Por: Jonathan Ortiz
*Geólogo

El reciente aumento del 13.7% en la tarifa del transporte público en Ibagué ha causado una gran indignación entre los ciudadanos. Mientras otras ciudades como Bogotá (10.9%), Manizales (11.7%) y Cali (9.3%) han optado por incrementos más moderados, en Ibagué el aumento se presenta como un golpe directo al bolsillo de los usuarios, especialmente cuando no se ven avances reales en la calidad del servicio ni en la inclusión de personas con discapacidad y movilidad reducida.

Este incremento resulta aún más cuestionable cuando se considera que la gestión del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) ha sido ineficaz y las promesas de mejoras siguen siendo solo eso, promesas vacías.

El tema de la inclusión de personas con discapacidad ha sido uno de los puntos más olvidados por las autoridades. Desde hace más de dos años, se ha hablado de la implementación de 41 busetas adaptadas para personas con movilidad reducida, pero estas busetas no están trabajando como deberían.

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En lugar de ofrecer una solución real, estas unidades siguen sin operar correctamente, y la situación sigue siendo la misma para las personas con discapacidad, que no tienen acceso a un transporte digno y accesible.

Además, no solo las personas con discapacidad están siendo afectadas, sino todos los usuarios del transporte público. Los retrasos son constantes, la contaminación en las busetas es evidente, y el servicio sigue siendo deficiente.

No se puede justificar un aumento tan alto en la tarifa cuando no se ha logrado mejorar la calidad del servicio en aspectos fundamentales. ¿Dónde está la respuesta efectiva a las demandas de los ibaguereños?

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El SETP, que se supone debería ser la solución a estos problemas, sigue sin funcionar de manera eficiente. Las autoridades y las empresas de transporte parecen más centradas en justificar los aumentos tarifarios que en cumplir con las promesas hechas a los ciudadanos. Es más, el concejal “de los transportadores” ha sido uno de los principales defensores de este incremento, argumentando que es necesario para garantizar la viabilidad del servicio.

Sin embargo, la realidad es que su defensa parece más un respaldo a los intereses de las empresas de transporte que a los de los usuarios. No se está considerando la calidad del servicio ni las necesidades básicas de los ibaguereños, como el acceso a un transporte público accesible y eficiente.

Las autoridades locales, en conjunto con las empresas de transporte, deben rendir cuentas ante la ciudadanía. Es incomprensible que se justifique un aumento tan elevado sin ofrecer mejoras concretas. Los ciudadanos no solo están pagando más por el servicio, sino que también se les está ignorando en sus demandas más fundamentales. Mientras el concejal de los “transportadores” defiende el aumento sin proporcionar explicaciones claras ni evidencia de que el servicio ha mejorado, los usuarios siguen esperando una respuesta que no llega.

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Es hora de que se priorice el bienestar de los ciudadanos y no solo los intereses de los transportadores. Mientras no se logren avances reales en la inclusión, la eficiencia y la calidad del servicio, cualquier aumento solo será una muestra más de la desconexión de las autoridades con las verdaderas necesidades de la población.