Por: Edgardo Ramírez Polanía

Gobernar significa, ante todo, mantener viva la esperanza de una sociedad y convertirla en hechos capaces de modificar la existencia de quienes durante años han esperado que el Estado deje de ser una promesa distante y se convierta en una presencia cierta de beneficio social.

La esperanza es una de las fuerzas más profundas del ser humano; es la mejor manera de querer, pero también una de las más frágiles. Puede sobrevivir a la pobreza, a la violencia, al abandono y aun a las grandes frustraciones colectivas, pero difícilmente resiste cuando quienes gobiernan convierten las promesas en una costumbre y los resultados en una permanente espera.

Colombia ha vivido buena parte de su historia entre anuncios de paz, ofrecimientos de transformación y propósitos de reconciliación. Cada gobierno llega acompañado de nuevas expectativas y cada presidente convoca al país alrededor de la posibilidad de un futuro mejor. Es natural que así ocurra, porque una sociedad que pierde completamente la esperanza termina perdiendo también la confianza en sus instituciones. Pero la esperanza no puede sostenerse indefinidamente sobre palabras, necesita hechos que la justifiquen.

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Para quien contempla el conflicto desde las grandes ciudades, la violencia puede reducirse a estadísticas, comunicados oficiales, debates políticos o noticias que desaparecen al día siguiente. Muy distinta es la realidad del campesino que se levanta sin saber si podrá trabajar tranquilamente su tierra, llevar sus productos al mercado, enviar a sus hijos a una escuela, recibir atención médica cuando la necesite o conservar su parcela sin tener que someter su voluntad a quienes imponen su autoridad mediante chantaje y las armas.

Mientras extensos territorios continúen bajo el dominio o la influencia de organizaciones criminales; mientras el narcotráfico siga imponiendo economías, conductas y silencios; mientras el campesino encuentre primero al hombre armado que al maestro, al médico, al juez o al funcionario público, resultará difícil hablar de una paz verdadera.

La paz no puede construirse solamente con símbolos, declaraciones o consignas ni tampoco a bala. Colombia lo aprendió hace muchos años. Durante el gobierno de Belisario, la paloma se convirtió en la expresión de una inmensa esperanza nacional. Representaba el deseo sincero de superar décadas de violencia y abrir un camino de entendimiento. Pero la historia también nos enseñó que ningún símbolo, por hermoso que sea, puede reemplazar las transformaciones que necesita una sociedad.

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Una paloma puede representar la paz, pero no construye una escuela, no abre una carretera, no lleva un médico hasta una vereda olvidada, no concede crédito al pequeño agricultor, no genera empleo ni protege por sí sola a una familia amenazada. Cuando el Estado abandona un territorio, alguien termina ocupando su lugar, y demasiadas veces en Colombia ese vacío ha sido aprovechado por quienes gobiernan mediante el miedo, la extorsión, las armas y el narcotráfico.

Por eso la presencia del Estado no puede reducirse exclusivamente a la fuerza pública, aunque garantizar la seguridad sea una obligación esencial a la cual ningún gobierno puede renunciar. El Estado debe llegar también convertido en educación, justicia, salud, carreteras, crédito, tecnología, empleo y oportunidades. La seguridad protege la vida, pero las oportunidades permiten construirla.

La verdadera derrota de la violencia comenzará cuando un joven campesino encuentre más razones para ingresar a una universidad que para incorporarse a una organización armada; cuando cultivar legalmente la tierra produzca más bienestar que participar en una economía ilícita; cuando ser campesino deje de significar abandono y cuando una familia pueda permanecer en su parcela sin tener que escoger entre pagar una extorsión, desplazarse o arriesgar la vida.

Sería injusto atribuirle a un solo gobierno todos los males que Colombia viene acumulando durante generaciones. Nuestra violencia tiene raíces antiguas y responsabilidades compartidas. Ningún presidente puede resolver en cuatro años problemas que se fueron formando durante décadas. Pero tampoco puede esa realidad convertirse en una explicación permanente para justificar el fracaso o la inacción. Cada gobierno recibe una parte de la historia y tiene la obligación moral de entregarla mejor de como la encontró.

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Gobernar significa avanzar donde otros no pudieron hacerlo, corregir aquello que fracasó y entender que las comunidades no pueden vivir eternamente de promesas. Una política que no transforme los territorios en convivencia y bienestar, corre el riesgo de convertirse en retórica, y una reconciliación que no esté acompañada de seguridad, justicia, empleo y oportunidades terminará produciendo nuevas frustraciones.

También la esperanza se desgasta. Los pueblos pueden esperar durante años e incluso durante generaciones, pero llega un momento en que las palabras dejan de conmoverlos porque han escuchado demasiadas veces las mismas promesas. Entonces aparece el desencanto, y pocas cosas resultan tan peligrosas para una democracia como una sociedad que comienza a preguntarse para qué sirven sus instituciones.

El gobierno que quiera hablar de esperanza y reconstrucción moral debe comprender, por tanto, la enorme responsabilidad que esa palabra encierra. No basta convocarla desde una plaza pública ni repetirla desde los discursos oficiales. Hay que construirla todos los días, allí donde el Estado ha estado ausente y donde los ciudadanos han aprendido, muchas veces por necesidad, a sobrevivir sin él.

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La esperanza necesita que el Estado llegue antes que los violentos; que una madre encuentre un hospital antes que una excusa burocrática; que un muchacho encuentre una escuela antes que un fusil; que el campesino pueda trabajar sin pagar extorsiones; que el propietario conserve su tierra sin someterse a la voluntad de un delincuente y que quien viva honestamente compruebe que la legalidad todavía ofrece un futuro mejor que el camino de la ilegalidad.

La diferencia entre la esperanza y la ilusión radica precisamente en que la primera reconoce las dificultades y trabaja para superarlas, mientras la segunda se conforma con imaginar que algún día desaparecerán. Colombia necesita una esperanza consciente, exigente y respaldada por resultados, como en el terremoto; no aquella que obliga a cerrar los ojos frente a la realidad, sino la que permite abrirlos y comprobar que algo comienza verdaderamente a cambiar.

Esperar no puede significar resignarse. También significa reclamar, participar, vigilar y exigir. Quizá la mayor responsabilidad de cualquier gobierno sea lograr que sus ciudadanos puedan seguir creyendo en el país, no porque alguien se los pida desde un atril, sino porque encuentren en su propia vida, en su familia y en el territorio donde habitan razones suficientes para conservar la esperanza y su progreso en paz, consigo mismo y con los demás.