Por Martha Alfonso
*Candidata a la Cámara de Representantes por el Tolima

Desde la pandemia del COVID-19 el uso de transporte público urbano de busetas ha disminuido en todo el territorio nacional; en el caso de Ibagué, en el año 2019 el número de pasajeros registrado fue de 18´718.000, mientras que para el año 2020, en plena pandemia, llegó a ser de apenas 6`181.000.

Para el año 2025 el número de pasajes fue solamente de 10’965.123, cifra que aún está lejos de alcanzar los más de 18 millones de pasajeros del año 2019; peor aún, la tendencia entre el año 2021 - 2025 muestra un estancamiento del uso del transporte público urbano de busetas en la ciudad de Ibagué. 

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Si bien el fenómeno de disminución del uso del transporte público fue general en todo el territorio nacional, lo cierto es que en Ibagué dicha caída ha sido especialmente profunda: mientras que en Ibagué la disminución de pasajeros de 2019 a 2025 fue del 41,4%, a nivel nacional la disminución sólo alcanzó el 20% (DANE, 2025).

En este contexto, es que hay que evaluar la equivocada e inconveniente decisión de aumentar $400 pesos la tarifa del servicio de transporte público en Ibagué para 2026. Este incremento representa un 13,8% con respecto al año 2025, lo que significa una tarifa de $3.300 de lunes a sábado y de $3.400 para los días domingos y festivos.

Esta decisión corre el riesgo de incentivar que los ibaguereños usen otros medios de transporte y puede profundizar tendencias como el aumento del parque automotor privado y el uso de transporte público informal, que a su vez agudiza problemas como los trancones urbanos y el aumento del presupuesto público destinado a vías.

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Además, podría consolidarse una tendencia a la baja del uso del transporte público de busetas y es de esperarse que disminuya también la frecuencia de las rutas, no aumente la franja horaria del recorrido de busetas y aumenten las tensiones relacionadas con la Guerra del Centavo, siendo los más afectados los niños, adultos mayores y grupos económicos más vulnerables que sólo pueden desplazarse por este medio de transporte al colegio, hospital, trabajo, etcétera.

Por ejemplo, mientras en el 2024 el registro de vehículos particulares nuevos fue de 7.225 para el 2025 —sólo hasta el mes de octubre— ya se habían registrado 9.096 vehículos particulares nuevos, la mayoría de ellos motocicletas.

La anterior cifra contrasta con la caída en el registro de vehículos públicos y oficiales para el mismo periodo, donde se pasó de 47 vehículos registrados a sólo 26 (RUNT, 2025 y DANE, 2025). ¹ 

Mientras la motorización aumenta y el uso de transporte público de busetas disminuye, la ciudad no cuenta con una estrategia coherente en materia de movilidad sostenible y la promoción de la igualdad social; todo lo contrario, el aumento de la tarifa del transporte público se da por encima de la inflación del año pasado (que fue del 5,1%), y peor aún si se tiene en cuenta que la inflación anual de Ibagué estuvo por debajo del promedio nacional, al ubicarse en 4.15%, y a pesar de que en el año 2026 se mantiene el subsidio al diésel para los vehículos de transporte público.

Dado esto ¿cuál es la justificación para un aumento de la tarifa de 13,7%? Según la Alcaldía, "el alza es necesaria para garantizar la sostenibilidad, operatividad y mantenimiento del sistema de transporte público en la ciudad".  Lo cierto es que el aumento del salario mínimo no se puede convertir en excusa para ocultar las profundas ineficiencias del sistema de transporte público de Ibagué que ahora se le pretenden trasladar a los usuarios con incrementos de la tarifa por encima del promedio nacional.

Mientras que en Ibagué el aumento es del 13.7%, en ciudades como Cali el incremento fue de 9.3%, en Bogotá 10.9%, en Manizales 11.7%. Frente al pésimo servicio de transporte público de Ibagué, que ha conducido a que miles de personas se bajen de la buseta, el “premio” no puede ser un incremento de la tarifa que ponga a los ibaguereños a pagar por sus ineficiencias.

Es claro que en Ibagué el incremento de la tarifa no está respaldado por mejoras reales en la calidad del servicio. La implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público sigue inconclusa, no existe aún un sistema verdaderamente integral, la flota no garantiza condiciones óptimas de seguridad ni de comodidad, persisten fallas en la regularidad y confiabilidad de las rutas, y la ciudad carece de la infraestructura vial necesaria para una operación eficiente.

En este escenario, resulta injustificable trasladar a los usuarios un aumento de $400 cuando no se les está ofreciendo un servicio moderno, seguro, oportuno y de calidad, como corresponde a una ciudad que dice apostar por la movilidad sostenible y el derecho a un transporte público digno.

 ¹Las cifras del año 2025 son provisionales en ambas fuentes de información.