Por: Humberto Leyton

El problema de las ventas ambulantes y la ocupación ilegal del espacio público en la capital del Tolima, es simplemente aterrador.

Las autoridades municipales encargadas de su control han sido ineficaces y complacientes con esta situación, y por no hacer cumplir la ley, ponen en riesgo la integridad y hasta la vida de los transeúntes. Además, de permitir y fomentar el desorden de la ciudad dando la sensación de que vivimos en un lugar donde el ciudadano, y especialmente los transeúntes, no tienen un espacio libre para transitar o caminar. Cosas elementales que garantiza la Constitución y las leyes de nuestro país para el buen vivir de sus habitantes.

Aunque el problema no es solo de Ibagué, distintas ciudades lo sufren, sin embargo, en la capital del Tolima es protuberante. Con creces, este escollo le impide un verdadero desarrollo urbanístico con las consecuencias obvias de presentación y estética de cualquier ciudad, máxime cuando se aspira hacer un referente turístico de la nación.

Ibagué no tiene áreas abiertas que hagan posible el goce visual, el tránsito de los  ciudadanos, sitios de recreación al aire libre, menos como observar la arquitectura de los edificios. Es una ciudad formada y que creció con fallas en el desarrollo de su planeación, donde hasta las edificaciones históricas se han perdido.

Aquí, las funciones del espacio público de generar y articular sitios de encuentro y procesos colectivos de intercambio cultural, social y político o al menos de una simple tertulia, se han perdido, y con ello, la posibilidad de construir una ciudad amable, con sentido de pertenencia, donde el bienestar colectivo sea el ideal de vivir, no existe.

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Infortunadamente, el espacio público en Ibagué se ha convertido en botín político donde se reparten por pedacitos las vías públicas y los andenes de la ciudad. 

Desde tiempo atrás, los vendedores ambulantes en las campañas electorales son feudo de los politiqueros de turno, de concejales y funcionarios públicos de la Alcaldía, donde los votos son canjeados por el espacio público de los ibaguereños. Y ese contubernio: informales y politiqueros,  ha llevado, incluso, a la formación de mafias que negocian hasta con el puesto de un lotero en la carrera tercera.

Sin desconocer los problemas económico-sociales que crean este comercio informal, las autoridades a través de los años han sido laxas en su control y expansión sin límites, sobre todo en los últimos cuatro años y medio, donde el desorden de la ciudad se ha incrementado en forma alarmante y los espacios para caminar o de recreación como los parques han sido copados por ventas de fritanga, de baratijas, culebreros, adivinadores de la surte, y todo un mercado subterráneo que conlleva la inseguridad. Algunos de los que ejercen esta profesión, son delincuentes callejeros que utilizan sus ‘negocios’ de fachada para enmascarar sus delitos.

Pero la invasión del espacio público es de tal grado, que los propios comerciantes y propietarios de almacenes han llegado a ocupar los andenes con sus vitrinas, estantería de ventas y equipos de sonido, ya no en la carrera tercera, sino en las carreras cuarta y quinta, dejando al peatón sin espacio por donde transitar, y poniéndole en riesgo de ser arrollado por un vehículo.

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Estas foto tomadas en la carrera cuarta entre calle 16 a 19, muestran, que algunos almacenes se han tomado los andenes con sus escaparates, donde se exhiben desde muebles, colchones, sillas para montar a caballo hasta cables y material eléctrico.

El separador invadido

Y muy pronto el separador de la avenida El Jordán o Quinta, donde deben lucir los árboles y el verdor, está invadido por grandes casetas de venta de comidas rápidas, y otro tipo de comercio. De continuar esta toma tan vertiginosa de esta calzada, pronto veremos construcciones de más amplio calado con cimientos y columnas de concretó y hormigón armado.

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Estas son dos de las tantas casetas que se han instalado en el separador o calzada de la avenida El Jordán o Quinta, que le quitan toda la belleza a la obra y afea el sector.

El caos que se registra con la incesante inversión del espacio público en Ibagué, también compromete a ciertas firmas constructoras que ante la falta de una administración eficiente, violan las normas urbanistas y se pasan por la faja la regulación del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) que establece el cumplimiento de normas que garantizan espacios para el disfrute común de los ciudadanos.

Nos limitamos a insistir en esta denuncia que tantas veces se ha hecho, ya que no creemos que la marioneta de Hurtado como alcaldesa, se atreva a ponerle el tatequieto a la invasión del espacio público en Ibagué.