Por: Jaime Eduardo Reyes

*Director Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Ibagué

El Tolima tuvo empresarios visionarios que diseñaron un sistema de transporte aéreo que conectaba municipios nodales regionales con Bogotá y otras ciudades. A medida que fue pasando el tiempo, como respuesta a la política orientada al mercado, la dirigencia política y empresarial se concentró en el aeropuerto Perales de Ibagué dejando atrás el desarrollo de los aeropuertos subregionales.

Chaparral en el sur, Flandes en el centro-oriente, Mariquita en el Norte, no lograron despegar. Pistas en Alpujarra y Planadas sufrieron la misma suerte. Mientras tanto, estas zonas fueron perdiendo competitividad y empezaron a vivir una época de desigualdad territorial.

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Hoy, al revisar los pilares de competitividad del Tolima encontramos que estamos muy atrasados en transporte aéreo, reducidos al aeropuerto Perales, en donde los precios son muy altos, las frecuencias reducidas, y la infraestructura rezagada. Como en el resto del país, las regiones han tenido que resignarse a carreteras ineficientes, trayectos eternos y escasa presencia del Estado.

Factor de Condiciones básicas. Pilar de Infraestructura. Subpilar de conectividad

Fuente. Informe Índice departamental de competitividad 2025

Gobierno Duque

Durante el gobierno del presidente Iván Duque, Colombia avanzó significativamente en materia de infraestructura y conectividad aérea, con inversiones superiores a los 3,8 billones de pesos destinados a la modernización de aeropuertos regionales y estratégicos como los de Leticia, Pasto, Armenia y el Aeropuerto El Dorado en Bogotá. Además, se facilitó la apertura de más de 90 rutas nuevas, tanto nacionales como internacionales. También se fortalecieron los servicios de aerotaxi regional. Estas acciones consolidaron la visión de un país más interconectado y competitivo, con una aviación civil fortalecida y con mejor cobertura en todo el territorio nacional.

Sin embargo, a pesar de estos avances en infraestructura y conectividad aérea durante el gobierno Duque, el impacto en la equidad territorial fue limitado. Las inversiones se concentraron principalmente en aeropuertos medianos y grandes, mientras que muchas regiones apartadas continuaron enfrentando barreras de acceso aéreo por falta de rutas comerciales sostenibles y ausencia de subsidios efectivos.

Además, la apuesta por una mayor liberalización del mercado aéreo no logró traducirse en tarifas más accesibles para los usuarios, especialmente en zonas donde el transporte aéreo es vital ante la precariedad de las vías terrestres. Así, aunque se mejoraron capacidades operativas y se aumentó la conectividad internacional, el sistema siguió reproduciendo desequilibrios históricos en la integración regional del país.

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La apuesta del plan de desarrollo nacional del presidente Petro

El Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 del gobierno del presidente Gustavo Petro incorporó una visión ambiciosa para transformar la infraestructura aeroportuaria del país y fortalecer la conectividad aérea, especialmente en territorios históricamente excluidos.

El plan contempla la modernización de al menos 12 aeropuertos concesionados, la intervención de 33 terminales no concesionadas y la certificación internacional de siete aeropuertos, frente a los tres actuales. Esta estrategia busca no sólo mejorar la eficiencia del transporte aéreo, sino integrarlo en un modelo de transporte intermodal que combine modos terrestres, fluviales, ferroviarios y aéreos con criterios de sostenibilidad y equidad territorial.

Además, se destaca el impulso a rutas sociales y aeródromos regionales en zonas apartadas a través del programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales, así como el fortalecimiento de Satena como aerolínea pública para cubrir trayectos de baja rentabilidad económica pero alto valor social. Esta política no solo apunta a cerrar brechas territoriales, sino también a dinamizar la economía del turismo, la logística y el desarrollo regional en lugares como San Andrés, el Pacífico, el Caribe y la Orinoquía. La transformación del sistema aeroportuario colombiano es, así, una pieza clave de la apuesta por un país más conectado y equitativo.

