La Contraloría General de la República generó una alerta sobre la implementación de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

El organismo señaló una serie de riesgos de carácter jurídico, fiscal, presupuestal, ambiental, operativo y de gobernanza, que podrían afectar la viabilidad técnica y financiera del proceso.

“Estos riesgos se relacionan, entre otros aspectos, con la aplicación del ordenamiento territorial, la incorporación de criterios de gestión del riesgo de desastres y cambio climático, la suficiencia de información técnica, jurídica y geoespacial, la coordinación interinstitucional y territorial, y la disponibilidad real de recursos para garantizar la ejecución de las medidas adoptadas”, indicó la entidad.

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Asimismo, advirtió que no existe una programación clara, específica ni trazable sobre el uso del suelo y las actividades productivas en estas zonas, lo que evidencia una débil coordinación entre entidades nacionales y territoriales, así como una insuficiente información técnica, jurídica y geoespacial.

En ese sentido, la Contraloría subrayó la necesidad de una planeación integral, verificable y financieramente soportada, que articule los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, los planes de inversión pública, los presupuestos sectoriales y territoriales, y los mecanismos de seguimiento sobre los resultados esperados.

De acuerdo con el órgano de control, estas figuras podrían generar traslapes y tensiones con sectores como la minería en territorios protegidos, "puede generar incertidumbre sobre la aplicación del debido proceso administrativo, la adecuada delimitación de las áreas, la armonización con los instrumentos de ordenamiento territorial y la efectividad de las decisiones adoptadas", advirtieron.

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La Contraloría indicó que, “aunque no se identifica un riesgo específico en infraestructura, sí se evidencian efectos transversales en la planeación y ejecución de proyectos públicos. Factores como las restricciones al uso del suelo, la desarticulación de los Planes de Ordenamiento Territorial, la falta de financiación de planes de acción y la débil incorporación de la gestión del riesgo de desastres pueden comprometer la viabilidad de intervenciones en estos territorios”.

Finalmente, advirtió que aún falta incorporar de manera adecuada criterios de cambio climático, gestión del riesgo de desastres y protección de ecosistemas. En este contexto, hizo un llamado urgente a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y técnicamente sólidas para mitigar los riesgos identificados.