Se realizó en esta  capital en forma reciente, el lanzamiento oficial del programa referente a este tema, con una clara característica, cual es que, en un estado de derecho, lo básico es el sometimiento  a reglas jurídicas. Y se apuntala esta acción con una premisa: “El encargado de velar por el cumplimiento de las mismas es el mismo servidor público y en caso de que algún ciudadano, considere irregular su actuación, podrá demandar  ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto es, ante el Juzgado Administrativo, ante el Tribunal de lo contencioso Administrativo y ante el Consejo de Estado, la reclamación pertinente”.

Viene al caso este acto, con los hechos que continuamente se presentan con los funcionarios públicos que, amparados en el poder, que curiosamente les concede el pueblo mediante votación o la bendición de algún político inescrupuloso, se convierten de la noche a la mañana en verdaderos tiranuelos inabordables, con potestad para pasar por encima de las normas establecidas en la Constitución y las leyes promulgadas para salvaguardar el orden institucional.

Durante lo corrido del año presente los hechos son palpable: designaciones irregulares, elección de funcionarios violando todos los códigos establecidos, participación de funcionarios sancionados en la toma de determinaciones administrativas en forma ilegal…  y cuando estos hechos se denuncian, los áulicos de los implicados, salen al ruedo a descalificar las denuncias con frases como: “aquí hay una función ciega de unas personas que no hacen nada por la región pero se oponen a todo”, “Son pensamientos mezquinos  y celosos que no les permiten trabajar y se dedican a eso al chisme, al daño”. “Esta es una clara persecución política”

Si ese es el pensamiento de quienes deben obrar para, con sensatez, evitar los desmanes y el cumplimiento de la ley,  ahora si entendemos cómo se procede a la elección de personajes como contralor, sub-contralor personeros y los asesores de despacho, aun así, estén destituidos, sancionados o implicados en abierta participación en política.

Es que la cultura de la legalidad, ha desaparecido en nuestro país, da la impresión que ser ilegal, da más dividendos y se ha llegado incluso a comentar que para lograr ascender en las escala del funcionamiento estatal, lo ideal es tener un buen prontuario pues ello avala la efectividad de los entuertos para evadir las sanciones a la corrupción y la impunidad, mientras que el ciudadano honesto, se convierte es una cortapisa para quien llega con el único fin de sacar dividendos desde su posición.

Y si profundizamos un poco más, se descubrirá como los  dirigentes políticos estimulan este tipo de acciones pues con ello pueden a su vez disculpar los horrendos abusos que comente con sus más allegados que deben firmar nóminas sin tocar los recursos que presuntamente ganan  o depositar un porcentaje de sus emolumentos y contratos para el bienestar de la causa o prestar sus nombres como testaferros para alcanzar contratos multimillonarios que engordan sus billeteras saqueando el erario sin posibilidad de obras que sean efectivas.