Por Nelson Lugo

*Economista.

Casi dos semanas después del terremoto que golpeó al occidente de Colombia, la respuesta solidaria sigue movilizando voluntarios, mercados y aportes privados. Cuatro de las mayores fortunas del país anunciaron $550.000 millones. El gesto merece reconocimiento, pero también plantea una pregunta menos cómoda: ¿qué ocurrirá cuando las cámaras se retiren y comience la recuperación de verdad?

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Pongamos la cifra en contexto. Luis Carlos Sarmiento Angulo anunció $200.000 millones; Jaime Gilinski, $150.000 millones; y David Vélez y la familia Santo Domingo, $100.000 millones cada uno. Frente a una reconstrucción estimada en $30 billones, los cuatro aportes no llegan al 2 %. Son valiosos para la urgencia, pero no reemplazan un plan nacional. La ayuda compra tiempo; por sí sola no reconstruye una economía.

El balance explica el desafío: 314 personas fallecidas, más de 30.000 viviendas destruidas y daños en vías, acueductos, centros de salud y escuelas. Cada estructura averiada suspende una actividad, encarece el transporte o detiene un comercio. El impacto económico es otra consecuencia de la tragedia.

La pandemia de 2020 nos enseñó que una empresa cerrada no pierde solo ventas: también proveedores, empleos y confianza para invertir. Seis años después enfrentamos otra interrupción. No bastará con abrir; habrá que recuperar la capacidad de producir, vender y contratar.

En la emergencia contamos ayudas. En la recuperación habrá que hacer otras cuentas. ¿Cuántos negocios reabrirán? ¿Quién sostendrá las nóminas y financiará al comerciante que perdió su inventario? Si esas preguntas se aplazan, las obras avanzarán mientras la economía local se queda atrás.

El aporte de los grandes grupos puede ser más valioso que un cheque. Colombia necesita su capacidad para ejecutar proyectos, movilizar crédito, comprar a proveedores locales y vigilar los recursos. La filantropía atiende; la capacidad empresarial transforma. Necesitamos ambas.

Eso no significa exigir una donación extraordinaria a cada empresario. Una pequeña empresa también aporta cuando conserva un empleo o mantiene un proveedor regional. La recuperación necesita decisiones que impidan que el daño inicial se convierta en desempleo permanente.

Aquí la confianza es un asunto económico. Sin información pública, metas verificables y responsables visibles, cada trámite demorará más y cada obra costará más. Las reglas claras atraen recursos y evitan que la solidaridad se diluya entre anuncios dispersos. La confianza no se pide durante una tragedia: se construye mostrando resultados.

En el Tolima la emergencia tiene otro rostro. Los incendios han afectado más de 8.500 hectáreas en 16 municipios. No vemos torres derrumbadas, pero sí suelos debilitados, agua bajo presión, cultivos expuestos y menor capacidad de producir. Una pérdida no deja de ser económica porque sea menos visible.

También aquí debemos dejar de reaccionar cuando el fuego ya comenzó. Una región empresarialmente seria protege el agua, conoce a sus proveedores y prepara sus operaciones. No es asunto exclusivo de los bomberos: cuando se quema el territorio, se reduce el mercado.

Bien administrada, la reconstrucción puede recuperar empleo y fortalecer capacidades regionales. Para lograrlo, los recursos deben contratar mano de obra local, comprar en los territorios afectados y vincular a sus pequeñas empresas. Si todo se adjudica lejos, tendremos obras nuevas sobre comunidades más pobres.

Mi postura es clara: Colombia no necesita vivir de campañas de emergencia, por generosas que sean. Necesita un acuerdo de recuperación entre Estado, empresas, banca, academia y comunidades, con gerencia, plazos y rendición de cuentas. Las donaciones de hoy pueden ser el punto de partida, pero sería un error presentarlas como la solución.

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La respuesta real no se medirá por el dinero anunciado esta semana. Se medirá cuando podamos contar negocios reabiertos, trabajadores de regreso, vías funcionando, hectáreas recuperadas, colegios reconstruidos y estudiantes en las aulas de clase. La solidaridad nos ayuda a resistir el golpe; la organización decidirá si el país vuelve a ponerse de pie.