La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y la suspensión de órdenes de captura para cabecillas del Clan del Golfo, con quienes se adelantan diálogos en el marco de la política de Paz Total.

Estas zonas con el Clan del Golfo se prevé que inicien este 25 de junio, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2026. Cabe recordar que el Gobierno ya determinó varias ZUT para los diálogos que adelanta de manera simultánea con distintos grupos armados: una en Catatumbo con el Estado Mayor de Bloques y Frentes; otra en Nariño con Comuneros del Sur; una en Tierralta, Córdoba, con el Clan del Golfo; y dos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano —disidencia de Walter Mendoza— en Nariño y Putumayo.

Frente a estas medidas, la Defensoría señaló que el presidente sí puede solicitar la suspensión de órdenes de captura y crear ZUT, facultad que proviene del artículo 189 de la Constitución y de la Ley de Orden Público.

Sin embargo, advirtió que estas zonas solo pueden establecerse en el marco de un “estado avanzado” del proceso de paz.

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“Las decisiones relacionadas con las ZUT requieren motivación suficiente, delimitación temporal, territorial y personal, así como mecanismos efectivos de control y verificación. Particularmente, según la ley, las ZUT únicamente se pueden establecer en un estado avanzado del proceso de paz”, señaló la entidad.

La Defensoría explicó que esto implica avances concretos hacia el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil de los integrantes de los grupos armados. No obstante, advirtió que persisten dudas sobre los mecanismos de control y verificación.

En ese sentido, recordó que la política de Paz Total se sustenta en tres pilares fundamentales: desescalamiento de la violencia, transformaciones territoriales y tránsito a la civilidad.

“La ausencia de mecanismos independientes de monitoreo y verificación en la mayoría de los procesos dificulta evaluar objetivamente el cumplimiento de estos avances, pero el Gobierno debe presentar información suficiente y verificable al respecto para motivar sus decisiones”, indicó.

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Además, la Defensoría advirtió varios riesgos frente a la suspensión de órdenes de captura y el establecimiento de las ZUT.

En primer lugar, señaló que no existen acuerdos mínimos sobre cómo se garantizarán los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La entidad expresó preocupación por posibles escenarios de impunidad y afirmó que, por ahora, se percibe una “suspensión de la justicia”, sin mecanismos claros para garantizar los derechos de las víctimas.

Asimismo, indicó que el desarme difícilmente ocurrirá antes del cambio de gobierno y que las ZUT generan expectativas e incertidumbre en medio del contexto electoral. También alertó sobre el riesgo de influencia de grupos armados en la libertad electoral en territorios bajo su control.

En materia de seguridad, la Defensoría advirtió que algunos integrantes de los grupos armados continuarían armados fuera de las ZUT mientras otros ingresan a estas zonas. Además, aseguró que existen pocas garantías claras sobre el manejo de armas y la protección de las comunidades. Varias de las ZUT, agregó, estarían ubicadas en territorios con fuerte presencia de conflicto armado, como Tibú (Norte de Santander), Mallama (Nariño) y Tierralta (Córdoba).

Finalmente, la entidad hizo referencia al posible impacto sobre pueblos indígenas y comunidades étnicas. Señaló que la consulta previa únicamente se ha realizado en Mallama y reiteró que los derechos territoriales, el gobierno propio y las formas de vida de estas comunidades deben ser respetados plenamente.