Por: Felipe Alejandro González Sabogal*

Quince personas muertas en medio de una escalada de violencia que ha sacudido al sur del Tolima. No es una cifra menor, tampoco una coincidencia estadística. Es la expresión más dramática de una crisis humanitaria y de seguridad que está desbordando la capacidad institucional de respuesta y que amenaza con devolver a esta región a escenarios de violencia que sus comunidades creían superados.

En Ataco, la Procuraduría advirtió el 31 de octubre sobre 11 homicidios registrados en menos de dos semanas. La violencia incluyó el asesinato de una adolescente de 16 años, la muerte de otros ciudadanos, la retención y posterior asesinato de cinco personas y el homicidio de un comerciante. A esta tragedia se sumó el atentado perpetrado el primero de noviembre en Planadas, que dejó cuatro civiles muertos, entre ellos una bebé de apenas dos meses, y 18 personas heridas. El balance de estos dos municipios alcanza, por tanto, al menos 15 víctimas fatales en 15 días.

La población civil está quedando atrapada en medio de disputas armadas por el control territorial y de economías ilegales, particularmente las relacionadas con la explotación ilícita de oro. Campesinos, mineros artesanales, comerciantes, estudiantes y familias enteras están expuestos a amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad y formas de intimidación que comprometen derechos fundamentales.

• Puede leer: La elección de la presidencia de la JEP: el Tolima tiene candidato

Lo verdaderamente grave es que esta situación no era imprevisible. La Defensoría del Pueblo había advertido desde 2022, mediante la Alerta Temprana 016, sobre los riesgos derivados de la presencia y disputa territorial entre estructuras disidentes en Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. También había señalado los peligros asociados a la expansión de economías ilícitas y al fortalecimiento de las estructuras armadas. Las advertencias existían. Los riesgos estaban identificados. Sin embargo, la violencia terminó alcanzando dimensiones que hoy enlutan al departamento.

En estas circunstancias, resulta insuficiente limitar la respuesta institucional a consejos de seguridad, declaraciones de rechazo, anuncios de recompensas y despliegues militares posteriores a las tragedias. La seguridad no puede medirse por la cantidad de reuniones convocadas ni por la contundencia de los pronunciamientos oficiales, sino por la capacidad efectiva de prevenir los homicidios, proteger a las comunidades y garantizar que el Estado tenga presencia permanente en los territorios.

• Además: Hambre en el Tolima

La responsabilidad tampoco puede convertirse en un intercambio de señalamientos entre el Gobierno Nacional y la administración departamental. Las competencias son distintas, pero la obligación constitucional de proteger la vida compromete a todas las autoridades. Antes, la gobernadora afirmaba que la crisis de seguridad era culpa del anterior gobierno, en la actualidad, con un gobierno de la misma tendencia política del barretismo, las excusas se acabaron y los resultados concretos de seguridad para la administración departamental son nulos o inexistentes.

Quince almas, quince vidas y especialmente de jóvenes, deberían ser suficientes para comprender que estamos frente a una emergencia que exige decisiones inmediatas y responsabilidades concretas. No se puede esperar otra masacre, otro atentado o una nueva lista de desaparecidos, las acciones del gobierno nacional deben ser inmediatas, concretas y responsables.

*Abogado. Magister en DDHH y Democracia y Magister en Gobierno y Relaciones Internacionales.