los miembros de organizaciones alzadas en armas con quienes se busca la paz como una necesidad imperiosa de nuestra sociedad.