Por Felipe Ferro

*Diputado Asamblea del Tolima. Centro Democrático

En Colombia, los criminales ya no se esconden. Caminan por las calles con traje de cordero, son bienvenidos en las tarimas del poder y ahora, gracias al nuevo proyecto de ley del Gobierno Petro, están a un paso de salir de prisión por la puerta grande, con aplausos y condecoraciones.

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El Estado, que debería ser el bastión de la legalidad, ha pasado de combatir el crimen a concederle privilegios. Este proyecto de “sometimiento a la justicia” no es más que el cumplimiento del infame pacto de La Picota: una negociación bajo la mesa con los capos más peligrosos de Colombia para asegurar votos y perpetuar un modelo de impunidad.

La propuesta contempla dos escenarios: la firma de acuerdos de paz con grupos armados o el sometimiento unilateral de bandas criminales. En ambos casos, se abre una puerta que en realidad es una rendición disfrazada. Se promete justicia, pero se entrega claudicación. En lugar de penas ejemplares, el proyecto propone condenas de 5 a 8 años para cabecillas responsables de crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos humanos. A los demás miembros, incluso si cometieron delitos, se les ofrece entre 2 y 5 años. Y a los que simplemente “pertenecieron”, penas simbólicas o incluso no privativas de la libertad. ¿Dónde queda la justicia para las víctimas? ¿Dónde el castigo proporcional al horror?

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Esto no es justicia, es complicidad institucionalizada. Es una fórmula legal para garantizar que los aliados del presidente no sean extraditados a los Estados Unidos, donde sí pagarían con décadas de cárcel. Aquí, en cambio, se les ofrece un sistema a la medida, con procesos abreviados, penas mínimas y la posibilidad de reincidir bajo la sombra de una promesa vacía de no repetición. Se pretende maquillar esta entrega con palabras como “reparación”, “verdad” y “seguimiento”. Pero los hechos muestran otra realidad: Colombia lleva más de dos décadas negociando con criminales que, una y otra vez, traicionan su palabra y vuelven al crimen.

Los riesgos son enormes. Esta ley podría convertirse en una amnistía encubierta para narcotraficantes, violadores de derechos humanos y terroristas urbanos. No solo por los beneficios desproporcionados, sino porque se incluye de forma descarada a los miembros de la primera línea detenidos por delitos como tortura o tentativa de homicidio durante las protestas. ¿Eso es protesta social? ¿Eso merece el perdón del Estado?

La paz total no puede ser sinónimo de impunidad total. Petro no quiere desarmar a los grupos armados: quiere legitimarlos, usarlos como fichas políticas, como peones de una revolución que ya fracasó en otros países y que aquí pretende avanzar, no con votos, sino con miedo. Este proyecto de ley no es un acto de reconciliación, es un acto de traición a la justicia, a las víctimas y a millones de colombianos que sí cumplen la ley.

Colombia no necesita más indulgencias con los criminales. Necesita un gobierno que castigue al bandido y proteja al ciudadano. Pero mientras Petro sea presidente, los grandes capos y criminales de guerra negocian su libertad con leyes hechas a la medida. Esta no es una política de paz, es una política de privilegios para los violentos. Y cuando el Estado se arrodilla ante el crimen, lo que se firma no es un acuerdo de reconciliación, sino un pacto de impunidad… el pacto de La Picota.