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La aerolínea pública

Con el fortalecimiento de la aerolínea pública Satena, el Gobierno Nacional está haciendo una apuesta disruptiva: usar la conectividad aérea como instrumento de equidad territorial y justicia social.

Satena no es una novedad. Fue creada en 1962 con un propósito claro: llevar el Estado donde el mercado no llega. Su vocación ha sido siempre social, operando en regiones marginadas, con rutas que ninguna aerolínea privada considera rentables. Lo que cambia es el enfoque; convertir a Satena en el eje central de una política pública de integración regional, y no simplemente una opción residual de transporte.

Esta visión se está materializando en hechos. La apertura de nuevas rutas como Bogotá–Chaparral, Bogotá–Mariquita y Bogotá–Flandes, en el Tolima, demuestra la voluntad del gobierno de integrar regiones aisladas. En estos trayectos no solo se acortan tiempos de viaje; se abren puertas a la inversión, al turismo, a la movilidad laboral y al acceso a servicios. En zonas donde un viaje a Bogotá tomaba seis horas por tierra, hoy se puede llegar en menos de 60 minutos.

Se trata de conectar regiones históricamente abandonadas, de darles protagonismo en el desarrollo nacional, de incluirlas en la lógica productiva del país. El caso del Tolima es paradigmático: un departamento central, con ubicación privilegiada, pero con grandes barreras logísticas. Ahora, con la presencia de Satena y la reactivación de aeropuertos en municipios intermedios, el Tolima puede consolidarse como nodo logístico regional, articulando el centro del país con el Eje Cafetero, el sur del Huila y el nororiente del Valle del Cauca.

Claro, hay retos. Satena necesita inversión, modernización, mayor autonomía operativa y un esquema de subsidios bien diseñado para garantizar sostenibilidad. También habrá tensiones con aerolíneas privadas que reclaman condiciones equitativas de competencia. Pero el horizonte estratégico está claro: no es posible construir un país más justo si no se conectan los territorios más olvidados.

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Una apuesta política por conectar el país

El transporte aéreo debe dejar de ser visto como un privilegio, se debe ver como un bien esencial. En un país tan geográficamente complejo como Colombia, debe ser parte del derecho a la movilidad. La conectividad no puede depender exclusivamente de la rentabilidad de las rutas, sino del impacto que generan en términos de inclusión, presencia estatal y dinamismo económico.

En ese contexto, la apuesta del Gobierno Nacional por fortalecer la aerolínea pública como herramienta de integración no puede ser subestimada. Se trata de una política audaz que busca usar el transporte aéreo como palanca de equidad, presencia estatal y cohesión territorial.

La estrategia del Gobierno parte de una premisa clara: la conectividad aérea debe formar parte de la infraestructura social del país. Así como el Estado construye escuelas donde no hay estudiantes suficientes para que una empresa lo haga, o presta servicios de salud donde no hay clínicas privadas, también debe asumir la tarea de conectar las regiones donde el mercado no tiene interés en hacerlo.

Este enfoque no es menor. Es un cambio de paradigma. Porque durante años la política de transporte aéreo en Colombia ha estado guiada por criterios de eficiencia financiera, concentración urbana y centralismo operativo. La apuesta actual del Gobierno busca revertir esa lógica: desplegar vuelos hacia municipios intermedios, zonas periféricas o regiones excluidas, no para ganar dinero, sino para reducir desigualdades y hacer presencia real del Estado.

Esa visión, por supuesto, exige recursos, voluntad política y un rediseño institucional. Implica que el Estado asuma los costos de operar rutas sociales. Que se modernicen aeronaves, se capacite talento humano y se habiliten aeropuertos que por años estuvieron cerrados o subutilizados. Y que se construya una política pública robusta, que articule transporte aéreo con desarrollo rural, turismo sostenible, acceso a servicios públicos y transición económica.

Habrá críticas, algunos dirán que no se puede subsidiar lo que no es rentable, otros temerán competencia desleal frente al sector privado. Pero la verdad es que la ausencia del Estado también tiene un costo: aislamiento, pobreza, migración forzada, atraso productivo y abandono institucional. No se necesitan pruebas de esto, las evidencias están a la vista de todos. Conectar el país es, también, prevenir conflictos, salvar vidas, abrir mercados y devolver la esperanza.

