Por:  Sandra Rincón R

La situación de Chile es similar a la de Colombia y el Tolima , en dónde los casos  de  homicidio y  abuso sexual  en menores de edad se han duplicado, sin que se cuente con una ley que contemple penas severas.

La restitución de la pena de muerte en Chile ha desatado  una polarización total debido a las opiniones de quienes están a favor y en contra de esta figura que fue abolida hacia el año 2001 por Ley 19.734, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, que modificó diversas leyes y normativas (entre ellas, el Código Penal, la Ley de Seguridad del Estado y el Código de Justicia Militar), reemplazando la pena capital con la de presidio perpetuo calificado.

Esta polarización surgió a raíz del abuso sexual y asesinato del que fue víctima Sophia, una bebé de tan sólo once meses de nacida,  por parte del padre , en la ciudad de Puerto Montt, al sur de Chile generando entre la comunidad de El Alerce repudio total el pasado 25 de enero.

Y es que  los antecedentes que dio a conocer la Fiscalía Regional durante la audiencia donde se formalizó al padre de la menor identificado como Francisco Ríos Ríos, la habría  agredido aplastándola y dañándole al menos seis órganos, lo que generó su muerte. Además, días previos al asesinato de la niña el sujeto también le habría causado lesiones. Por estos antecedentes, el ente acusador  le imputó los delitos de parricidio y violencia intrafamiliar y el juez del caso determinó imponerle  la prisión preventiva.

Ante estos hechos tan dolorosos se generó la controversia en los  distintos canales de televisión y se comenzó hablar de la restitución de la pena de muerte para Ríos Ríos, de ahí que  la diputada electa Camila Flores Oporto, de 31 años de edad, abogada y  del movimiento Chile Vamos,  inició el debate manifestando que “La enorme mayoría de los chilenos está a favor de la pena de muerte". La propuesta es que podamos abrir el debate para determinados castigos, como es el caso de la violación con homicidio y en el caso de los delitos de incendio con homicidio  restablecer en Chile la pena de muerte". Asimismo, Flores también tiene considerado castigos más severos para los violadores y pederastas. "En el caso de las violaciones y violaciones que son reiteradas, poder establecer un registro público de conocimiento de todos los ciudadanos de quienes hayan cometido estas aberraciones y poder implementar en el caso de las violaciones la castración química".  

 Cabe señalar que Flores Oporto representa a la región de Valparaíso una de las más extensas, que congrega las comunas de Los Andes, Puchuncaví, La Ligua, Papudo, Petorca, San Felipe, entre otras, igualmente es muy cercana al presidente electo Sebastián Piñera y está además en contra del aborto ,el matrimonio igualitario y la eutanasia.

Otros senadores  también reaccionaron a la restitución, entre ellos Rabindranath Quinteros del partido Socialista,  quien dijo estar dispuesto a analizar la factibilidad de reponer la pena de muerte, aunque desde ya advirtió que puede haber tratados internacionales que lo impidan. Sin embargo expresó que “por mi parte habría que analizarla, porque los delitos que se están cometiendo hoy ameritan revisar el código penal”. Mientras el senador Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente, declaró que “se debe estudiar la posibilidad de restituir la pena capital para los casos de violación donde resulte muerto un niño o niña. Para estos casos, donde se violan y matan a niños o niñas inocentes, no se debe descartar la restitución de la pena de muerte”.

Teresa Mora presidenta  subrogante  de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dónde se registraron los hechos de Sophia, recalcó en su haber jurídico que “Existen tratados internacionales que dicen que no se puede revivir, por decirlo de alguna forma, la pena de muerte una vez que ha sido derogada, salvo que exista una disposición dentro del derecho interno que permanezca vigente, y en el caso de Chile, como permanece vigente en el Código de Justicia Militar, se podría restablecer la pena de muerte”.

El abogado chileno , Marko Magdic, especialista en seguridad pública y política criminal declaró que “ al restablecer la pena de muerte no disminuye la criminalidad .  Los únicos que podrían revivir la pena de muerte por iniciativa en Chile son  el Presidente de la República o el congreso con una votación mayoritaria y hasta el momento ninguna de las instancias se ha pronunciado”.  “Además ello generaría debates extensos que se podrían alargar por años como ha sucedido”.

Sin embargo aclara que la pena de muerte no va a reparar ni a tranquilizar, además no genera un efecto en los delincuentes que siguen cometiendo hechos ilícitos en las calles y en las ciudades.

La polarización ha generado la posible realización de un plebiscito por parte de integrantes del movimiento de derecha Unión Demócrata Independiente.

Recientemente fue divulgada una encuesta en la que el 65 por ciento de los chilenos aprueba el restablecimiento de la pena de muerte, mientras que un 32 por ciento la rechaza categóricamente.

La última vez que se aplicó pena de muerte en éste país fue 29 de enero de 1985, cuando se llevaron a cabo  los últimos fusilamientos a condenados a la pena de muerte, en el caso conocido como “Los psicópatas de Viña del Mar”, en plena dictadura militar.

Al margen de las opiniones conocidas por abogados y políticos se registró una protesta   en el paso peatonal Condell , conocido también como el puente de los” Candados”, dónde fueron colgados cuatro maniquíes simulando un ahorcamiento y con una pancarta que reza “pedófilos muertos, problema resuelto”, atribuido a un supuesto Movimiento Social Patriota, tras el asesinato de la niña de once meses.

La polémica continuará,  las voces a favor y en contra de la pena de muerte se harán escuchar con manifestaciones, entrevistas, notas periodísticas y  propuestas de los nuevos congresistas que se posesionarán conjuntamente con el presidente electo Sebastián Piñera el próximo 12 de marzo.

¿Y en Colombia que pasa?

Recientemente en Colombia el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón expresó en un acto público que” la pena de  muerte en nuestro país debe aplicarse para los funcionarios  corruptos. Señaló “que aunque era de  pensamiento liberal, ante situaciones tan graves, vale la pena discutirlo.

Consideró importante rememorar  el decreto del 12 de enero de 1824 expedido por el Libertador Simón Bolívar, en el que se imponía la pena capital a los corruptos, siendo los causantes de todas las tragedias de Colombia. Cabe señalar que el decreto en su artículo uno reza lo siguiente “Todo funcionario público a quien se le convenciere un juicio en sumario de haber malversado o tomado para sí los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital”.

Igualmente en el articulo dos indica que “Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su contra no procedieren conformes a este decreto, serán condenados a la misma pena”.

Además todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo primero”.

En ese orden el país austral no es el único en el  mundo que pide a través de un gran número de personas encuestadas la restitución de la pena de muerte, sino que en Colombia se pide que se aplique no sólo a violadores sino a corruptos.

Foto: tomada del periódico La Tercera de Chile