El exalcalde de Mariquita y abogado, Juan Carlos Castaño, alertó sobre incrementos de hasta el 19.000% en los avalúos catastrales rurales en el Tolima, que afectarían especialmente a cinco municipios del departamento.

De acuerdo con la denuncia, el jurista explicó que el aumento se debe a la entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2026 de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Según indicó, la normativa —que aplica el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023— ordenó una actualización masiva y automática de los avalúos para predios rurales en 527 municipios del país que no habían sido actualizados en los últimos cinco años (antes de 2018).

La medida, de acuerdo con el IGAC, se justifica en la necesidad de corregir distorsiones, ajustar los valores a la realidad económica y mejorar las finanzas municipales. Sin embargo, el exmandatario advirtió que su aplicación está “asfixiando financieramente a los propietarios tolimenses”.

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Municipios afectados

En el Tolima, Castaño señaló que los casos más preocupantes se registran en los municipios de Murillo, Roncesvalles, Anzoátegui, Mariquita y Armero:

En Murillo se presenta el incremento más crítico. “Para los predios ubicados en la Zona Geoeconómica 11, el aumento es de un insólito 19.398%. Otras zonas registran incrementos del 9.098% (Zona 10) y 8.076% (Zona 12)”, explicó.

En Roncesvalles, los predios de la Zona 09 verán crecer su avalúo en un 17.835%. En Anzoátegui, los propietarios de la Zona 10 enfrentarán un reajuste del 12.590%.

En Mariquita, el mayor incremento se dará en la Zona Geoeconómica 09, donde el avalúo del terreno aumentará un 2.504%. Finalmente, en Armero, la tierra rural en la Zona 14 subirá un 10.749%.

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La promesa de alivio que no llegó

La Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025 establece que el Gobierno Nacional debía promover una ley para limitar el impacto del Impuesto Predial.

El objetivo de esa ley era fijar límites al crecimiento del Impuesto Predial Unificado derivado del reajuste de los avalúos catastrales. Sin embargo, según Castaño, “esto significaba que, aunque la finca pase a valer miles de veces más, se mantendrían alivios bajo el principio de progresividad hasta que se expidiera una nueva ley que regulara el cobro. El proyecto de ley no se hizo realidad”.

Por lo tanto, el incremento en el avalúo se mantiene bajo la normativa vigente, conforme a lo dispuesto en la Ley 1995 de 2019.

Asimismo, señaló que los gobiernos locales “no actualizaron a tiempo sus estatutos de rentas para implementar alivios frente al incremento del impuesto predial en el sector rural. Incluso, algunos han manifestado públicamente que no pueden hacer nada al respecto y que deben aplicar los avalúos”.

Para el exmandatario, esto refleja un desconocimiento de los mecanismos de revisión que pueden aplicarse frente a las graves distorsiones en los valores catastrales.

Concluyó que “el debate apenas comienza, ya que en muchos municipios apenas se están empezando a expedir las facturas del impuesto para el año 2026”.