Hay ofensas que duelen más que otras. Las que se cometen con indiferencia, sin conciencia del daño causado, son quizás las más reveladoras de la pobreza espiritual de quienes las perpetran. Eso es lo que ocurrió cuando el candidato presidencial Abelardo De la Espriella utilizó la sala Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima para un acto de naturaleza política, con la aquiescencia —activa y deliberada— del pianista rector James Fernández Córdoba.

Un acto que ensucia un recinto sagrado para el alma tolimense, y que revela algo más que un descuido: el desconocimiento absoluto de lo que representa ese espacio y la historia que lo habita.

Empecemos por lo elemental, que al parecer no lo es para quienes tomaron esa decisión.

El salón Alberto Castilla no es una sala de eventos. No es un salón comunal ni un auditorio disponible para quien pague el alquiler o tenga los contactos adecuados. Es un Monumento Nacional, declarado como tal por la Ley 112 de 1994, que protege tanto el edificio histórico del Conservatorio del Tolima como este salón en particular. Es un bien de interés cultural de la nación colombiana. Fue construido entre 1932 y 1935, sus paredes están adornadas con dieciséis medallones al óleo pintados por Domingo Moreno Otero representando a los grandes maestros de la música universal —Bach, Mozart, Beethoven, Schubert—, y su arquitectura neoclásica francesa ha albergado durante más de noventa años la mejor música que se ha interpretado en el Tolima. Allí han sonado los Coros del Tolima, que pusieron el nombre de Colombia en escenarios del mundo. Allí han debutado generaciones de músicos que representan lo más auténtico de la identidad tolimense. Ese no es un recinto politiquero. Ese es un templo del arte.

Y el maestro que le da nombre al salón, Alberto Castilla Buenaventura, no fue un personaje neutral ni apolítico. Fue un liberal militante. Combatió en la Guerra de los Mil Días bajo las órdenes del general Caicedo Rocha, en las filas del ejército liberal. Sus opiniones políticas, expresadas con valentía en los periódicos que dirigió y en los que colaboró —El Renacimiento, El Pueblo, El Cronista, El Derecho—, le valieron la excomunión y el veto de la Iglesia oficial, que en aquella época era un poder fáctico de primer orden. Fue diputado a la Asamblea del Tolima y representante a la Cámara en varios períodos, siempre desde las filas del liberalismo. Fue secretario de Gobierno y de Hacienda del departamento. Fue uno de los organizadores de la celebérrima Convención Liberal de Ibagué. La antítesis de lo que representa el candidato De la Espriella.

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El maestro Castilla donó trece meses de su salario como director del Conservatorio para financiar la construcción de ese salón. Lo construyó con su esfuerzo personal y con el del pueblo tolimense que creyó en él. Un liberal que tomó las armas por sus ideas, que fue excomulgado por defenderlas, que consagró su vida a la cultura con vocación de servicio público, difícilmente habría tolerado que su nombre y su recinto fueran instrumentalizados para el proselitismo político de cualquier candidato, sea cual fuere su ideología. La música que él amaba no tiene partido, pero sí tiene dignidad.

Cabe entonces preguntarse, con toda la franqueza que exige la situación: ¿sabe el rector James Fernández Córdoba quién fue Alberto Castilla Buenaventura? La pregunta no es retórica ni malintencionada. Es pertinente. El rector es oriundo de Santa Marta, Magdalena —dato que consta en el directorio institucional del propio Conservatorio—, y eso no sería en sí mismo ningún inconveniente: el mismo maestro Castilla nació en Bogotá, e Ibagué lo acogió como hijo predilecto. Lo que importa no es el origen geográfico, sino el conocimiento y el respeto por la historia de la institución que se dirige.

Un rector del Conservatorio del Tolima tiene la obligación moral de saber qué representa esa sala, qué historia lo habita, qué pueblo lo construyó. Si lo sabía y aun así lo permitió, la falta es mayor. Si no lo sabía, eso explica todo.

Las explicaciones que ha dado el rector no solo han sido insatisfactorias: han agravado el hecho. Cuando se busca justificar lo injustificable, se añade torpeza a la ofensa. No existe argumento válido que transforme un acto político en un acto cultural cuando el objetivo es evidente, cuando las cámaras registran las consignas y cuando los asistentes no son músicos sino simpatizantes de una candidatura. La sala tiene un reglamento de uso que establece que en ella se realizan “eventos artísticos, culturales y académicos”. Un acto proselitista no cumple ninguna de esas condiciones, sin importar cómo se lo disfrace.

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En el plano jurídico, los hechos revisten potencial gravedad disciplinaria para el rector, en su condición de servidor público que dirige una institución de educación superior de carácter departamental. El Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y el artículo 127 de la Constitución Política prohíben a los servidores públicos valerse de sus cargos para intervenir en política o favorecer campañas electorales. Permitir el uso de los bienes y espacios bajo su administración para un acto de campaña presidencial constituye exactamente esa conducta. La Procuraduría General de la Nación, entidad a la que le corresponde evaluar estas conductas, deberá examinar con rigor si lo ocurrido encuadra en alguna de las faltas tipificadas en la ley disciplinaria. Este editorial no prejuzga ese análisis. Pero sí señala la realidad de los hechos para que el organismo de control actúe, si lo estima pertinente, con la prontitud y seriedad que la ciudadanía tolimense merece.

Al margen del expediente jurídico que pueda abrirse, hay una dimensión que ningún proceso disciplinario puede reparar por sí solo: la ética y el honor institucional. Una institución que se presta para el proselitismo pierde, aunque sea temporalmente, la confianza de la comunidad que la sustenta. El Conservatorio del Tolima no le pertenece al rector de turno. Le pertenece al pueblo tolimense, que lo ha sostenido con sus impuestos, con su amor y con su historia durante más de ciento dieciocho años.

Al candidato De la Espriella, hombre de leyes que conoce bien las normas que rigen la actividad electoral y el uso de bienes públicos, le cabe también una responsabilidad de orden ético. No basta con que otros le abran las puertas: quien aspira a gobernar a Colombia debe saber qué puertas no debe cruzar, aunque se las ofrezcan. Usar la sala de un monumento nacional para un acto de campaña puede ser electoralmente rentable por unos días, pero daña la imagen de alguien que se presenta como defensor de las instituciones. Las instituciones, señor candidato, se defienden también respetándolas.

Ibagué, la Ciudad Musical de Colombia, tiene muchos escenarios donde hacer política. El Salón Alberto Castilla no es uno de ellos. Ese espacio tiene otro destino: que suene el Bunde tolimense, que vuelen las notas que el maestro Castilla sembró en esta tierra que lo adoptó y que él amó hasta el último día de su vida. El bunde no se negocia. La cultura no se alquila. Y la memoria de los que construyeron este departamento merece, al menos, ese respeto elemental.