Por Martha Alfonso Jurado
*Representante a la Cámara por el Tolima

Actualmente cursa trámite en el Senado el Proyecto de Ley 056 de 2024 que establece bonos escolares para que el Estado colombiano financie, con recursos públicos, cupos estudiantiles en instituciones privadas.

Este proyecto es impulsado por la senadora Paloma Valencia y ha sido incluido insistentemente en el orden del día de la plenaria de esta corporación. La senadora Valencia se ha caracterizado en el Congreso, por impulsar iniciativas educativas desde un enfoque neoliberal, que tienen la intención clara de llevar los recursos públicos que se destinan al sector educativo en Colombia, ya escasos de por sí, hacia el sector privado: Ser Pilo Paga, Generación E, entre otros que terminaron aumentando la brecha en el acceso a la educación.

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A lo anterior, se suma la permanente disputa de la senadora y su partido, el Centro Democrático, contra la Federación Colombiana de Educadores – FECODE quienes, en un claro antagonismo, han defendido la priorización de los recursos de la educación para el sector público.

La propuesta de bonos escolares se basa en el discurso de libertad de elección, inclusión y mérito, generando un subsidio estatal dirigido a las familias con hijos e hijas escolarizados y con buenos resultados académicos, para que puedan matricularlos en instituciones educativas públicas o privadas.

Este discurso de “ampliar la cobertura y el acceso a la educación”, a través de una focalización individual de los recursos para que la familia elija dónde pagar la matrícula, reproduce la desigualdad y el debilitamiento del sistema educativo público que es el que ha llevado educación a zonas rurales y a municipios apartados del país, en donde no se construye infraestructura educativa privada.

Otro es el debate de la calidad y la pertinencia del sistema educativo público actual que, pese a todas sus dificultades, es el único que ha garantizado que en toda Colombia existan oportunidades de acceso a la educación para millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por supuesto requerimos una reforma profunda al modelo pedagógico de nuestro sistema educativo, pero por lo pronto, defender los recursos para su sostenimiento y financiación es una prioridad.

Con los bonos escolares, la educación deja de entenderse como un derecho fundamental y se convierte en un bien transable, en una lógica neoliberal de favorecimiento individual que desconoce las profundas brechas de nuestro sistema educativo, por ejemplo, en zonas urbanas populares o en zonas rurales donde la oferta es limitada y solamente las escuelas públicas cumplen obligaciones de gratuidad, universalidad y atención a poblaciones diversas, es decir, los bonos nos devuelven al viejo debate de financiación de la demanda (problema individual) Vs. Oferta (derecho garantizado para todos y todas).

En ese marco, el discurso del mérito se vuelve problemático. El proyecto promete premiar el “alto desempeño”, pero ignora que ese desempeño está condicionado por desigualdades previas. El mérito deja de ser movilidad social y pasa a ser un mecanismo de legitimación de privilegios ya existentes. No se igualan las condiciones: se normaliza la desigualdad. La evidencia internacional y nacional es clara. Modelos similares tienden a segmentar los sistemas educativos, concentrando a los estudiantes con mayores recursos en instituciones de mejor calidad, mientras los más vulnerables quedan relegados a opciones de menor desempeño.

En suma, los bonos escolares garantizan el acceso, pero no la permanencia del estudiante en el proceso educativo, es decir, asegura que una institución educativa reciba el recurso por matrícula, pero no garantiza transporte, alimentación, útiles escolares y los demás gastos de bolsillo que en una institución privada pueden aumentarse de manera considerable.

Ya otros programas similares de subsidio a la demanda han evidenciado altos índices de deserción porque el estudiante y su familia no logran sostener el ritmo de gasto e, incluso, la adaptación social y cultural a un contexto que exige parámetros diferentes a los de su origen.

El resultado es una paradoja reiterada: una política que se presenta como inclusiva termina profundizando la exclusión. Un mecanismo que invoca el mérito refuerza las desigualdades que lo hacen posible. Y una iniciativa que se vende como modernización del sistema termina funcionando como transferencia de recursos públicos hacia el sector privado, sometiendo al atraso a los que se quedan sin ese privilegio.

El debate de fondo no es técnico, sino político y ético: ¿un sistema educativo basado en la competencia entre desiguales o uno sostenido en la garantía efectiva del derecho a la educación? El riesgo central del proyecto estriba en sostener la idea de que la desigualdad puede corregirse mediante “elección individual”, cuando en realidad se profundiza bajo una versión sofisticada del modelo neoliberal aplicado a la educación.

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En ese sentido, el Proyecto de Ley es perverso en sus efectos sobre la educación pública y, abiertamente, oportunista en su momento político, al impulsarse a escasas semanas de las elecciones presidenciales, en el cual su autora es candidata, lo que evidencia que no responde a una agenda de fortalecimiento del derecho a la educación, sino a un cálculo electoral que no debería prosperar.

Ese es el enfoque que nos espera si las intenciones de Paloma Valencia avanzan en el Congreso y en el país: sálvese quien pueda, compita como pueda y destine recursos públicos para que el sector privado pueda.