La veeduría VAPI denunció un estallido en la línea de conducción del agua del río Cocora hacia el acueducto complementario este fin de semana. El daño causó afectaciones a viviendas.

El hecho ocurrió, según denuncian, mientras la Contraloría General adelanta una nueva auditoría a las obras del acueducto complementario. “La diferencia con otras ocasiones radica en que ahora se estalló en las propias narices de la Contraloría General, que por estos días adelanta una nueva revisión a esas obras”, explicaron.

De acuerdo con la veeduría, este proyecto supera inversiones por más de 250 mil millones de pesos y acumula más de 30 años de “remiendos e improvisaciones”. Además, calificaron el hecho como “una nueva prueba de la corrupción y la ineptitud que ha campeado impunemente en estas inversiones”.

La veeduría VAPI denunció que la tubería solo transporta entre 200 y 250 litros por segundo, pese a que la concesión es de 1009 litros por segundo. Según indican, la tubería colapsa cada vez que se intenta aumentar el caudal de agua.

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Asimismo, aseguraron que solicitaron el acompañamiento de la Personería de Ibagué para evidenciar “la lamentable condición de esas obras, destacando la inexistencia de macromedición y la muy escasa cantidad de agua conducida”.

Sin embargo, señalaron que existe un “profundo silencio” frente a la situación y cuestionaron que se levantara un acta “sin ninguna verificación objetiva”, en la que se afirmó que el volumen de agua conducida era “considerable”, pese a que, según VAPI, esto no corresponde a la realidad.

También criticaron a la Personería y a los órganos de control por, supuestamente, basarse únicamente en documentos y no en inspecciones técnicas reales. Señalaron que le han insistido a la Contraloría General de la República en revisar integralmente la bocatoma, el desarenador, la línea de aducción, la macromedición de captación, la línea de conducción hacia la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Boquerón y la PTAP La Pola, frente a lo cual aseguran que solo han recibido respuestas evasivas.

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El comunicado sostiene que el “acueducto complementario funcional” no existe en la práctica y que a los habitantes del sector de Arboleda del Campestre se les prometió, a través del IBAL, que serían beneficiarios de esta obra. Sin embargo, según VAPI, la misma alcaldesa les informó que no harían parte de este acueducto, por lo que continúan recibiendo agua de fuentes contaminadas provenientes del río Combeima, específicamente de las bocatomas Guadaleja y El Sillón, así como de las concesiones de los canales Laserna y El Aceituno hacia la planta de tratamiento conocida como PTAP Arboleda.

Frente a ello, manifestaron: “Hoy nos encontramos a la espera de un nuevo informe de auditoría de la Contraloría General sobre esas obras; auditoría que se encuentra en plena ejecución y que se gestó gracias a la persistente denuncia y exigencia del único concejal que ha osado desmentir el fantasioso relato de la administración de Ibagué y del IBAL”.

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Finalmente, advirtieron que la ciudad enfrenta riesgos de desabastecimiento y problemas de salud pública por deficiencias en la gestión del agua. “La ciudad real, la que casi a diario sufre de bajas presiones, de pérdidas de agua superiores al 50%, de guetos hídricos como el de Arboleda del Campestre y de la lenta muerte de sus ríos por la ausencia de un verdadero alcantarillado, debería dejar de ver las evidencias y las noticias del deplorable espectáculo que es el llamado acueducto complementario”.

Y concluyeron denunciando que “la ciudad se asoma peligrosamente al abismo de una crisis de desabastecimiento y de salud pública, por cuenta de la corrupción y la ineptitud en la administración del agua en Ibagué”.