Por Martha Alfonso
*Candidata a la Cámara por el Tolima

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto por el cual el gobierno nacional estableció un incremento del salario mínimo de 23.7% ha sido duramente criticada por distintos sectores sociales y políticos del país. 

Y no es para menos. El cambio de concepción a la hora de definir el incremento del salario, en el cual el gobierno tiene la última palabra cuando no se logra concertación en la comisión tripartita establecida en la constitución y la ley, busca precisamente hacer realidad lo expuesto en la carta política de 1991, en la cual quedó consignado una remuneración “mínima, vital y móvil”, que garantice el cubrimiento de las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. 

Este cambio de concepción del salario mínimo, y el incremento que decretó el gobierno Petro que permitió que el salario llegue a 2 millones de pesos, busca no solo poner la discusión salarial en sintonía con lo que la propia Constitución estableció, sino que pretende revertir la historia reciente en materia salarial.

Como ha mostrado el economista Daniel Ossa, en los últimos 25 años se vivió en Colombia un sistemático proceso de debilitamiento relativo del salario de los trabajadores colombianos: por lo menos desde 2002  existe un profundo rezago entre el comportamiento de la productividad y del salario, que justificaría incluso un aumento mayor al que inicialmente decretó el gobierno nacional; la brecha entre salario mínimo y productividad alcanzó el 53.8% y solo se empezó a revertir desde 2023 cuando el gobierno del presidente Petro empezó a impulsar incrementos del salario mínimo muy por encima de la inflación causada. O sea, a los trabajadores se les pagó por debajo de su aporte a la generación de riqueza nacional durante al menos 25 años, y en Colombia la desigualdad se ha pavimentado sobre la base de mantener muy bajos los salarios de la clase trabajadora colombiana.

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Esta es una realidad que golpea al país y, por supuesto, a una ciudad como Ibagué. Por ello no deja de sorprender que la alcaldesa de la ciudad, Johana Aranda, en declaraciones a medios de comunicación, celebró la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto, con el cuento de que “había que pensar en los empresarios” y haciendo eco de que la decisión del gobierno no tenía un claro sustento técnico.

 Recordemos que a comienzo de año también la alcaldesa se pronunció preocupada por el incremento e instaló una “mesa de trabajo”, de nuevo con empresarios, “para tomar medidas que enfrenten la decisión”. 

Ojalá la alcaldesa fuera tan rigurosa y acuciosa a la hora de pedir estudios técnicos que sustenten sus decisiones, y que impactan la calidad de vida de la gente.  Ya habíamos visto un antecedente similar, cuando a finales del año pasado también prefirió ponerse  del lado de quienes controlan monopólicamente el sistema de transporte de la ciudad, al decretar un incremento de $400 en la tarifa, siendo este el aumento porcentual más alto de todo el país; es decir, prefirió complacer los intereses del monopolio transportador por encima de los intereses de la ciudadanía. Seguimos esperando el estudio técnico que sustente esa decisión, mientras las quejas de la ciudadanía por el pésimo servicio son el pan de cada día.

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Ahora, en relación con la política de salario mínimo, Johana Aranda dejó de ser la alcaldesa de los ibaguereños, para ser la defensora de intereses particulares no mayoritarios. Olvida la alcaldesa que en Ibagué más del 60% de la gente que trabaja gana por mucho un salario mínimo. También parece hacer caso omiso de que la recuperación económica de la ciudad con la consecuente reducción del desempleo, viene impulsándose en gran medida gracias a la política salarial del gobierno nacional, que ha permitido recuperar la capacidad adquisitiva de los hogares, ha impulsado el consumo, y por esa vía la reactivación del sector comercial y de servicios de la ciudad.

Oponerse al incremento del salario mínimo decretado por el gobierno es oponerse a seguir transitando por la senda de la recuperación económica de la ciudad. La alcaldesa saca pecho por la reducción del desempleo y la recuperación económica, pero de otro lado, se pronuncia en contra de las medidas que precisamente han permitido estos buenos resultados.
 
La posición política de la alcaldesa, al manifestarse en contra del establecimiento del salario vital, implica estar en contravía del espíritu de la Constitución del 91, en contra de la lucha por superar la desigualdad del ingreso y en contra incluso del sector gremial que tanto le preocupa, pues hoy la mayoría de los empresarios más modernos del país han manifestado su acuerdo con el incremento, entre otras cosas, porque el efecto inflacionario del mismo y los ajustes en la estructura de costos de las empresas ya se hizo. 

En efecto, la mayoría de los representantes gremiales que participaron en la mesa de concertación instalada por el Ministerio de Trabajo el lunes 16 de febrero, coinciden en que es necesario mantener el incremento ya decretado. 
Así las cosas, resulta incomprensible que la alcaldesa de Ibagué insista en la inconveniencia del incremento, cuando parece haber un consenso tripartito entre gobierno, gremios y trabajadores acerca de que el incremento salarial es a todas luces favorable, garantiza estabilidad jurídica y económica frente a decisiones empresariales ya tomadas y, en última instancia, reconocen que podría ser perjudicial hacer una nueva modificación que desconozca los ajustes que todos los actores del mercado laboral ya hicieron con base en el incremento salarial inicialmente decretado.  

Ojalá este tipo de actuaciones de los gobernantes del Tolima y de Ibagué, queden grabados en la memoria electoral de nuestra ciudadanía para que a la hora de elegir, recuerden quienes defienden al pueblo que representan y quienes a los grupos de interes y de poder que los financian.