Lea: Riesgo jurídico hizo recular decisiones del Consejo Superior de la Universidad del Tolima

El viernes pasado, Leal tuvo una reunión de dos horas con los afectados del remezón en donde se estableció preliminarmente que las determinaciones adoptadas por el Consejo Superior al parecer habrían sido ilegales.

De acuerdo con el abogado, se tomaron decisiones apresuradas al acatar avances preliminares y no haber esperado la culminación del estudio técnico de restructuración que adelanta desde hace unos meses funcionarios de la Universidad del Valle.

“A esta altura no hay estudio, sencillamente hay un avance sumamente pobre que no puede dar el soporte a decisiones administrativas y que en el debate judicial podría llegar a ser desestimado.”, indicó Leal.

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De otra parte dijo que se está poniendo en evidencia serios cuestionamientos sobre si hay o no un ánimo de recuperar la crítica situación del alma mater y que por el contrario estén frente a decisiones que tengan como propósito mejorar la capacidad de maniobra de la rectoría para proveer cargos. “De demostrarse que esta situación es cierta, sería sumamente desafortunado”, manifestó.

Desde hace una semana, el equipo jurídico de Leal evaluó la información que han suministrado los ex empleados de la UT y llegaron a la conclusión de que hay un pronóstico favorable para iniciar las actuaciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Si bien la semana pasada la Asamblea del Tolima aprobó el proyecto de ordenanza que presentó la Gobernación para aumentar 2.500 millones en transferencias para la institución, genera preocupación que estos recursos se utilicen para pagar las millonarias demandas a las que se podría enfrentar el alma mater por una desacertada decisión del Consejo Superior.

Leal, también dejó una reflexión sobre las motivaciones que tiene el gobernador de haberle incrementado recursos a la universidad y se preguntó por qué lo hizo ahora y no antes en su primera administración del 2008. “Sería perverso y doloroso pensar que a la universidad se le puso plata por una coyuntura política y  que se eludan las obligaciones cuando la coyuntura no es favorable”, expresó.

De llegarse a comprobar las irregularidades jurídicas de las supresiones de los P18 y otros cargos, los más afectados serían los integrantes del Consejo Superior, responsables de la determinación que fue acogida por el rector Ómar Mejía el 17 de enero.

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Adicionalmente, hay nerviosismo al interior de las oficinas jurídicas de la institución, que estarían próximos a enfrentarse con un abogado que ha puesto en jaque en varias oportunidades a la Alcaldía y Concejo de Ibagué y se ha dado el lujo de ganarle un caso al ex fiscal general Mario Iguarán.