La justicia colombiana ha puesto la lupa sobre el general retirado Eduardo Enrique Zapateiro tras revelarse las pruebas que sustentan la imputación de cargos por acoso sexual en su contra. De acuerdo con las investigaciones, el excomandante del Ejército habría utilizado su cargo para asediar a dos mujeres vinculadas a la institución. Los elementos clave incluyen mensajes directos y explícitos de WhatsApp, enviados desde su número oficial, en los que solicitaba fotografías íntimas a las víctimas mediante un lenguaje insistente y soez que denotaba un claro abuso de autoridad.

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Una de las denuncias centrales proviene de la abogada Pilar Zambrano, quien fue objeto de constantes presiones digitales por parte del oficial mientras era contratista del Comando General. En los chats revelados, Zapateiro le exigía verse "sin nada", ignorando las señales de asombro y rechazo de la víctima. Este comportamiento no solo afectó la integridad de la mujer, sino que se mezcló con decisiones administrativas de la institución, pues el general habría interferido directamente en la carrera del coronel José Luis Esparza, pareja sentimental de Zambrano, retirándolo de forma arbitraria tras el rechazo de la abogada.

El patrón de conducta se repite en un segundo caso que involucra a una ex oficial. Según los reportes judiciales, esta mujer también habría recibido comunicaciones similares mientras gestionaba su reingreso a la Escuela Militar. La coincidencia en los métodos de abordaje y el uso de un lenguaje casi idéntico han sido determinantes para que la Fiscalía establezca una metodología de acoso sistemático. Estas pruebas testimoniales y digitales son el eje del proceso que busca demostrar cómo el alto mando utilizaba el poder jerárquico para intentar doblegar la voluntad de las víctimas.

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Ante la gravedad del proceso judicial, Zapateiro confirmó que ha dado un paso al costado en sus actividades políticas, renunciando formalmente a la campaña de Abelardo de la Espriella para concentrarse en su defensa. Aunque la audiencia de imputación prevista para este lunes fue aplazada debido a que el general alegó encontrarse en el Cesar y carecer de representación jurídica, el Tribunal Superior de Bogotá ha fijado una nueva fecha definitiva para el próximo viernes 8 de mayo. En esa instancia, el oficial deberá responder ante el magistrado por las evidencias que hoy comprometen su situación legal.