Por Nicolás Álvarez Bernal - Economista e Investigador Universidad Nacional de Colombia

Se acerca diciembre y con ello el tradicional conflicto entre la Alcaldía de Ibagué y los vendedores ambulantes, donde se enfrentan el derecho colectivo al espacio público y los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y confianza legítima.

Este dilema, repetido anualmente con variados matices, carece de soluciones estructurales que puedan resolver o, al menos, mitigar el problema, y que garanticen los derechos tanto de los ciudadanos ibaguereños como de los trabajadores informales.

Durante diciembre en Ibagué, la tensión entre los vendedores informales y la alcaldía se intensifica, en gran parte debido a la masiva ocupación del espacio público, especialmente en la zona céntrica de la ciudad, para la venta de diversos productos y servicios.

Esta problemática se atribuye principalmente a la llegada masiva de personas de otras ciudades que invaden el espacio público con sus ventas y a individuos que, durante el año, no participan en el comercio informal, pero aprovechan la temporada navideña para iniciar sus negocios. Es evidente que estas situaciones son más coyunturales que estructurales, contribuyendo a la invasión masiva del espacio público en esta época.

La respuesta de la Alcaldía de Ibagué a esta situación ha sido la imposición de sanciones y desalojos a TODOS los vendedores ambulantes, especialmente en la carrera tercera, desde la calle 10 hasta la calle 14, afectando de manera desproporcionada a aquellos que llevan muchos años trabajando en estos lugares.

Este conflicto, según la inspección judicial realizada por el magistrado José Andrés Rojas Villa en el marco de la acción popular que instauré para garantizar el cumplimiento de la ley 1988 de 2019, surge de la desorganización de la Alcaldía, las mafias que venden y arriendan el espacio público y la falta de implementación de la política pública de vendedores informales consagrada en la ley ya mencionada que estableció beneficios para los vendedores informales como: censo, carnetización, microcréditos y/o subsidios, protección social, locales comerciales de interés social y capacitación con el SENA.

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En ese mismo sentido, el magistrado evidenció que en más de seis años no se ha llevado a cabo ningún censo ni carnetización a los vendedores informales de la ciudad de Ibagué. Un censo sería fundamental para comprender la estructura social, económica y cultural de esta actividad y determinar cómo se relacionan los trabajadores con su entorno y se desarrollan las relaciones de poder en el espacio público.

Realizar un censo es esencial porque proporcionaría información valiosa sobre la distribución demográfica en aspectos espaciales, biométricos, económicos y culturales, permitiendo gestionar y asignar recursos para garantizar los derechos reconocidos por la Corte Constitucional a los vendedores informales como trabajadores de nuestro país.

Por lo tanto, el censo se convierte en una condición previa y necesaria para cualquier intervención que busque ofrecer soluciones eficaces y eficientes a esta población. La falta de información sobre quiénes son y qué características tienen los vendedores informales que trabajan durante todo el año en el espacio público ha sido un error significativo por parte de la Alcaldía de Ibagué.

La carnetización, aún más crucial, resulta fundamental para identificarlos de manera fácil y rápida, brindándoles seguridad jurídica para trabajar sin temor a desalojos y permitiéndoles invertir en el mejoramiento de sus emprendimientos. La omisión de estas acciones esenciales por parte de la Alcaldía de Ibagué no solo perpetúa la desorganización actual, sino que también impide el diseño y la implementación de políticas públicas efectivas que aborden la complejidad del problema de manera integral. Así mismo, el censo y la carnetización permitiría identificar sin mayor esfuerzo a los trabajadores que laboran en el espacio público y de esta forma la alcaldía aplicar medidas justas para la recuperación del espacio público y la garantía del derecho al trabajo.

En conclusión, la imperante necesidad de realizar un censo y la consecuente carnetización de los vendedores ambulantes en Ibagué se revela como una condición esencial para abordar de manera efectiva y eficiente las complejidades de la relación entre la Alcaldía, los comerciantes formales y los vendedores informales.

La ausencia de esta información vital ha propiciado conflictos recurrentes y desalojos indiscriminados, afectando desproporcionadamente a los trabajadores que llevan años laborando en la carrera tercera. Como subraya la inspección judicial realizada por el magistrado José Andrés Rojas Villa, el censo proporcionaría datos valiosos para comprender la dinámica social, económica y cultural de los vendedores informales, permitiendo una gestión eficaz y justa de los recursos para garantizar sus derechos, reconocidos por la Corte Constitucional. Así, la realización de un censo y la posterior carnetización no solo se erigen como pasos previos ineludibles, sino como medidas clave para brindar seguridad jurídica a estos trabajadores y fomentar el desarrollo sostenible de sus emprendimientos en el espacio público.

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La omisión de esta acción vital por parte de la Alcaldía de Ibagué no solo perpetúa la desorganización actual, sino que también impide el diseño y la implementación de políticas públicas efectivas que aborden la complejidad de la problemática de manera integral.