Personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegó por sorpresa hasta las oficinas del Consorcio Puente Carrera Quinta que tiene a su cargo el fallido proyecto del puente elevado de la calle 60. 

La diligencia de allanamiento hace parte de la investigación que adelanta desde finales del 2023 la Fiscalía 34 delegada para los Delitos Contra la Administración Pública. El ente de control llegó hasta una vivienda de la calle 59 ubicada sobre la paralela de la carrera Quinta, para recolectar información acerca del frustrado proyecto. 

"Cuando salieron los agentes llevaban papelería, equipos de cómputo, y son actividades que hacen parte de un proceso en el cual la Fiscalía vinculó al Consorcio Puente Carrera Quinta y al ordenador del gasto (Alcaldía de Ibagué) según nos informó el delegado de la Procuraduría", reveló Rubén Darío Calderón, representante de la veeduría Veemovil. 

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De acuerdo con el veedor, la Fiscalía busca determinar en qué se invirtieron los cerca de $3.000 millones que la fiducia ya le transfirió al contratista para adelantar por lo menos la obras complementarias en los alrededores del proyecto, y que completan cerca de seis meses de retraso. 

"Esos $2.800 millones no se ven reflejados en los avances de esta obra. En prácticamente un año apenas se registra un avance del 5 %. Así que nosotros como veeduría hacemos un llamado a la Fiscalía y la alcaldesa Johana Aranda para que tomen cartas en el asunto con una solución de fondo", precisó Calderón. 

El contrato del proyecto continúa suspendido hasta el 20 de marzo. Sin embargo, para el veedor Calderón es evidente que el consorcio no cuenta con el músculo financiero necesario para sacar adelante un proyecto tan importante.

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"Este contratista no tiene el dinero para ejecutar las obras, y cuando un contratista contratista no tiene dinero solo le quedan perdidas. Entonces no les corre afán de hacer nada. Es una agonía lenta, porque si el contratista no avanza, no le giran más dinero de la fiducia, y si no le giran pues tampoco puede avanzar", explicó Calderón. 

Así pues, residentes del sector, comerciantes y veedores insisten en lo mismo de hace varios meses: que el contrato se liquide definitivamente y se escoja un mejor contratista para el proyecto.