Por Edgardo Ramírez Polanía

Los españoles nos legaron un bello y vasto idioma, pero también, en ciertos aspectos de la vida pública, la vieja costumbre de hacerle el quite a la ley. Esa herencia se expresa de manera nítida con la contratación paralela a las nóminas públicas en época electoral, en que el Estado colombiano trató de evitar con la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías.

La norma surgió como respuesta al uso indebido de los recursos públicos para alimentar clientelas políticas. Durante años, miles de contratos de prestación de servicios sirvieron como combustible electoral, convirtiendo el presupuesto nacional en herramienta de campaña. Para evitar que la política se financiara desde el poder, el legislador intentó preservar la equidad democrática mediante una veda temporal a la contratación y a ciertas actuaciones administrativas en época electoral.

Pero cada proceso electoral activa un reflejo ya institucionalizado. Bajo la apariencia de transparencia, muchas entidades públicas entran en una carrera contrarreloj antes de que la Ley entre en vigencia. El resultado es una paradoja conocida de contratación masiva antes de la prohibición legal para poder eludirla después. La norma, creada para frenar excesos, termina estimulando la anticipación apresurada.

Desde noviembre de 2025 y hasta mayo de 2026, el país repite ese ritual repetido. Primero las entidades territoriales, en las elecciones para el Congreso; luego el nivel nacional, por la contienda presidencial. Se congela la nómina, se prohíben inauguraciones, programas sociales y actos oficiales susceptibles de confundirse con propaganda. El propósito es loable. La realidad administrativa, más compleja, y el resultado es nulo.

La Ley de Garantías nació en un país donde el clientelismo se exhibe como tradición heredada; donde la contratación pública suele confundirse con favor político y el Estado se asume como botín de guerra electoral. Para conjurar ese riesgo, el legislador optó por una medida drástica de someter a la administración a una suerte de cuarentena institucional cada cuatro años. Pero esa cuarentena no siempre produce los efectos esperados.

Antes de que llegue la veda, las entidades contratan millares de contratistas y aceleran procesos, ajustan cronogramas, multiplican comités y empujan expedientes. El personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios, se les exige cargas laborales que desbordan lo razonable. No siempre hay mala fe; muchas veces hay simple instinto de supervivencia administrativa, sino garantizar la continuidad del servicio, evitar la suspensión de obras y cumplir compromisos con comunidades que no votan por decretos, sino por resultados.

Esa carrera deja huellas. La planeación se debilita, los estudios previos se vuelven rituales formales y la contratación pierde calidad. El Estado termina comprando con afán lo que debería adquirir con rigor. Cuando la administración contrata con prisa, el ciudadano paga dos veces, con recursos y con frustración. Se restringe la contratación para proteger la transparencia, pero se estimula la contratación anticipada que la erosiona.

A ello se suma que la Ley no clausura todos los caminos. Existen rendijas por donde se filtra la picardía institucional a través de convenios interadministrativos, adiciones, prórrogas, modificaciones y contratos con universidades. Mecanismos legítimos cuando responden a necesidades reales, pero peligrosos cuando se convierten en atajos para eludir el espíritu de la norma. Se prohíbe lo visible y se desplaza el riesgo hacia lo técnicamente permitido.

En este escenario, la eficacia de la Ley se convierte en letra muerta. El control fiscal suele llegar tarde, cuando el daño ya está consumado. El control político se contamina de intereses partidistas y la ciudadanía, llamada a ejercer veeduría, recibe información confusa en plataformas ininteligibles. Se exige transparencia, pero se ofrece opacidad.

Así, la Ley de Garantías, concebida para nivelar la contienda electoral, termina administrando el temor del funcionario, que prefiere no decidir antes que decidir mal. Y un Estado que no decide posterga obras, congela programas y castiga a comunidades que no entienden de vedas jurídicas, sino de necesidades urgentes.

La verdadera garantía no es que el Estado se quede quieto durante meses electorales, sino que sepa moverse siempre con rectitud y planeación. Cuando la administración se paraliza por miedo y la política se cuela por las rendijas, no pierde el gobierno de turno, pierde la nación que es burlada en sus aspiraciones de una administración eficaz y correcta en sus decisiones.