La Contraloría General de la República acaba de publicar un demoledor informe de auditoría sobre el Acueducto Complementario de Ibagué, que da al traste con la supuesta “Obra del Siglo” que inauguró la alcaldesa Johana Aranda hace menos de un año.

En un documento de 290 páginas, el ente de control revela múltiples irregularidades del Acueducto Complementario, las cuales tienen que ver con aparentes sobrecostos, obras por las que se pagó pero que nunca se hicieron, deficiente tratamiento del agua, fallas constructivas, tercerización ilegal, destinación indebida de los recursos, entre otras.

El informe de la Contraloría desmonta por completo la narrativa que han tratado de sostener la alcaldesa Aranda y la gerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), Érika Palma, desde octubre de 2024, cuando inauguraron y supuestamente entregaron funcionando la “Obra del Siglo”.

Uno de los aspectos más relevantes del informe señala que algunas obras no funcionan o lo hacen a media máquina. Entre ellas figuran el sistema de neutralización de cloro y los tanques que reciben el agua cruda en la planta de tratamiento de Boquerón, espacios que resultan “inoperantes” por fallas en su construcción.

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De un lado, en el sistema de circulación de cloro, la Contraloría detectó una falta de conexiones y accesorios, instalaciones incorrectas de la bomba y también de las válvulas. "Estas deficiencias impiden el uso efectivo de las obras en situaciones de emergencia, contradicen las condiciones técnicas contratadas y comprometen la seguridad operacional de la PTAP Boquerón”, reza el informe.

Asimismo, personal de la Contraloría identificó que a los tanques y reactores de la planta de tratamiento en Boquerón ingresa mucha más agua de la que se puede tratar, lo que pone en duda la calidad del líquido que ofrece el Acueducto Complementario para las comunas 12 y 13. Ante la falta de un vertedero para descargar el agua sobrante, se instaló una válvula que impide el ingreso desbordado del líquido.

“Lo anterior permite advertir que la estructura de entrada y sus elementos accesorios no están prestando un servicio eficiente para el correcto ingreso del agua cruda a ser tratada en la PTAP Boquerón”, se lee en el documento.

En ese sentido, la Contraloría advirtió que la vida útil de los elementos y accesorios del Acueducto Complementario, que deberían ser de 25 años, se podría reducir considerablemente. Según la entidad, el tratamiento de una mayor cantidad de agua de la prevista inicialmente puede llevar a un deterioro prematuro y reducir la vida útil del acueducto.

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“Se induce un desgaste prematuro de equipos como bombas, válvulas y motores, lo que aumenta los costos de mantenimiento e incrementa el riesgo de fallas mecánicas. Por otra parte, se genera un mayor consumo energético”, arguye la Contraloría.

De hecho, el informe sostiene que ya se ha presentado un deterioro prematuro de algunos elementos del Acueducto Complementario, debido a la pésima ejecución de obras y otras que ni siquiera se hicieron, aunque se pagó por ellas.

Dichas obras incumplieron las especificaciones legales, presentaron deficiencias en su calidad y funcionalidad o simplemente nunca se ejecutaron, lo que generó un detrimento patrimonial de $5.606 millones.

“Debido a una gestión fiscal antieconómica e ineficiente, que se configura como resultado de una conducta omisiva de no exigir el cumplimiento de lo pactado por parte del supervisor del IBAL y de la interventoría, y que se refleja en una inadecuada labor de control respecto a la verificación de obra ejecutada y de una conducta activa al aprobar, ordenar y pagar las prestaciones que no se recibieron y no se ejecutaron acorde con las especificaciones técnicas contratadas”, asevera la Contraloría.

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Por ejemplo, en el informe se destaca un detrimento patrimonial de $864 millones por el pago para la instalación de entibados en las obras del Acueducto Complementario. Aunque se pagaron por 18.539 m² de estas estructuras, la cantidad real habría sido muy inferior, según el ente de control.

Así, la Contraloría tasó un detrimento patrimonial total de $8.271.568.416, debido a los 16 hallazgos fiscales, disciplinarios y administrativos, por lo que solicitará la “apertura de una indagación preliminar”. La entidad pedirá investigar a quienes ejecutaron, supervisaron y vigilaron los dos contratos por $44.065 millones, celebrados entre 2022 y 2024, supuestamente para terminar el Acueducto Complementario.