Por: Edgardo Ramírez Polanía

El triunfo político constituye una de las expresiones más complejas de la lucha del hombre por el poder. Desde las antiguas civilizaciones hasta las democracias contemporáneas, la victoria ha sido celebrada como una manifestación de superioridad, cuando en realidad apenas representa una circunstancia dentro del movimiento permanente de las fuerzas sociales y de las contradicciones que acompañan la existencia humana.

La política no puede comprenderse únicamente como el arte de conquistar el poder, sino como la capacidad de interpretar las aspiraciones colectivas y transformarlas en instituciones que garanticen la convivencia humana. En ello reside la diferencia entre el vencedor electoral y el estadista. El primero alcanza una posición; el segundo comprende la responsabilidad histórica que ella representa.

Cuando las sociedades pierden su capacidad crítica y reflexiva, quedan expuestas a la seducción de movimientos y dirigentes que prometen transformarlo todo, sin explicar racionalmente cómo habrán de realizarse esos cambios, cuáles serán sus consecuencias ni de qué manera contribuirán al bienestar colectivo. La política deja entonces de ser un ejercicio de pensamiento y responsabilidad para convertirse en un instrumento de manipulación de las esperanzas populares.

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El estudio de los partidos políticos y de las estructuras del poder permite comprender que la democracia no se agota en la competencia electoral. Los partidos expresan intereses, organizan voluntades y disputan la dirección del Estado dentro de sociedades atravesadas por contradicciones económicas, culturales y sociales. La victoria de una organización política no elimina esas contradicciones ni convierte sus postulados en verdades absolutas.

Por el contrario, el triunfo inaugura una responsabilidad mayor que la propia conquista del poder. Quien vence recibe una autoridad jurídica, pero su legitimidad política debe sostenerse en el ejercicio de sus funciones, en el respeto a las instituciones y en el reconocimiento de quienes no compartieron sus ideas. La victoria no concede el derecho de gobernar mediante amenazas o descalificaciones, porque el poder democrático no se legitima por la humillación de los vencidos, sino por el respeto a los derechos de todos.

Sin embargo, suele ocurrir que los seguidores de quienes alcanzan el triunfo electoral atribuyen a la victoria la virtud de transformar, como por arte de magia, las conductas, los programas y las convicciones de quienes gobiernan. Algunos llegan incluso a suponer que la derrota de sus adversarios justifica cualquier procedimiento contra ellos, olvidando que la democracia no autoriza a convertir la confrontación de las ideas en una persecución contra las personas.

Nada más contrario a la naturaleza del Estado democrático. La responsabilidad de los gobernantes debe establecerse por sus actuaciones públicas y por las consecuencias que ellas producen sobre la sociedad, no mediante la exposición malintencionada de episodios de su vida íntima que carezcan de verdadera relevancia pública. La fiscalización del poder es una exigencia de la democracia, pero no puede confundirse con la utilización de la intimidad como instrumento de destrucción personal o política. Desde luego, cuando una conducta privada compromete el ejercicio de las funciones públicas, su investigación y divulgación pueden responder a un legítimo interés de la sociedad.

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Los medios de comunicación, particularmente los televisivos y algunas publicaciones, tienen también una responsabilidad ética frente a la difusión desbordada de acontecimientos que, bajo la apariencia de información, terminan convertidos en instrumentos de propaganda negra. La reiteración desmesurada de noticias, su presentación fuera de contexto y la explotación de circunstancias personales sin verdadera significación pública no contribuyen al esclarecimiento de los hechos ni a la formación de una conciencia ciudadana.

Por el contrario, alimentan el inconformismo, exacerban las pasiones colectivas y profundizan la polarización política. La libertad de informar, fundamento esencial de la democracia, debe ejercerse con independencia, rigor y responsabilidad. Una cosa es investigar los abusos del poder y otra convertir el descrédito personal en un procedimiento sistemático de confrontación política.

Uno de los errores más frecuentes de los seguidores de los gobernantes consiste en confundir la mayoría electoral con la representación exclusiva de la nación. Las mayorías son transitorias; la sociedad es permanente. Ningún resultado en las urnas concede a sus vencedores la propiedad del Estado ni el derecho de desconocer la pluralidad de la conciencia nacional.

La historia demuestra que el poder contiene una contradicción esencial. Se conquista mediante la confrontación, pero su ejercicio exige moderación; se obtiene por la afirmación de unas ideas, pero su legitimidad depende también del respeto a las ajenas. De ahí que la verdadera dimensión de una victoria no pueda medirse por la derrota del adversario, sino por la capacidad de gobernar sin convertirlo en enemigo.

Existe, además, una diferencia fundamental entre el triunfo político y el triunfo moral. El primero puede depender de las circunstancias, de las alianzas, de los recursos y de las emociones colectivas. El segundo exige coherencia entre los principios proclamados y las conductas realizadas. Un gobernante puede conservar el poder y perder su autoridad moral, así como un dirigente derrotado puede mantener intacta la significación histórica de sus ideas.

Las sociedades no avanzan necesariamente con quienes ganan las elecciones, sino con quienes comprenden las transformaciones de su tiempo. El progreso político no consiste simplemente en sustituir unos hombres por otros, sino en modificar las condiciones que reproducen la desigualdad, la exclusión y la injusticia social. La democracia adquiere su verdadero sentido cuando la voluntad popular se traduce en instituciones justas y en oportunidades reales para la dignificación de la existencia humana.

Mi pensamiento político no está subordinado a dirigentes ni partidos, sino a los principios democráticos, la justicia social y la dignidad humana. La independencia de criterio exige reconocer los aciertos sin renunciar a la crítica de los errores, cualquiera que sea su procedencia.

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La victoria, por consiguiente, no constituye una consagración personal ni una autorización para ejercer el poder sin límites. Es una oportunidad histórica sometida al juicio de la sociedad, al control de las instituciones y, finalmente, al inexorable tribunal del tiempo.

Los triunfos electorales pertenecen a una fecha; sus consecuencias pertenecen a generaciones. Por eso, la grandeza de un dirigente no reside en la multitud que lo aclama cuando asciende, sino en las instituciones que deja cuando desaparece de la escena pública.

Al final, la política revela una de las paradojas de la condición humana. Muchos hombres alcanzan el poder creyendo haber conquistado la historia, sin advertir que es precisamente entonces cuando comienzan a responder ante ella.

Ganar una elección es un acontecimiento político; demostrar que se merecía la victoria constituye una responsabilidad histórica.