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Una apuesta de Estado que toma vuelo en el Tolima

Colombia es un país donde la geografía ha sido cómplice de la desigualdad. Montañas, selvas, cañones y cordilleras no solo separan regiones: las aíslan. Y donde hay aislamiento, hay abandono. Por eso, la apuesta del Gobierno Nacional por fortalecer una aerolínea pública con enfoque social y territorial es más que un proyecto de transporte: es una decisión política para unir al país desde los territorios.

Esta apuesta empieza a materializarse, y el Tolima es uno de los primeros departamentos donde esa visión cobra forma. En los últimos meses, se han activado rutas comerciales desde Bogotá hacia Mariquita, Chaparral y Flandes, además de nuevos movimientos en el aeropuerto Perales de Ibagué. Estas conexiones, operadas por la aerolínea estatal Satena, marcan un hito en la historia reciente del territorio: por primera vez en décadas, el norte, el sur y el oriente del Tolima pueden estar conectados por aire con el resto del país.

¿El impacto? Enorme. Para un habitante del sur del Tolima, viajar desde Chaparral a Bogotá podría tomar seis o siete horas en carretera, con todos los riesgos y costos que eso implica. Hoy puede hacerlo en menos de una hora. Lo mismo ocurre con comerciantes, productores agrícolas, turistas, estudiantes o pacientes que requieren atención especializada. La conectividad no es solo movilidad: es salud, educación, economía, tiempo y dignidad.

Además, esta política permite revalorar aeropuertos que estaban al borde del olvido. Mariquita, con enorme potencial turístico y agroindustrial, vuelve a tener una conexión vital con Bogotá. Flandes, ubicado en una zona estratégica del corredor Girardot–El Espinal–Melgar, empieza a posicionarse como puerta de entrada al centro del país. Y Chaparral, emblema del conflicto armado, se proyecta ahora como símbolo de la integración posconflicto.

Claro, esta apuesta exige sostenibilidad. Las rutas deben mantenerse, los aeropuertos modernizarse y las inversiones garantizarse a largo plazo. No se puede tratar de un vuelo de temporada, sino de una política de Estado que debe consolidarse con visión de futuro.

Lo que ya se está logrando en el Tolima es prueba de que cuando el Estado decide llegar, se nota. Que un avión que aterriza en un municipio olvidado no solo trae pasajeros: trae oportunidades, trae inversión, trae esperanza. Se está demostrando que esta política puede despegar con fuerza cuando hay decisión política y sentido de país.

Hoy, el Tolima se está posicionando como un territorio estratégico para la logística y la conectividad aérea del centro del país, gracias a una visión renovada que articula inversión pública, cooperación internacional y planificación territorial.

Las inversiones recientes en el aeropuerto Perales de Ibagué y en el aeropuerto Santiago Vila de Flandes son señales claras de ese giro. En Perales, la instalación de sistemas de iluminación PAPI y ALS permitirá operar vuelos nocturnos con mayor seguridad, abriendo la posibilidad de una agenda aérea más robusta y continua.

Por su parte, el aeropuerto de Flandes se prepara para dar un salto cualitativo: La ampliación y rehabilitación de la pista, los sistemas de iluminación para vuelos nocturnos, y la modernizarán de sus accesos viales. Todo esto acompañado de un componente aún más interesante: la posible cooperación con una empresa china que invertiría cerca de 5 millones de dólares en tecnología aeroportuaria. Este no es un simple mejoramiento: es un plan para convertir a Flandes en un nodo logístico regional, articulado con los corredores viales y económicos de Cundinamarca, Tolima y el sur del país.

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Todo esto representa una oportunidad histórica. El Tolima, ubicado en el corazón del país, tiene el potencial de convertirse en un centro de articulación logística, un puente entre el interior y el suroccidente, entre el Caribe y el centro cafetero, entre Bogotá y la región Andina. La clave está en no perder el impulso. Se necesita continuidad institucional, alianzas público-privadas y una gobernanza regional orientada a integrarse, competir, progresar.