Por Felipe Ferro
*Diputado del Tolima por el Centro Democrático

En Davos, bajo la nieve pulcra de los Alpes suizos, los poderosos hablan con la tranquilidad de quien cree que el mundo es un tablero y los ciudadanos simples fichas. El reciente discurso del primer ministro de Canadá volvió a poner sobre la mesa una verdad incómoda: las élites globales deciden, imponen y luego explican.

Primero actúan; después, si acaso, justifican. Ese tono paternalista, envuelto en palabras elegantes sobre “bien común” y “urgencias históricas”, no es exclusivo de los foros internacionales. En Colombia lo conocemos bien. Aquí también hay un poder que se siente con derecho a hacer lo que quiere.

En Davos se repite una idea peligrosa: que las crisis habilitan atajos. Que cuando el fin es “noble”, los medios dejan de importar. Ese mismo libreto es el que ha intentado aplicar Gustavo Petro desde la Casa de Nariño. Amparado en su investidura presidencial, ha querido gobernar por decreto, desbordar al Congreso y tensionar, cuando no desconocer, los límites que imponen las cortes. El mensaje es claro: el Ejecutivo sabe más, decide mejor y no debe ser estorbado por la institucionalidad.

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Los hechos hablan. En poco más de dos años de gobierno, Petro ha recurrido reiteradamente a decretos con fuerza de ley y a figuras excepcionales para imponer su agenda. No es menor que Colombia tenga un presupuesto nacional cercano a los 500 billones de pesos y que, aun así, el Gobierno haya intentado centralizar rentas territoriales —como las de licores— que representan más de 2 billones de pesos anuales destinados históricamente a salud y educación en los departamentos. Cuando el poder central mete la mano en esos recursos, no es un debate ideológico: es una afectación directa a hospitales, colegios y programas sociales en las regiones.

La obsesión por gobernar sin contrapesos también se ha reflejado en el choque permanente con el Congreso. Reformas estructurales radicadas sin consensos, descalificaciones públicas a los legisladores y la narrativa de que quien no acompaña al Gobierno es “enemigo del cambio”. Esa lógica binaria es peligrosa. La democracia no es obediencia; es deliberación. Y cuando el Ejecutivo intenta pasar por encima del Legislativo, lo que se erosiona no es una bancada, sino el equilibrio de poderes.

Tampoco es casual la tensión constante con las cortes. Cada fallo adverso es presentado como una conspiración, cada control constitucional como una traba “oligárquica”. Así empieza el deterioro democrático: desacreditando a los árbitros para luego ignorar las reglas. América Latina ya conoce ese camino y sus consecuencias económicas son claras. Países que siguieron esa ruta hoy padecen inflación de dos dígitos, fuga de capitales y desconfianza inversionista. Colombia no es inmune: en 2023 y 2024 la inversión privada se desaceleró y el crecimiento económico creció muy lejos de lo necesario para generar empleo de calidad y reducir pobreza.

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Davos nos recuerda que el poder, sin controles, siempre termina sirviéndose a sí mismo. Colombia no puede normalizar que el presidente gobierne como si el mandato popular fuera un cheque en blanco. La Constitución no es un obstáculo; es un dique. Y cuando el dique se rompe, no se inunda solo la política: se lleva por delante la economía, las regiones y la libertad.

La historia es implacable con los gobiernos que confunden autoridad con imposición. Aquí todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero eso exige una ciudadanía alerta y unas instituciones firmes. Porque cuando los poderosos hacen lo que quieren, los pueblos son los que pagan la cuenta.