Las consecuencias que traería el fallido puente de la carrera Quinta con calle 60 para Ibagué podrían ser catastróficas. Los coletazos de este fracasado proyecto cada vez se tornan peores para las arcas públicas de la ciudad.

El Cronista.co conoció que uno de los contratistas decidió radicar otra demanda contra la Alcaldía de Ibagué, en la que reclama una indemnización de casi $4.000 millones. Se trata de la tercera demanda contra la Alcaldía por la manera como declaró el incumplimiento total al contratista y cobró una de las pólizas.

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La primera demanda fue del Consorcio Puente Carrera Quinta, quien reclamó en total $58.000 millones de indemnización, la segunda fue de la compañía Seguros Mundial que exigió $7.000 millones y ahora una de los contratistas que, de manera individual, decidió radicar su propia demanda, que se encuentra en estudio por el Tribunal Administrativo del Tolima.

El contratista es Hugo Leonardo Bracho Hoyos, quien tenía una participación del 10 % en el consorcio a través de su empresa Megaobras Infraestructura SAS, y que reclama un resarcimiento económico igual al de la cláusula penal que les impusieron. Es decir, $3.914.637.659.

Al igual que el consorcio en general y que la aseguradora, Bracho Hoyos sostuvo que la verdadera responsable del fracaso fue la administración el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por los deficientes diseños que presentó y por la falta de permisos y licencias con que lanzó la licitación.

“Estudios y diseños de obra mal formulados que debieron ser corregidos por el Consorcio Puente Carrera Quinta y que impedían la normal ejecución de los trabajos del contrato de obra pública bajo examen”, reza la demanda.

Asimismo, insistió en la ausencia de permisos por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y especialmente de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), que supuestamente retrasaron la ejecución del contrato.

“A la parte contratante le asistía la obligación de apoyar y coadyuvar

en la obtención de este permiso, cosa que nunca hizo o ha hecho, pues la entidad

contratante y aquí suplicada, de forma negligente y caprichosa se deslindó de su

obligación y se la trasladó al Consorcio Puente Carrera Quinta”, remarca la demanda.

En la misma línea que las dos primeras demandas, el abogado German Rodríguez, apoderado del contratista, esgrimió que la Alcaldía declaró el incumplimiento total el 4 de junio de 2024, pese a que el contrato se encontraba suspendido. Lo que convertiría a este trámite en ilegal, por lo cual el abogado pidió anularlo.

En ese mismo sentido, el abogado también insistió en que la Secretaría Administrativa del municipio carecía de competencias legales para adelantar el proceso sancionatorio contra el contratista del fallido puente. El acto administrativo debió firmarlo la alcaldesa Johana Aranda, y no la secretaria Administrativa, Norma Margarita Cifuentes, según el abogado.

“Carece de facultad y competencia para ello, lo que hace que la resolución objeto de esta crítica contenciosa es inexistente y por tanto nula constitucionalmente”, enfatizó.

Por todo lo anterior, el contratista reclamó al Tribunal que proteja sus derechos al debido proceso, la defensa y oportuna contradicción. A la par, acusó a la administración de Aranda por presunto abuso de autoridad y extralimitación de sus funciones públicas.

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Las tres demandas coinciden en que la administración de Hurtado falló por los deficientes estudios y la de Aranda por el desconocimiento del marco jurídico para declarar el incumplimiento total. En suma, el fallido proyecto podría costarle a Ibagué un total de $70.000 millones, decisión que quedará en manos del Tribunal.