Por Renzo García

*Exdiputado y excandidato a la Alcaldía de Ibagué

Su oposición, argumentada bajo una falaz y soterrada defensa de la autonomía territorial, parece ignorar la jerarquía normativa y el profundo arraigo constitucional que sustentan las APPA, así como la vocación eminentemente agropecuaria del departamento del Tolima.

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Arranquemos esta discusión resaltando como la Constitución Política, en su artículo 64 establece que “es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa”; de igual forma manifiesta de manera literal que “el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales (…)”.

Por otra parte, el Articulo 65 manifiesta que “la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras (…)”.  El artículo 311 establece que “al municipio como entidad fundamental de la división político- administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.

Los artículos anteriores establecen claramente que las APPA conllevan la protección especial del campesinado y la producción de alimentos. Son áreas declaradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, destinadas a la producción de alimentos, que se constituyen en determinantes de ordenamiento territorial y norma de superior jerarquía, por lo tanto, deben tenerse en cuenta en la formulación, revisión y actualización de los planes de ordenamiento territorial.

Para declarar un APPA se tienen que establecer previamente las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos, (ZAPPA), las cuales surgen a partir de estudios técnicos que realiza la UPRA, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria; a partir de esta zonificación se generan procesos de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y diálogos multiactor, que finalmente permiten la declaratoria de la APPA.

Las APPA se erigen como herramientas cruciales para salvaguardar la base de la seguridad, soberanía alimentaria y el desarrollo rural sostenible. Su importancia radica en la protección de los suelos más aptos para la agricultura, especialmente aquellos donde la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Al promover el uso eficiente del suelo y los recursos hídricos, las APPA buscan asegurar una producción de alimentos continua y sostenible, garantizando así la disponibilidad permanente de alimentos nutritivos y culturalmente apropiados para las comunidades.

Además, estas áreas buscan integrar el ordenamiento productivo con la planificación territorial y fomentar un desarrollo rural integral a través de la colaboración entre diversos actores, contribuyendo de manera significativa a la realización del derecho humano a la alimentación en los territorios.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que las APPA, como determinantes de ordenamiento territorial de segundo nivel y norma de superior jerarquía según la Ley 388 de 1997 (modificada por la Ley 2294 de 2023), buscan garantizar y promover un uso equitativo y racional del suelo para la producción de alimentos dentro de la frontera agrícola nacional. Las APPA no son una imposición arbitraria del Gobierno Nacional, sino una herramienta legítima y necesaria para complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo sostenible, priorizando la producción de alimentos para el bienestar de todos los colombianos.

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Resulta paradójico que la Gobernadora del Tolima y la mayoría de diputados de la Asamblea Departamental, en un territorio cuya economía se basa significativamente en la agricultura, se opongan a una figura que busca fortalecer la producción sostenible de alimentos, atraer inversión al sector agropecuario y mejorar la infraestructura para la transformación, almacenamiento y comercialización de productos agrícolas. Su rechazo levanta serias dudas sobre su compromiso real con el campesinado tolimense, con el desarrollo integral de la región y con el cumplimiento de los acuerdos de paz (Reforma Rural Integral).

Vale la pena recordar a estos opositores del gobierno nacional que las determinantes de ordenamiento territorial existen en Colombia desde hace cerca de tres décadas, incluyendo las ambientales, las de patrimonio cultural y de infraestructura. Oponerse a una determinante territorial que busca proteger la base de la seguridad y soberanía alimentaria, junto a la economía campesina del Tolima, revela una postura que prioriza intereses particulares sobre el bienestar colectivo.

Señores diputados y Gobernadora, las APPA no prohíben el desarrollo de proyectos de infraestructura o vías, solo exigen que estos se articulen con las normas de superior jerarquía y los instrumentos de ordenamiento territorial, garantizando siempre la producción de alimentos. La reglamentación de los usos del suelo dentro de las APPA, por parte de los municipios, debe tener como principio fundamental la protección del derecho humano a la alimentación.

Decir que las APPA prohíben la siembra de determinados cultivos, que le quita la autonomía al campesinado, que promueven la expropiación indirecta y otros argumentos inverosímiles, son la mayor de las mediocridades en este debate. Las APPA son instrumentos que permitirán ordenar el territorio con un uso prioritario para las actividades agropecuarias, entendidas las acuícolas, forestales, agroindustriales, agrícolas, entre otras que se encuentran integradas al sector de la agricultura.

Es importante que la ciudadanía del Tolima examine con detalle las verdaderas motivaciones detrás de este rechazo que promueve la Gobernación y la Asamblea del Tolima. ¿Acaso no será que están defendiendo la minería a gran escala, tal como lo hizo su jefe Oscar Barreto al defender el proyecto La Colosa de la Anglogold Ashanti y objetar el acuerdo municipal del concejo de Ibagué que prohibía la minería? ¿Será que están priorizando una visión de desarrollo extractivista y minera, que sacrifica la vocación agropecuaria del departamento y el bienestar de sus campesinos?

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Hago un llamado a los diversos sectores de la sociedad tolimense, especialmente a las organizaciones campesinas, para que rechacen los discursos engañosos de la Gobernadora del Tolima y la mayoría de los diputados sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos.

Resulta inadmisible que consideraciones políticas de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro obstaculicen la implementación de herramientas normativas diseñadas para garantizar el derecho a la alimentación y promover un desarrollo territorial justo y sostenible. Es crucial que la comunidad se una para defender estas iniciativas, las cuales son fundamentales para el bienestar y la seguridad alimentaria de la región.