El contratista del puente de la carrera Quinta con calle 60 por fin reconoció que el proyecto siempre tuvo fallas en los estudios y diseños. Veedores y expertos de Ibagué denunciaron las falencias de planeación que arrastraba el proyecto, pero el exalcalde Andrés Hurtado insistió en adjudicarlo en el 2023, el último año de su gobierno.

El Cronista.co tuvo acceso a la grabación de la audiencia del pasado 4 de junio, en la cual la administración de la alcaldesa Johana Aranda declaró el incumplimiento total al Consorcio Puente Carrera Quinta y le impuso una multa cercana a los $4.000 millones. En dicha audiencia, se pronunció Roberto Gutiérrez Daines, el representante legal del consorcio, quien aseguró que los incumplimientos del contratista se debieron a los problemas de planeación de la Alcaldía.

“De común acuerdo hemos venido con la entidad y la interventoría teniendo reuniones desde hace mas de un año donde claramente quedó establecido que había que superar las dificultades encontradas con los estudios y diseños para poder viabilizar el contrato. Es decir, el contrato nació muerto”, aseveró Gutiérrez Daines.

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Y agregó que: “Este contrato nace muerto toda vez que con los diseños entregados por parte de la administración y con lo contenido dentro de la parte contractual como tal del mismo contrato, no se podía desarrollar, no había claridad en él con el fin de poderlo desarrollar”.

La versión que entregó el contratista contradijo por completo lo que siempre sostuvo el exalcalde Hurtado, quien culpó al Instituto Nacional de Arqueología e Historia (ICANH) y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), por el estruendoso fracaso del proyecto. Para Gutiérrez Daines, la culpa siempre la tuvo la Alcaldía y no las otras entidades.

“No existían los recursos completos por parte de la Administración para poder desarrollar el diseño entregado dentro del mismo. Esto es que no existía el dinero correspondiente para la compra de predios para poder desarrollar el diseño geométrico entregado de la administración”, esgrimió.

Durante la audiencia, el contratista aseguró que la Alcaldía violó su derecho al debido proceso con la declaratoria de incumplimiento total. Por tanto, apeló con un recurso de reposición para intentar revocar la resolución de la declaratoria.  

Por su parte, la directora de Contratación de la Alcaldía, Margarita Cifuentes, tildó de contradictorio al contratista por insistir en la ejecución del contrato, pese a considerarlo "muerto”,

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“Esto constituye en nuestro criterio como una confesión de imposibilidad para ejecutar el objeto contractual. Existe evidencia de que el ejecutor de la obra y la aseguradora manifiestan la intención de continuar un acuerdo de voluntades bajo el criterio técnico de estos dos, permeando de una imposibilidad manifiesta la ejecución de la obra contratada”, repuso.

Las declaraciones de Gutiérrez Daines también contradicen lo que dijo Hurtado después de la declaratoria de incumplimiento, cuando le pidió públicamente a la alcaldesa Aranda que lance una nueva litación pública para buscar a un nuevo contratista. De acuerdo con lo expresado en la audiencia, el proyecto requiere de una profunda reestructuración para evitar un nuevo fracaso.

En ese sentido ya se pronunció la alcaldesa Aranda, quien parece decidida a desobedecer a su jefe político. “Tenemos varias propuestas establecidas en nuestro Plan de Desarrollo. Vamos a hacer un estudio muy juicioso donde invitamos ya a la academia, a los diferentes sectores sociales y vamos a tomar la mejor decisión para la ciudad”, sentenció.