Por: Renzo García

*Exdiputado y excandidato a la Alcaldía de Ibagué

El Congreso de la República fue escenario de una audiencia pública convocada por el senador Robert Daza y los representantes a la Cámara Martha Alfonso y Andrés Cancimance, que tuvo como epicentro de la discusión los bonos de carbono.

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Las intervenciones de voceros de organizaciones sociales, sumadas a las respuestas de las instituciones estatales presentes, revelaron un panorama preocupante: los bonos de carbono, particularmente los proyectos REDD+, no solo han incumplido sus objetivos iniciales, sino que se han convertido en un negocio privado que vulnera flagrantemente los derechos humanos, territoriales y bioculturales.

Recordemos que los proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) se concibieron como mecanismos para mitigar el cambio climático mediante la conservación de bosques y la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En su diseño teórico, se busca incentivar la protección forestal a través de la compensación económica, generando créditos de carbono comercializables. Sin embargo, la implementación práctica de estos proyectos ha generado controversias y críticas debido a la falta de transparencia, la vulneración de los derechos de las comunidades locales y la efectividad en la reducción real de emisiones.

La información develada en la audiencia resulta desconcertante y alarmante. La Contraloría General de la República, al referirse a la Resolución 1447 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) que establece el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional, ha señalado la ausencia de una plataforma de registro para el seguimiento y conocimiento de los proyectos REDD+. Esta deficiencia evidencia la falta de control e información suficiente por parte del Estado colombiano sobre dichos proyectos, a pesar de los siete años transcurridos desde la expedición de la resolución.

El IDEAM ha constatado la ausencia de líneas de base robustas y metodológicamente sólidas que permitan evaluar la eficacia real y el propósito subyacente de los mercados de bonos de carbono. Esta carencia crítica socava la transparencia y la rendición de cuentas, elementos fundamentales para la integridad de estos mecanismos.

Paralelamente, las comunidades afectadas han denunciado la ineficacia del impuesto al carbono para generar reducciones significativas en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo que pone en tela de juicio su contribución real a la mitigación del cambio climático.

Resulta evidente que los proyectos REDD+ operan en una esfera ajena a las realidades y necesidades de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Esta desconexión intrínseca se traduce en la ausencia de garantías efectivas para el respeto de sus derechos y la protección de sus territorios. En otras palabras, la implementación de REDD+ no salvaguarda, en modo alguno, los derechos de las poblaciones rurales que históricamente han sido guardianes de los ecosistemas.

Adicionalmente, se ha documentado un patrón alarmante de afectaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de estas comunidades. Los proyectos REDD+ vulneran la libre determinación, la autonomía y el autogobierno, así como la identidad e integridad física y cultural. Se socava el derecho a la tierra y el territorio, se omite el consentimiento previo, libre e informado, y se desconoce la condición del campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Esta situación representa una grave violación de los principios de justicia ambiental y derechos humanos.

La ausencia de una gobernanza rigurosa y de sistemas de contabilidad transparentes y verificables obstaculiza significativamente la evaluación precisa del impacto real de los proyectos REDD+ en la mitigación de emisiones y la conservación de los ecosistemas. En más de dos décadas de implementación, se evidencia una carencia estructural derivada de la exclusión sistemática de las comunidades en la formulación y la distribución de beneficios de estos proyectos. Esta omisión no solo compromete la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también socava la integridad y la eficacia de estos mecanismos de mitigación climática. Con ello se desdibuja el potencial real de estas acciones para enfrentar la crisis climática.

La actuación de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), ejemplificada en el caso de Cortolima y las denuncias de la Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea, revela una alarmante carencia de transparencia y un flagrante desprecio por los derechos de las comunidades.

Esta negligencia ética y profesional en el monitoreo, control y salvaguarda de derechos es insostenible en el contexto de la crisis climática, donde la gestión responsable de los ecosistemas y el bienestar comunitario son imperativos. La inacción de estas entidades erosiona la confianza en la institucionalidad ambiental y compromete la resiliencia de los territorios frente a los impactos del cambio climático, con lo cual se exacerba la vulnerabilidad de las comunidades.

En resumen, el resultado palpable es el avance del negocio privado, la mercantilización de la naturaleza, la especulación sobre la tierra, el despojo territorial, el acaparamiento de tierras y una aguda conflictividad socioambiental, todo ello acompañado de violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales.

Proponemos explorar acciones que detengan este colonialismo y capitalismo verde, implementando una moratoria, u otra figura, hasta que se establezca una institucionalidad sólida que garantice el cumplimiento real de las Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+ en Colombia. Estas salvaguardas incluyen: 1) correspondencia con la legislación nacional, 2) transparencia y acceso a la información, 3) rendición de cuentas, 4) reconocimiento de las estructuras de gobernanza forestal, 5) fortalecimiento de capacidades, 6) consentimiento libre, previo e informado, 7) respeto del conocimiento tradicional, 8) distribución de beneficios, 9) derechos territoriales, 10) participación, 11) conservación de bosques y biodiversidad, 12) provisión de bienes y servicios ambientales, 13) ordenamiento ambiental y territorial, 14) planificación sectorial y 15) control y vigilancia forestal para evitar el desplazamiento de emisiones.

Es fundamental vincular el desarrollo de los proyectos REDD+ al cumplimiento estricto del Acuerdo de Escazú y procesos de beneficio directo a las comunidades campesinas y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Es indispensable reconocer que los sistemas de conocimientos propios, los saberes tradicionales y los diversos procesos bioculturales de las comunidades rurales son las que han permitido mantener la integridad y protección de los ecosistemas, por tal razón deben ser ellas las primeras beneficiarias de estos proyectos.

Es imperativo, especialmente en el contexto de un gobierno de cambio, que los altos funcionarios participen activamente, proporcionen respuestas y ayuden a transformar este colonialismo del siglo XXI. Solicitamos respetuosamente a los funcionarios públicos que trasciendan los roles de escucha y acompañamiento, y que, en cumplimiento de la responsabilidad del gobierno de cambio, colaboren en la búsqueda de soluciones a estas problemáticas y en la ruptura de las lógicas de saqueo y despojo. De igual forma es de suma importancia que garanticen la participación reforzada de las comunidades rurales en estos procesos.

Urge que los organismos de control investiguen con máxima rigurosidad las irregularidades evidenciadas, donde exfuncionarios públicos, ahora vinculados a estas empresas, han utilizado información privilegiada para beneficio personal y lucro privado, una práctica que constituye un ilícito. Es imperativo prevenir el enriquecimiento ilícito a expensas de la degradación ecosistémica y la deforestación de nuestros bosques, salvaguardando así la integridad de nuestros ecosistemas y la lucha contra la crisis climática.