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Opinión

El afán crediticio en el Líbano: un cheque en blanco sin sustento

El afán crediticio en el Líbano: un cheque en blanco sin sustento

Por: Henry Rengifo Hernández 


El panorama político y administrativo en el municipio de Líbano atraviesa por un episodio de alta tensión que desborda el simple debate presupuestal. La insistencia de la alcaldesa Beatriz Valencia en lograr que el Concejo Municipal le apruebe un empréstito por $5.000 millones de pesos, destinados hipotéticamente a la recuperación de la red vial urbana y rural, se ha convertido en una manzana de la discordia que amenaza la estabilidad de las finanzas locales. Y digo ‘hipotéticamente’ porque a estas alturas el proyecto no es claro sobre los sitios que serán intervenidos. 

Tras haber sido archivada en sesiones extraordinarias debido al firme rechazo de la ciudadanía y de varias veedurías comunitarias que evidenciaron la inconveniencia técnica y financiera de la propuesta, la iniciativa reapareció en las actuales sesiones ordinarias. La premura y el tono del Ejecutivo municipal, lejos de generar consensos, han polarizado a la corporación y a la opinión pública.

El ambiente se enrareció por completo este domingo 30 de agosto. A la sesión plenaria convocada solo acudieron los nueve concejales afines al proyecto; los cinco cabildantes restantes, entre ellos el vicepresidente en ejercicio de la presidencia por incapacidad del titular, optaron por no asistir. La respuesta oficial ante el estancamiento político fue desafortunada: los alrededores de la Alcaldía amanecieron militarizados y se restringió el acceso a ciudadanos y veedores. Convertir el recinto de la democracia local en un fuerte custodiado por la fuerza pública para debatir la adquisición de un empréstito es un síntoma inequívoco de la falta de garantías. Bajo ese clima de intimidación e incertidumbre, resulta difícil prever que la votación programada para este lunes 31 de agosto se desarrolle con normalidad.

Frente al rechazo de un amplio sector de sociedad libanense, la defensa del proyecto por parte del gobierno municipal y sus concejales aliados se ha reducido a la estigmatización política, argumentando que la oposición responde exclusivamente a directrices del "barretismo". Tal aseveración resulta falaz. Si bien en el espectro opositor pueden militar líderes de dicho sector, la resistencia real proviene de veedores independientes, ciudadanos sin filiación partidista y otros que puede que también la tengan0 pero que han demostrado con números en mano los riesgos de esta operación.

El argumento central de la administración (que los recursos se requieren de manera urgente para intervenir las vías terciarias e impactar al sector campesino) se cae por su propio peso. En la realidad de la obra pública colombiana, $5.000 millones de pesos representan apenas una gota de agua en un océano de necesidades viales. Entre costos de pavimentación, ejecución de placas huella e interventorías, el alcance real de las obras será mínimo. En cambio, el costo financiero será desproporcionado: con los intereses, la deuda para el municipio ascenderá a cerca de $7.000 millones de pesos. Deuda que terminarán pagando los libanenses a través de los impuestos.

Existe además una dura certidumbre técnica y de contratación: dada la cuestionable durabilidad que históricamente caracteriza a la infraestructura pública en nuestro medio, es altamente probable que cuando el municipio termine de pagar el crédito, las escasas vías intervenidas ya hayan vuelto a deteriorarse. Es uno de los principales argumentos para no aprobar tal iniciativa.

Disponer de cupo de endeudamiento no equivale a tener la obligación de usarlo. Aceptar un empréstito de esta magnitud en la recta final de un mandato no solo compromete el margen de maniobra de las futuras administraciones, sino que condena al municipio al estrangulamiento financiero a cambio de obras de impacto efímero.

La sensatez administrativa exige que la alcaldesa Beatriz Valencia desista de esta iniciativa. El Líbano no necesita un endeudamiento exprés tramitado a puerta cerrada y bajo el amparo de la fuerza pública, sino una planificación responsable que respete la voz de la ciudadanía. ¿Por qué tanto afán Alcaldesa y los nueve concejales?. 

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