El llamado a rendir cuentas que le hace la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, debido al enorme desorden suscitado alrededor de la facturación y posterior pago del impuesto predial, deja al descubierto los profundos vacíos que en transparencia administrativa ha evidenciado la actual Alcaldía.

En este aspecto, de ninguna manera puede pasar inadvertida la solicitud de la Procuraduría, cuando requiere al alcalde Hurtado para que explique las razones que tuvo para haber cambiado la Plataforma Integrada de Sistemas (PISAMI), por la adquirida a la empresa Realtiix SAS.

La extrañeza de la Procuraduría por este cambio la subraya en consideración a que la Plataforma PISAMI estaba funcionando de manera adecuada, situación que se evidenció en el año 2022. Es decir, aquí hay mucho por explicar por parte del señor alcalde Andrés Hurtado.

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Muy bien hace la Procuraduría al solicitar copia del contrato de prestación de servicios y suministro suscrito entre la Secretaría de Planeación y la empresa Realtiix SAS por $4’747.253.550.

Sin duda alguna, ese enorme despelote del pago del impuesto predial en Ibagué, es el reflejo de la mediocre administración de Andrés Fabián Hurtado durante sus más de tres años de gobierno, caracterizada fundamentalmente por el despilfarro de recursos y la contratación con presuntos sobrecostos.

Injusto, por decir lo menos que sean los contribuyentes ibaguereños quienes tengan que vivir un calvario a la hora de pagar este impuesto, cuando lo indicado es que la administración sea la que ofrezca un servicio digno, pues se trata de recaudar un impuesto que deja alrededor de 270 millones de pesos al municipio.

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El contrato de la plataforma para el cobro del predial, es otro entuerto más que se agrega a la política poco transparente y cuestionable que ha caracterizado a la administración del alcalde Hurtado, donde se malgastan los recursos con la complacencia de los órganos de control municipales que permanecen ciegos y sordos ante el desbarajuste administrativo.

Ojalá que la Procuraduría General de la Nación, que se apersonó de este caso de negligencia y dudosa contratación, llegue al fondo con su investigación, aclare esta grave situación, y se le ponga el tatequieto a un Alcalde, que además de estar ausentes de los problemas de la ciudad, se la pasa haciendo politiquería con el propósito de dejar sucesora.